Por primera vez en la historia Washington añade al estado papal en su lista de países donde el lavado de dinero es una preocupación creciente
El Vaticano aparece por primera vez en la lista del Departamento de Estado de EEUU sobre centros de lavado de dinero. Con todo, la pequeña ciudad-Estado no ha sido calificada como país de alto riesgo por este delito. La clasificación, que incluye a 190 países, está divida en tres categorías en función del 'peligro': sospecha, preocupación y en vigilancia.
El informe International Narcotics Control Strategy sitúa al Vaticano en la segunda categoría, junto a otros 67 países, entre ellos Polonia, Egipto, Hungría y Chile.
La ciudad-Estado ha sido añadida a la lista al considerse que es vulnerable al lavado de dinero y a que ha establecido recientemente programas para evitar este delito, ha apuntado un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters.
"Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede (…) la hacen vulnerable como centro potencial de lavado de dinero", señala Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internaionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado de EEUU define un país en el que se practica un gran lavado de dinero como "aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos".
La lista de los países con mayor lavado de dinero incluyen, además de la a propia EEUU, a España, Argentina, Curacao, San Martin, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
A comienzos de este mes, el Vaticano decretó nuevas normas en su lucha contra el lavado de dinero. Entre ellas fijaba que todo aquel que introdujera una cantidad superior a 10.000 euros (14.000 dólares) en la Santa Sede debía declarar esa cantidad.
La norma fue adoptada el mismo día que la Santa Sede amplió y puso en vigencia las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la creación de un nuevo organismo supervisor financiero encargado de asegurar la transparencia en las finanzas vaticanas.
