La marcha del otro día anticipando el Día del Niño por Nacer (y Contra las Mujeres), que comenté, tenía entre sus objetivos promocionar el lanzamiento de un “proyecto de ley para la protección integral de la familia”. La Constitución Argentina (art. 39) da a los ciudadanos el derecho a presentar proyectos como iniciativa popular, que el parlamento deberá tratar. El proyecto de los activistas antiderechos fue presentado por la Red Federal de Familias y avalado por el Defensor del Pueblo en 2010. El texto del mismo está disponible en el sitio web de propaganda antiabortista NotiVida.
En la marcha del sábado 17 se repartían hojas impresas con un resumen del proyecto (lo cual agradezco porque me ahorra ese trabajo). A continuación transcribo algunos extractos, con mis comentarios.
Reconocimiento de la familia como sociedad natural y primaria, fundada en el matrimonio, entendido como unión estable de entre un varón y una mujer.
Por este medio se transforma “reconocer” (descripción) en “obligar” (prescripción). Las familias formadas por parejas no casadas, por matrimonios del mismo sexo o por posibles contratos de convivencia tácitos o explícitos entre grupos de personas cualesquiera quedan excluidas. Esto es lo mismo que pedir que el canon católico se haga ley. El Estado, así, sólo “reconocería” como “natural” una acepción limitada de familia. (Los anarquistas y antiestatistas podrán decirme que el Estado no tiene por qué meterse a reconocer nada, y tienen razón en principio, pero no en la coyuntura actual ni a mediano plazo.)
Política de igualdad de los miembros de las familias [que] sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.
Esto suena muy bien, pero a la luz de elementos que siguen y otros que no se mencionan, pero que sabemos que están ahí, encierra una trampa. Los organismos “pro-vida” no desean mujeres liberadas, sino mujeres que hagan de la maternidad su opción primordial de vida. La “igualdad” que buscan implica que las mujeres puedan comportarse como deben y también hacer otras cosas. Para que haya “igualdad” mientras que al mismo tiempo se mantienen los roles tradicionales de la mujer, el Estado debería prestarle ayuda a las mujeres para que puedan a la vez tener muchos hijos, atender a su marido, tener en orden la casa y trabajar. Se puede debatir si eso está bien o mal; yo considero que se trata de una política pro-natalista, paternalista, patriarcal y errada.
Concepto de familia numerosa y de familia numerosa especial en función del número de sus integrantes, siendo mayores los beneficios otorgados a estas últimas (…) prioridad en el empleo público y privado y su conservación, exenciones y beneficios arancelarios (…), derechos preferentes para la adquisición, construcción y refacción de viviendas (…).
Y esto ya es una política pro-natalista en toda regla, determinando que los ciudadanos sin hijos o que desean tener pocos hijos queden automáticamente en desventaja. Recordemos además que la familia, numerosa o no, requiere para esta gente un matrimonio entre hombre y mujer: las otras familias numerosas —una pareja de lesbianas que han adoptado a siete huérfanos, por caso— no recibirían estos beneficios.
Protección integral de la mujer embarazada y de los derechos de los niños por nacer. Dignidad de la mujer. Reconocimiento de la maternidad como bien social y personal. Atención especial de la mujer en particular en caso de embarazo conflictivo o de riesgo. Establecimiento de Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada.
¿Qué es todo este amor hacia a la mujer? La mujer embarazada y su “niño por nacer” están a la misma altura. La dignidad de la mujer embarazada pasa por la maternidad, que es un bien para toda la sociedad (las mujeres que eligen no embarazarse o que interrumpen su embarazo son, por tanto, un mal, o al menos una desgracia o una rémora para la sociedad). La ideología “pro-vida” no plantea opciones para la mujer embarazada: debe llevar a término su gestación, para lo cual se le dará “asistencia” si su embarazo es “conflictivo” o de riesgo. En las instituciones católicas que ya se dedican a esto, y que si se aprobara este proyecto pagaríamos entre todos con dinero estatal, la susodicha asistencia consiste en manipulación psicológica para disuadir a la madre de abortar, utilizando por ejemplo el miedo al “síndrome post-aborto”, una condición patológica inexistente (las mujeres que abortan tienen reacciones psicológicas diversas; no hay un conjunto habitual de síntomas asociado al aborto). Para los “pro-vida” no son concebibles los embarazos no deseados: sólo hay un conflicto entre el natural instinto de la mujer de cumplir su rol de madre y los obstáculos que la sociedad actual (materialista, hedonista, anti-vida) le pone en su camino. Es de esperar que en los Centros de Asistencia también le dirían a las mujeres embarazadas que den a sus hijos en adopción: una opción traumática y que no garantiza en absoluto el futuro del niño. (Legisladores “pro-vida” han propuesto mejorar la ley de adopción argentina, cuya burocracia prolonga los trámites innecesariamente; una mejora deseable, pero por razones con las que no podemos estar de acuerdo.)
Asignaciones especiales para casos de embarazos provenientes de delitos contra la libertad sexual y menores embarazadas en situación de riesgo.
Darle dinero a las mujeres para que continúen con su embarazo, incluso aunque sean menores violadas, incluso aunque corran riesgo de vida. (Entre un feto y una persona ya nacida, los “pro-vida” siempre eligen al feto, con la siguiente lógica: dado que ambos son personas, si uno debe salvarse y el otro morir, hay que elegir al que no puede hacer nada para defenderse, es decir, el no nacido. Aunque no se enfatiza el asunto, la política “pro-vida” en caso de peligro de vida para la madre es dejar morir a la madre.)
Derogación de la ley 26.618, llamada de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ésta es la frutilla en el nauseabundo postre que nos ha preparado el conservadurismo religioso “pro-vida”. No tiene nada que ver con las mujeres ni con la maternidad ni con el aborto, pero les duele: les dolió mucho cuando, a pesar de toda la propaganda de odio, de las presiones episcopales, de legisladores ignorantes hablando por Dios en vez de por el pueblo, de la desinformación diaria y a gritos vinculando la homosexualidad al suicidio o a la pederastia, de las solicitadas en los diarios, de las marchas de alumnos de las escuelas confesionales con pancartas anti-gays, del aliento incesante a la homofobia desde púlpitos católicos y tribunas de pastores evangélicos, el parlamento aprobó la modificación del Código Civil que permitió a los homosexuales casarse con sus parejas, una fría noche de julio de 2010.
Este remate demuestra (como si hiciera falta) que en realidad nunca se trató de las mujeres ni de los niños. Se trata de reglamentar la sexualidad y las formas de la convivencia: controlar, nada menos, a quién podemos amar y con quién podemos elegir formar una familia. El proyecto “pro-vida” es el de un país exclusivo y opresivo.
