El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, expuso esta semana en el Senado al Ministro de Cultura, Miquel Iceta, la necesidad de regular el cobro de entradas abusivas para visitar monumentos restaurados con fondos públicos.
Mulet puso como ejemplo que “Son muchos los edificios religiosos, catedrales o iglesias, en toda España que han recibido de muchos ministerios —principalmente del Ministerio de Cultura, pero también de otros, como el de Transportes o el de Fomento— fondos públicos para la conservación del patrimonio cultural. El 1,5 % de Cultura es solo una parte de lo que reciben del Estado.”
En ese sentido se propuso estudiar modificar la legislación para que esos templos no cobren nada como entrada, o un precio simbólico, para que su visita sea accesible. Hemos visto, que en los últimos años se han invertido 126 millones de euros por el 1,5 % cultural, para que luego los contribuyentes que pagamos, mediante los Presupuestos Generales del Estado, tengamos que volver a pagar para visitar o disfrutar de esos templos. Se invierten 126 millones de euros de dinero público en patrimonio religioso por el 1,5 % cultural; si viéramos todo lo que ha recibido del resto de las administraciones, por subvenciones o programas de todo tipo, estaríamos hablando de cantidades mucho más astronómicas que esta.
Todo esto se hace sin que se regule o se limite el cobro de las entradas. La Iglesia, por ejemplo, cobra 6 euros por persona para ver la catedral de Lugo; 7 para ver la de Cádiz; 12 para ver la catedral de Santiago; 5,5 para ver la de Cuenca; 8 para ver el santo cáliz de la catedral de Valencia; 9 para visitar el monasterio de Vallbona de les Monges; 12 para visitar la catedral y Giralda de Sevilla; o 15,5 para ver la Mezquita de Córdoba, que encima es un bien inmatriculado sin el más mínimo pudor por parte de la Iglesia. Una audioguía para visitar estos monumentos puede costar, fácilmente, 5 euros adicionales. Es un suma y sigue por contemplar un patrimonio rehabilitado y mantenido con el dinero de todos.
Mulet recordó que nadie sabe dónde va ese dinero que se cobra con las entradas, no hay fiscalización ni hay transparencia, pero cuando hay que recuperar, invertir y actuar en ese patrimonio siempre ha de ser a costa de las arcas públicas y a fondo perdidísimo, incluso, reitero, en bienes inmatriculados. Lo más lógico sería que, después de haber recibido dinero público, no se cobrara esas astronómicas entradas para poder disfrutar de esos bienes, más allá de una cantidad simbólica, ya que se está limitando el acceso a la cultura de los ciudadanos y ciudadanas y en ocasiones dando cuantiosos negocios a empresas privadas o instituciones que luego aseguran no disponer de dinero para mantener este patrimonio. Por el contrario, el acceso a templos y conventos, por los que anualmente pasan millones de personas, se está convirtiendo en una actividad muy lucrativa y rentable que debería estar más condicionada. Lo cierto es que las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas públicas no recogen ninguna condición o limitación relacionada con el precio de las entradas y, con ello, el Gobierno legitima que la Iglesia o cualquier otra entidad, pública o privada, esté haciendo negocio con la venta de entradas. Estamos hablando de muchos millones que cada año se destinan a esto.
En otros lugares de Europa el Estado asume la titularidad de los bienes cuando una confesión religiosa no puede hacerse cargo del mantenimiento de estos bienes, aunque luego les ceda el uso. Por eso, la pregunta era si va a promover el Gobierno algún tipo de cambio en las bases de la concesión de ese tipo de ayudas y de ese tipo de convocatorias para que no paguemos, repaguemos y volvamos a pagar el mantenimiento de estos bienes y, luego, no podamos disfrutar de ellos si no es pagando astronómicas entradas.
El Ministro Iceta intentó rechazar la propuesta con una salida de tono “yo practico lo que considero que es un sano agnosticismo, pero con un gran respeto a aquellos que profesan una religión o que son ateos; yo solo he llegado a ser agnóstico. Vamos a ver, yo que soy muy amante de lo público, sé que para mantener las cosas a veces hay que pedir una aportación. Había un blog de economía, muy polémico, por cierto, que se titulaba Nada es gratis y, efectivamente, nada es gratis. En cualquier caso, ¿estamos destinando mucho dinero a la restauración de patrimonio de titularidad de la Iglesia católica? Por otro lado, permítame decirle que, gracias a la Iglesia, hemos podido mantener patrimonio, y yo me alegro mucho de vivir en un país en el que quedó muy atrás el tiempo de quemar iglesias y, en cambio, ahora nos cabe a todos el honor de mantener ese patrimonio para uso y disfrute no solo de los creyentes, sino de todos los amantes del arte.
Mulet reprochó esta reducción al absurdo de la petición “. En ningún momento se ha tratado de un tema religioso. Estamos hablando de la Iglesia católica porque, al ser la confesión mayoritaria en este Estado, posiblemente sea la que más patrimonio acumula, pero también estamos hablando —y también lo he expuesto— de patrimonio que está en manos privadas: en castillos, museos, palacios y fortalezas de todo tipo. La pregunta no era esa. La pregunta es: cómo revierte en la ciudadanía para que puedan disfrutar de estos bienes que se están recuperando gracias a la función del Estado.
No es una crítica a la Iglesia. Pasa lo mismo que en el ministerio —, que no hay suficiente presupuesto. Seguramente, las diócesis y los obispados no tienen suficiente presupuesto o capacidad económica para mantener ese patrimonio en condiciones, y por eso vemos que en la lista roja de patrimonio hay centenares o miles de ermitas, que están a punto de desaparecer, de un valor histórico incalculable. La cuestión es cómo revierte esto en todos porque el problema es el de siempre: querer acumular la titularidad, pero luego ser incapaz de tenerla en condiciones y que tenga que ser siempre la Administración General del Estado —los presupuestos públicos— quien se haga cargo de mantener unos bienes que, si no, desaparecerían. Sin embargo, cuando quieres disfrutar de ellos tampoco puedes, porque en muchos casos cobran precios abusivos. Por eso, pedía algún tipo de regulación a la hora de aplicar este tipo de medidas, pero no únicamente para Iglesias, también para fortalezas, castillos o lo que haga falta.
Mulet recriminó igualmente que este tipo de ayudas vienen condicionadas a un uso público durante al menos 50 años, pero es que eso no se cumple ni en iglesias ni en castillos ni en fortalezas.
