El asesinato de dos mujeres pakistaníes obligadas a contraer matrimonio de forma forzada ha reabierto el debate en España. Catalunya es la comunidad que más casos refleja. La ley del ‘solo sí es sí’ protege a las víctimas.
El matrimonio forzado también es violencia machista, pues se trata de la unión de dos personas en la que, al menos una de ellas, generalmente la mujer, no otorga su libre y pleno consentimiento y se ve obligada a casarse por la presión emocional, psicológica o incluso física de la familia.
Desde 2015 los distintos cuerpos policiales han detectado en España 27 matrimonios forzados. Esta realidad vuelve a ocupar los primeros planos mediáticos tras el asesinato de dos mujeres jóvenes paquistaníes en su país de origen, pero residentes en Terrassa (Barcelona) por querer divorciarse. Estas jóvenes habían sido víctimas de sendas bodas concertadas. Un tío y un hermano de las jóvenes, acusados del feminicidio, han confesado en Pakistán que las mataron por «honor», después de que pidieran el divorcio.
Efe ha podido acceder a estos datos del Ministerio del Interior, a partir de la información recopilada por los diferentes cuerpos de seguridad estatales (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral).
El panorama nacional
Catalunya es la comunidad en la que se han detectado más casos desde los últimos siete años (14), seguida de Euskadi (5). En el mismo periodo las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de matrimonios concertados también en Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y País Valencià, cada una con un caso, mientras que hubo dos que se detectaron en el extranjero.Las penas de prisión oscilan entre los seis meses y los tres años y medio
El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona, tenga el vínculo que tenga, a contraer matrimonio «con intimidación grave o violencia». Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.
Distintos estudios internacionales destacan (aunque sin cifras concretas) que esta práctica persiste en mayor medida entre las familias originarias de Senegal, Nigeria, Pakistán, Marruecos y en la comunidad gitana proveniente de Rumanía.
Para la detección de este tipo de situaciones son clave las alertas de los servicios sociales y educativos para detectar alteraciones en el comportamiento. Porque no es común que sean las propias víctimas las que denuncien.
El último caso
El año pasado todas las alertas se encendieron en la localidad sevillana de Villaverde del Río. Dos familias se pusieron de acuerdo para que la hija de una de ellas, menor de edad, se casara en Zamora con otro chico también menor.
La niña, de nacionalidad rumana, se lo contó a una antigua profesora con la que mantenía contacto telefónico y ésta avisó a la Guardia Civil, que organizó la huida de la víctima de la casa y el traslado a un centro de protección oficial.
Zamora también fue el escenario en 2018 de un plan orquestado, pero frustrado por una pareja rumana para vender a dos hermanas de ella –de 16 y 17 años– a otras familias por 10.000 euros en cada caso. Cinco personas fueron condenadas por este caso a penas de entre uno y tres años y medio de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.
Otro caso es el de una chica en València de origen paquistaní, quien avisó a un amigo de que llevaba un mes encerrada en casa por su padre, que quería casarla en contra de su voluntad. Tras una investigación, el progenitor fue detenido.
El ‘increíble’ fenómeno catalán
Según el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, entre 2010 y 2019 los Mossos d’Esquadra atendieron en dicha comunidad a 85 niñas y 68 mujeres por matrimonios forzados o por estar en riesgo de sufrirlos.
En 2021 se atendieron a diez chicas de entre 20 y 14 años. Seis eran menores de edad. En cuatro casos fue la propia víctima la que denunció su situación, mientras que en otros cuatro fueron los servicios sociales los que informaron a los Mossos.
Ante el aumento de casos, en 2020 la Generalitat presentó un protocolo de prevención de esas prácticas para saber cómo detectarlas, cómo intervenir y cómo ayudar a las víctimas, con coordinación de todos los ámbitos asistenciales. La ley de garantía de la libertad sexual, más comúnmente conocida como ley del ‘solo sí es sí’ −que llega este jueves al pleno del Congreso−quiere generalizar estos protocolos.
El caso de Aneesa y Arooj Abbas en Terrassa,−las dos hermanas paquistaníes asesinadas de 20 y 24 años−, es la extrema expresión de esas bodas concertadas. Fueron obligadas a casarse con sus primos y ahora querían divorciarse para poder iniciar una nueva vida junto con otras parejas.
Los Mossos tomaron declaración al padre y a varios familiares este martes para indagar si las jóvenes se fueron de Catalunya a su país de origen voluntariamente u obligadas.
