En varias columnas hemos mencionado cómo en la actualidad el mundo vive un enfrentamiento entre la democracia republicana con nuevas (o recicladas) formas de autoritarismo. Ante el avance de estas últimas, las democracias tratan de reforzarse apuntalando los principios en que se asienta, que no son otros que los originados en los derechos humanos.
Un ejemplo de lo que decimos es el embate que está sufriendo la libertad de expresión y de prensa. Es habitual escuchar cómo en distintos países se toman decisiones que limitan estos derechos. Leyes del odio, regular las publicaciones en internet, ataques o descalificaciones a periodistas, cerrar medios de comunicación, intervenirlos o expropiarlos son, de menor a mayor, algunas de las medidas que se están planteando o haciendo efectivas, que acarrean tal riesgo.
Frente a esto, los países democráticos están contrarrestando esta tendencia mediante el fortalecimiento del derecho a expresarse y a informarse. El derecho comunitario europeo es un claro ejemplo de esto. Justamente. La comisaria de Valores y Transparencia de la Unión Europea (UE), Vera Jourova, presentó una propuesta para la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. La normativa, que tiene amplio consenso, busca modificar la regulación de la gestión de los medios de comunicación públicos y dar mayor protección a los periodistas.
Este proyecto busca ampliar la protección de la libertad de prensa en un continente que no parece que sufra grandes ataques a ella, salvo -según lo informado por la ONG Reporteros sin Frontera- en países como Bielorrusia, Turquía y Rusia. Sin embargo, se está viendo un avance sobre esta garantía, tal como expresó la funcionaria citada: “…según las observaciones de la Comisión Europea y RSF, la violencia y el acoso contra los periodistas han aumentado en muchas partes de la UE en los últimos años. La concentración de los medios de comunicación continúa y en algunos Estados miembro, por ejemplo, en Hungría, Polonia y Grecia, los gobiernos intervienen masivamente en la propiedad del sector o intentan orientar la información en una dirección favorable al gobierno…”.
Según se ha manifestado en Europa, las amenazas que sufren los medios de comunicación son causadas por la aplicación de tecnologías modernas: el surgimiento de portales que han absorbido el dinero de sus anunciantes; y de manera más llamativa, por la utilización de sistemas de espionaje contra los periodistas.
Para contrarrestar tales riesgos, el proyecto busca generar una mayor distancia entre la prensa y la política. Para ello -entre otras medidas- establece que el dinero que reciben los medios de comunicación, ya sea de la UE, los gobiernos o las regiones, debe ser transparente y hacerse sin discriminar. En el mismo sentido prescribe que la propiedad de los medios privados debe ser pública para evitar los monopolios. Además, que el ámbito oficial debe garantizar una financiación estable de los distintos medios de comunicación, entre otras cuestiones.
Se trata de lograr una norma que brinde un piso mínimo de garantías que posibilite el ejercicio de la libertad de expresión, con independencia del país donde se ejerza o a donde produzca efectos tal actividad.
Entendemos que, más allá de que guste o no lo que un medio diga o publique, lo mismo cualquier periodista o comunicador social -lo que se extiende a cualquier ciudadano-, la libertad de prensa y de expresión deben ser defendidas y reforzadas, ya que, como dijo la impulsora del proyecto: “La democracia necesita los medios de comunicación, éstos deben cumplir una función de control del sistema democrático. No obstante, se ven obligados a repeler una gran presión, intentos por influir contenidos, concentración y monopolización de los mismos. Y a todo esto, queremos reaccionar”. Es que como dijo Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 2010: “La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
