El proyecto, que impide despedir a los docentes elegidos por el Obispado aunque dejen de ser necesarios, divide al Gobierno foral
Maribel Lizarraga lleva casi 28 años ejerciendo como docente de Religión católica. Accedió al puesto en 1984 y, desde entonces, ha visto cómo poco a poco se ha ido reduciendo la carga lectiva de la materia hasta llegar al nivel mínimo: una hora por semana. En aplicación del acuerdo de coalición de 2019, el Gobierno foral, integrado por socialistas, Geroa Bai y Podemos, reducirá más el horario durante los próximos años de tal manera que para el curso 2023-2024 ya no serán necesarios 56 de los 145 docentes actuales de Religión, un 39% del total que la imparten. Desmarcándose de sus socios, Geroa Bai ha apoyado la tramitación de una ley en el Parlamento autonómico para mantener a estos profesores trabajando en la escuela pública pese a que no han aprobado ninguna oposición y son elegidos por el Obispado.
En estos momentos, el Gobierno foral podría prescindir de los docentes de Religión que se quedan sin carga lectiva porque, aunque trabajan en la red pública, no son funcionarios y no han aprobado ninguna oposición o prueba oficial que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. Son elegidos y propuestos para el ejercicio de su cargo por el Arzobispado. A pesar de estas condiciones laborales y del contenido del acuerdo programático, Geroa Bai se ha unido a Navarra Suma -UPN, PP y Ciudadanos- para impulsar una norma que mantenga a estos profesores en la escuela pública. Si unen sus fuerzas, los dos grupos políticos pueden sacarla adelante.
El texto tomado en consideración en la Cámara propone que los cambios horarios en la asignatura de Religión no puedan suponer para el colectivo de profesores con contrato indefinido “una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos”. La proposición ha contado con los votos en contra del resto de grupos y con un informe preceptivo del departamento de Educación que desaconseja esta medida porque supondrá un sobrecoste de 2,5 millones de euros anuales en las cuentas forales. La norma debe ser ahora debatida en comisión.
Lizarraga, miembro de la Plataforma Navarra de Religión en la Escuela, considera fundamental mantener los empleos de estos docentes. Ella y sus compañeras están dispuestas, dice, “a intentar negociar con el departamento de Educación para encontrar una solución”. Subraya que la mayoría de profesionales de este colectivo son mujeres de más de 50 años que llevan, al menos, dos décadas trabajando como profesoras de Religión, y que accedieron a estos puestos siguiendo la legislación vigente.
De hecho, desde el 4 de diciembre de 1979, cuando entró en vigor la ratificación del Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, la normativa establece que “la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica” entre aquellas que el Obispado proponga “para ejercer esta enseñanza”, y que formarán parte a todos los efectos del claustro de profesores de cada centro. Esta disposición fue modificada en 2007, cuando a través de un Real Decreto este profesorado pasó a ser considerado como indefinido.
El departamento de Educación del Gobierno de Navarra rechaza negociar con el profesorado afectado porque “el cambio de necesidades de personal docente de Religión para el curso 2022/23 deriva de una modificación en la normativa estatal”. El consejero del ramo, Carlos Gimeno, ha llegado a emplazar públicamente a este profesorado a participar junto al resto de profesionales en las próximas oposiciones, unas declaraciones que han provocado el enfado de los afectados. Entre ellos, Fernando Jorajuria, de 58 años y con 29 años de experiencia, que considera una “falta de consideración” a personas “que llevan más de 20 años trabajando en la escuela pública”.
Propone Jorajuria que se complementen sus jornadas, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, “con horas de guardia, de biblioteca o actuando, por ejemplo, como responsables de convivencia”. La propuesta también se ha topado con la negativa de Educación, que entiende que la “idoneidad” asignada por el Obispado a este colectivo se limita a su ejercicio como docentes de Religión, “no para realizar otro tipo de tareas”. Este departamento foral defiende que se debe dar un “trato igual a todo el personal docente temporal, independientemente de cuál sea la naturaleza de su relación administrativa o laboral con el Gobierno de Navarra”. Se refiere, por ejemplo, a la reducción de la carga lectiva de la asignatura de Filosofía, que conllevó una disminución de la contratación temporal de unas especialidades en beneficio de otras.
Hoy en día, para elegir a los docentes, el Obispado mantiene requisitos como la obligatoriedad de estar bautizado por el rito católico, disponer de la titulación académica requerida y haber obtenido la “declaración eclesiástica de idoneidad”. Este último documento exige “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” y se fundamenta en las consideraciones de índole moral y religiosa que dictamine el obispo, quien puede revocarla si considera que el candidato ha dejado de cumplir alguno de los requisitos. Una vez superadas estas condiciones, la diócesis propone a la persona como candidata idónea para un centro escolar concreto, que luego Educación concede de forma oficial en un acto público, teniendo en cuenta, por ejemplo, criterios como los años de experiencia.
Los sindicatos reclaman una salida diferente
La mayoría de sindicatos abogan por que Educación y docentes negocien una salida, pero no comparten que se haga a través de una ley. Desde el sindicato mayoritario en Educación, LAB, Iñigo Orella manifiesta que “complementarles la carga lectiva y de trabajo supone quitarles horas a trabajadores que han entrado por listas, sistema que sigue los criterios de transparencia, mérito y capacidad”. Aboga por una “solución colectiva”. Similar postura mantiene ELA, que defiende la necesidad de conjugar los derechos laborales de estos trabajadores con el resto de docentes. Comisiones Obreras propone que se analicen los casos de forma individualizada. Su delegada, Pilar García, mantiene que “es un número de docentes lo suficientemente reducido como para analizarlo y ver en qué situación se van a quedar esas personas”. Plantea que se diseñen itinerancias para que un mismo profesor imparta Religión en centros cercanos entre sí.
El de los profesores de Religión es uno de los dos frentes abiertos en el ámbito educativo del Gobierno foral a poco más de un año para las autonómicas. En ambos casos, está Navarra Suma de por medio. Los socialistas buscan hoy el apoyo de la coalición entre PP, UPN y Ciudadanos para sacar adelante una proposición de ley que permitirá estabilizar hasta 350 plazas del profesorado de un programa de aprendizaje en inglés a través de una oferta pública de empleo en la que se exigirá el conocimiento de dicha lengua extranjera. La ley estatal no permite tal requisito y Geroa Bai se opone, pero los socialistas esgrimen que la comunidad tiene la competencia exclusiva en educación.
