El alcalde de San Roque acusa al ultraconservador Zornoza de intentar vender un edificio municipal y de tratar de “hacer dinero” con un solar sin mantener que el consistorio ha adecentado y asfaltado
Un anodino comunicado de prensa local está en el origen de la guerra de intereses inmobiliarios, acusaciones de compraventas confusas y pulsiones expropiatorias desatada en Cádiz. El pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento de San Roque, de unos 30.000 habitantes, anunció el asfaltado y reurbanización de un solar que los vecinos de una barriada llevan décadas usando como aparcamiento improvisado para su centro de salud. Fue entonces cuando el conflicto larvado desde hace dos años entre el Consistorio y el Obispado de Cádiz estalló a la luz pública. La Iglesia gaditana denuncia que parte de ese solar es suyo y que el adecentamiento está “al margen de todo cauce legal”. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, le ha devuelto el golpe desvelando que, en 2019, descubrió que el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, estaba intentando vender un edificio municipal que solo tenía cedido.
La acusación de San Roque al ultraconservador obispo Zornoza es solo la última de una larga lista de despidos improcedentes a trabajadores, desahucios —que han afectado tanto a una guardesa de un convento como a un colegio— e, incluso, un juicio canónico contra un sacerdote por denunciar estas prácticas. Es lo que el también presidente de la Diputación de Cádiz, Ruiz Boix, resume como “intereses inmobiliarios” del prelado. “Ha visto la posibilidad de hacer dinero con algo que es de todos los sanroqueños y no se lo voy a permitir”, advierte el regidor, con tono duro, pocas horas antes de tenerse que ver la cara con Zornoza en una procesión extraordinaria en su ciudad de este pasado sábado que transcurrió sin sobresaltos.
La parcela que ha envenenado las relaciones públicas entre el Ayuntamiento y el Obispado tiene casi medio siglo de historia. Esos 4.000 metros cuadrados ubicados en la barriada de la Paz pertenecían al Instituto Nacional de la Vivienda franquista. Con esa institución, hoy desaparecida, la Diócesis de Cádiz y Ceuta adquirió una parte de unos 900 metros cuadrados para construir una iglesia, por medio de una “compraventa autorizada en escritura pública el 30 de julio de 1973″, según informó este pasado miércoles 7 un Obispado poco dado a entrar al trapo en las polémicas que le rodean. Pero Ruiz Boix extiende la sombra de la duda sobre esa operación: “Aparece en el catastro como una escritura de compraventa que nadie conoce. Es una inscripción anómala, supuestamente fraudulenta. Estamos pidiendo el pago que el Obispado hizo porque en la escritura no aparece”.
Con la llegada de la democracia y el Estado de las autonomías, la mayor parte de la parcela pasó a manos de la Junta de Andalucía. Y hace años los vecinos comenzaron a usarla como parking improvisado, una finalidad acrecentada a partir de la construcción de un centro de salud cercano en 2016. “47 años después de esa inscripción, no ha pagado nunca [impuestos]”, denuncia el alcalde. El Obispado alude que la Ley 49/2002 —conocida como ley de mecenazgo— le exime de pagar el IBI. Aunque el alcalde asegura que tampoco han invertido en la conservación del solar: “Las parcelas urbanas exigen limpieza y mantenimiento, algo que nunca han hecho”.
De hecho, el interés eclesiástico por el espacio no parece manifestarse hasta el pasado 1 de septiembre. Justo cuatro días después de la nota de prensa en la que el Ayuntamiento informó del asfaltado de toda la zona, el Obispado envía una carta al Consistorio en el que manifiesta “la posibilidad de elaborar un convenio que articule” un uso provisional como bolsa para coches al que la Iglesia gaditana asegura “no oponerse”. “El aparcamiento no se puede realizar por la vía de hecho, como ha sido el caso, ya que podría suponer una actuación expropiatoria al margen de todo cauce legal”, llega a señalar la Diócesis en su comunicado.
Ruiz Boix cree que la reacción del Obispado esconde un interés inmobiliario de Zornoza que “no es nuevo”. “Los conflictos no son solo conmigo. Son muchos los municipios, hermandades o inquilinos, algunas familias vulnerables, de casas o pisos de la Iglesia que llevan años denunciando sus objetivos inmobiliarios, pero yo no lo voy a permitir”, asegura el regidor. De hecho, el lío del solar ha destapado un conflicto latente desde hace tres años a cuenta de la Casa de Ejercicios Espirituales Cristo Rey, cedido por el Ayuntamiento en los años sesenta, pero que “el Obispado estaba intentando vender por 1,2 millones de euros”, según denuncia el alcalde.
La intención de venta del Obispado, descubierta en noviembre de 2019, llevó al Ayuntamiento a abrir una investigación y localizar el acuerdo plenario de junio de 1961 en el que la Corporación de entonces decidía ceder el edificio gratuitamente a la parroquia Santa María La Coronada, en un uso condicionado a la realización de conferencias, cursos o convivencias “con alternativa de reintegro o reversión”, según matiza el regidor. Pero ese consenso acabó materializado en una escritura notarial de noviembre de 1961 en la que solo se habla de “donación” para “beneficio de los vecinos”, según páginas del documento a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Ruiz Boix asegura que “se adoptó un acuerdo y se inscribió otro”. “Ese edificio era una cesión, un préstamo, no una donación. Un ayuntamiento no puede regalar ni donar el patrimonio municipal, es un delito”, según asegura el alcalde.
El regidor ya avisó de eso al obispo en dos comunicaciones, en las que les avisaban de que activarían “cuantas acciones legales procedieran”, en caso de que llegasen a realizar la venta. Además, el pleno municipal —con el voto en contra PP, Ciudadanos y PIVG— aprobó en octubre de 2020 “iniciar el expediente de reversión del inmueble de propiedad municipal”. Pero el Consistorio nunca ha recibido respuesta del Obispado, tampoco hablan del edificio en su reciente pronunciamiento público sobre el solar. “No lo han mantenido, como era su obligación. Si no hubiese actuado, estoy seguro que lo habríamos perdido. Son como el perro del hortelano, ni actúan sobre él ni lo devuelven”, señala Ruiz Boix, que asegura que tiene abiertos “todos los escenarios posibles” —tanto legales, como administrativos— para recuperar el edificio y que el solar siga siendo de uso público.
La polémica persigue a Rafael Zornoza desde que llegó a la Diócesis de Cádiz y Ceuta, el 20 de agosto de 2011. En estos 11 años, el ultraconservador ha sido acusado de ejecutar despidos improcedentes —el Tribunal Superior andaluz condenó al Seminario por echar de esta forma a su bibliotecaria—, de desahuciar a la guardesa de un convento tras 44 años de trabajo sin estar dada de alta o del cambio de titularidad de tierras en Vejer. En mayo de 2020, un total de 63 niños se quedaron sin su colegio público, la Institución Provincial Gaditana, después de que el prelado le exigiese a la Diputación de Cádiz el pago de 200.000 euros en concepto de unas antiguas salas de huérfanos que ni siquiera ya existían.
Tanto escándalo llevó a uno de sus sacerdotes, Rafael Vez, a denunciar la actitud de Zornoza en sus redes sociales. Como represalia, el obispo creó un tribunal “ad hoc” —según denunció la defensa—, el Eclesiástico de Cádiz, para un juicio canónico en el que le imputaba dos delitos contra la ley divina, relacionados con el quinto y octavo mandamiento sobre la dignidad de las personas y la mentira, y otros cuatro contra la ley canónica, por desobediencia, falsedad y suscitar odio contra el prelado. Con el juicio, iniciado en febrero de este año y aún pendiente de resolución, Zornoza busca la suspensión del sacerdote y que pida públicamente perdón por criticar una gestión económica a la que, cada vez, le salen más frentes.
