El pleno del Parlamento de Navarra aprobó hace una semana la ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de Iglesia católica, un texto con el que se pretende «dar cobertura a los casos prescritos, sin interferir en los que todavía pudieran plantearse ante los tribunales de justicia».
Todos los grupos votaron a favor de la proposición, a excepción de Navarra Suma, que votó en contra. La ley, impulsada por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, y que sumó el apoyo de los proetarras de Bildu, tiene por objeto articular un procedimiento que posibilite el «ejercicio del derecho al reconocimiento» de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra para, «con carácter subsidiario frente a cualquier actuación de carácter penal o sancionador, incorporar a la memoria colectiva una realidad oculta e ignorada por la mayoría de la sociedad».
Reacción de la archidiócesis navarra
El arzobispado de Pamplona ha salido al paso de la aprobación de la ley del reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales. La Iglesia navarra afirma que «todas las leyes que reconozcan desde las administraciones públicas a las víctimas de abusos sexuales son bienvenidas», pero «lamentamos que muchas otras víctimas de diferentes ámbitos, cuyos casos también están prescritos, no reciban ese reconocimiento».
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«Tratar con desigualdad a las víctimas, sin tener en cuenta la igualdad de todas ellas produce, sin duda, revictimización y discriminación», agrega la archidiócesis en el comunicado.
Además, respecto a la participación de la Iglesia Católica en la Comisión prevista en la ley, «el Arzobispado de Pamplona ya trasladó al Gobierno de Navarra que no participará en esa comisión, siguiendo el criterio establecido de no participar y colaborar», zanja la archidiócesis.
Por último, señalan que «todas las víctimas tienen el reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia trabaja desde hace décadas para erradicar esta lacra social, tanto en la formación de los que tratan con menores en la Iglesia (profesores, catequistas, sacerdotes, etc.), como en la creación de ambientes seguros y de sistemas de prevención, incorporando todas las normas que se promuevan para que esta realidad social no tenga lugar ni en la Iglesia ni en ningún otro sitio», concluye la nota.
