La libertad de expresión es indispensable para ejercer otras libertades y derechos
Reconocer los riesgos y desafíos en el ejercicio de la libertad de expresión y de información es prioritario para las democracias, pues en el estado que guarda nuestra libertad para buscar, recibir y difundir información se encuentra también nuestra capacidad para desarrollarnos como ciudadanía, y como individuos. Sin libertad de expresión, no hay democracia, no existe la posibilidad de abrir espacios para la expresión del descontento, para la mediación y el establecimiento de acuerdos: la libertad de expresión es indispensable para ejercer otras libertades y derechos, para una ciudadanía plena que hace valer su voz.
Debido a ello, la labor de las y los periodistas es indispensable para el ejercicio de las libertades y la garantía de los derechos humanos en una democracia. Junto con las personas defensoras de los derechos humanos, los profesionales del periodismo realizan una labor fundamental para las libertades y derechos de todos, pues en su trabajo y activismo se encuentra también nuestro futuro como ciudadanía: la visualización de las problemáticas que tenemos como comunidades, y la posibilidad de solventarlas de una manera más integral. Por lo que, resulta indispensable garantizar y promover que su trabajo se realice con los más altos estándares de seguridad, libertad, autonomía y protección. En estas líneas, me gustaría compartir algunos datos que ilustran el panorama mundial de la libertad de expresión.
De acuerdo con datos del Reporte Expresión Global 2022 elaborado por la organización Artículo 19, 55 periodistas y 358 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en el año 2021. En este informe se dio cuenta, que el 70% de los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos se produjeron en nuestro continente. En este informe se concluyó que, el 80% de la población mundial vive con menos libertad de expresión de la que tenían hace una década. A nivel global se vive una situación crítica con cada vez más limitaciones a la libertad de expresión en las dos últimas décadas, un contexto que se ha agravado por la inestabilidad política, la pandemia y la erosión de los derechos de la ciudadanía.
En América Latina, el Informe 2021 del Latinobarómetro se registró que, la libertad de expresión cayó doce puntos porcentuales del 58% al 46%, y la libertad de participar en política pasó del 62% en 2018, a 45% en el año 2020. Y en México, el Informe Anual 2021, sobre libertad de expresión e información en México, advirtió que, en promedio, cada 14 horas una persona periodista es agredida por ejercer su labor. En 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques vinculados con el ejercicio periodístico.
Además, el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que, uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en México es la violencia letal en contra de periodistas. Al respecto, la Relatoría manifestó que los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática.
En consideración a esta coyuntura crítica debido a la importancia de la libertad de expresión para un entorno democrático y la consolidación de una sociedad más informada, transparente y deliberativa, se considera relevante subrayar que, la transgresión a la actividad de los periodistas, de las personas activistas de los derechos humanos, constituye una limitación en el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la ciudadanía en su conjunto.
En el Instituto Nacional de Transparencia, estamos plenamente convencidos de que, cuando protegemos e impulsamos el ejercicio de la libertad de expresión garantizamos el conocimiento de las sociedades, su libertad de pensamiento y su participación en los espacios públicos. Por ello seguiremos trabajado a favor de ella, desde la consolidación de la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho a saber de toda sociedad, como vías que permiten no solo el conocimiento público de las instituciones y los gobiernos, sino también la posibilidad de consolidar un espacio de diálogo más equitativo entre la población y su gobierno.
