Exigen al gobierno central que cumpla con sus compromisos con la recuperación del patrimonio inmatriculado por la jerarquía de la Iglesia Católica

La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’, junto a la Asociación Ben Baso, Sevilla Laica y diferentes organizaciones de cristianos de base, han celebrado hoy una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Hace justo un año, la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. Este hecho es considerado por los convocantes de la concentración de hoy “como un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas que llevamos denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles por la jerarquía eclesiástica”.

Aún así, el portavoz de la plataforma sevillana contra las inmatriculaciones ha aclarado que aquel listado presentado en 2021 “tiene importantes límites” al no incluir el patrimonio inmatriculado antes de 1998 y al no permitir identificar los bienes inmatriculados de forma correcta. “Además se ocultan bienes inmatriculados como edificios anexos, como es el caso de la Giralda o del Patio de los Naranjos” aclaran desde la plataforma, dado que estos dos símbolos de la capital andaluza “aparecen como meras dependencias anexas de la Catedral para ocultar un atropello mayúsculo”.

En la concentración, celebrada ante la Subdelegación del Gobierno de la Plaza de España de Sevilla, los convocantes han denunciado que “el gobierno central incumple con sus compromisos y con sus programas electorales”. En este sentido, recuerdan que “el acuerdo de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica”.

Para exigir esas modificaciones legislativas, la plataforma sevillana ha registrado un escrito dirigido al presidente del gobierno solicitando que se reúna con ‘Recuperando’, la coordinadora estatal que aglutina a cientos de entidades en defensa del patrimonio en nuestro país. Según el escrito, el objetivo de la reunión sería “ abordar conjuntamente la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica” y hacerle llegar a Pedro Sánchez “propuestas de solución de un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes”.