La Conferencia Episcopal rechaza la apertura generalizada de los archivos de las diócesis y anima a participar en la manifestación contra el aborto del domingo en Madrid
La forma en la que los obispos españoles encaran los abusos sexuales ha experimentado algún cambio a lo largo de los últimos meses. Los prelados han encargado su propia auditoría sobre estos presuntos delitos. También han anunciado su propósito de enmienda. Pero hay cosas que se mantienen: continúan rechazando la comisión independiente sobre este fenómeno que ha encargado el Congreso de los Diputados, en línea con los esfuerzos ya llevados a cabo en otros países.
Dos días después de que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que será el encargado de dirigir esta iniciativa, criticara a los obispos por su rechazo a formar parte del nuevo organismo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha insistido en sus ataques, evitando de nuevo aclarar cómo y en qué casos colaborará con la comisión.
“No nos parece muy correcto que se haya puesto solo la mirada en los abusos de la Iglesia, cuando la mayoría de los casos se producen en otros ámbitos. Siendo una problemática social tan grave, que una institución tan importante como el Congreso solicite que solo sea la Iglesia no nos ha parecido oportuno. No estaremos presentes en algo con lo que tenemos reservas”, señaló este jueves el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello.
Los «límites»
El pasado lunes, durante su comparecencia en el Congreso para exponer las bases sobre las que trabajará la comisión (tendrá 20 miembros y dentro de cómo mínimo un año entregará un informe con los casos, vías de reparación y propuestas de medidas de prevención), Gabilondo lanzó algún reproche a los obispos por su actitud ante la comisión. “Tras diversas conversaciones, la Iglesia desestimó formar parte, señalando que eso no significa que dejaría de colaborar siempre dentro de la ley, una expresión que siendo innecesaria parece indicar límites en esa colaboración”, explicó el defensor del pueblo, antes de subrayar que continuaba “a la espera de los términos de esa colaboración”.
Argüello evitó aclarar nada este viernes. “En función de lo que vayan a hacer y de lo que se nos pida, nosotros lo haremos”, dijo el portavoz de los obispos, rechazando también la apertura generalizada de los archivos de las diócesis, que están protegidos por el Concordato entre España y El Vaticano. Hace cerca de un mes, en cambio, la Iglesia portuguesa sí dijo que dejaría acceder a esos documentos.
“Con los archivos se ha generado una expectativa mediática, como si fuese algún relato de película medieval, con libros secretos, ocultos”, explicó Argüello, tras aclarar que, según sus propios datos y los de otras instituciones, el 80% de los casos de los que hay conocimiento “son anteriores a los años 80”. Es decir, “están prescritos desde el punto de vista penal” y “muchos de los acusados han fallecido”.
“No estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos. Eso no lo haría ninguna institución. Pero sí estamos dispuestos a que ante una petición concreta, sobre personas concretas, se pueda poner a disposición el historial eclesial”, ha continuado.
Protesta contra la nueva ley
El secretario general y portavoz de los obispos, cargos que dejará de desempeñar el próximo noviembre, también dejó claro su apoyo a la manifestación contra la nueva ley del aborto que tendrá lugar el próximo domingo en Madrid, convocada por varias asociaciones ultraconservadoras, como Hazte Oír y Derecho a Vivir.
“Alentamos a todos los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. Animamos así, con todos los cauces que permite una sociedad democrática, a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar esta necesaria cultura del cuidado que la promueva y proteja”, señaló en un comunicado el día anterior la CEE.
