Las depresiones económicas suelen cebarse en la población más vulnerable; de modo que es ley de vida (todavía) que las mujeres sufran un poco más que los hombres los embates de la crisis. Lo que no todos esperaban del Partido Popular (ese que no encuentra más que a una mujer capaz de formar parte de un comité ejecutivo de 14 miembros) es que tuviera, sin embargo, a las mujeres en el centro de sus obsesiones para perjudicarlas aún más de lo que les toca introduciendo cambios que, en ocasiones, más que responder a la austeridad responden a su ideología. Cierto que hay pocas directivas en empresas públicas a las que recortarles el sueldo, pero los tijeretazos en la Ley de Dependencia, algunas reformas en Justicia y la prevista derogación de la ley de plazos del aborto son algunos de los varapalos que ya están recibiendo las mujeres; sobre todo, las más necesitadas. Casi sería mejor que el PP siguiera ignorándolas.
María Dolores de Cospedal, la única mujer en la ejecutiva federal del PP, inició su mandato en Castilla-La Mancha cancelando los convenios con las casas de acogida a maltratadas y centros de orientación de la mujer. Su compañero de partido, José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno balear, decidió exigir a las mujeres que abortasen el pago previo de la intervención, lo que, según todos los expertos, es ilegal y según el sentido común, una clara discriminación, pues equivale a exigir dicho pago a cualquier otro acto médico al que el ciudadano tenga derecho.
Las consecuencias de la moratoria de la Ley de Dependencia pueden ser dramáticas para miles de mujeres, que son las que habitualmente cargan con los familiares que requieren cuidados especiales. 150.000 dependientes moderados se quedan este año sin ayuda alguna del Estado en nombre del ahorro y la austeridad.
Pero las reformas que en absoluto responden a la austeridad son las que ha lanzado el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Si sale adelante el nuevo sistema de elección de los órganos judiciales que él defiende, parte de sus miembros ya no serán elegidos por el parlamento. Eso significa que perderán poder los ciudadanos (a través de sus representantes políticos) y que, por tanto, ya no habrá sensibilidad hacia la igualdad. El sistema actual no ha conseguido todavía la paridad en un estamento en el que hay mayoría de mujeres, pero sí se han hecho avances y están representadas en la cúspide. En el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de la judicatura, hay siete mujeres y catorce hombres. En el Tribunal Constitucional, cuyos miembros también se eligen en parte en el parlamento, solo hay dos mujeres frente a diez hombres. En la sala de gobierno del Tribunal Supremo, cuyas nominaciones ya no dependen de los partidos, no hay ninguna mujer de un consejo de doce miembros.
La otra reforma puramente ideológica es la prometida derogación de la ley de plazos del aborto. Ruiz-Gallardón no va a esperar el veredicto del Tribunal Constitucional. Este debe todavía desbrozar el camino de la Ley de Igualdad y el matrimonio homosexual (ambas normas, también recurridas por el PP), además de la ley del aborto de 2010, pero el Gobierno de Rajoy no esperará en este último caso. Hay que defender el derecho del no nacido, dice el exalcalde de Madrid. Resultado: las mujeres deberán volver a pedir permiso para NO tener un hijo. Para evitarlo, deberán volver al sistema antiguo: mentir, ya que decidir libremente volverá a estar prescrito.
No es extraño que 200 organizaciones se hayan rebelado contra estos ataques que, como la crisis, amenazan con devolvernos al pasado en un retroceso de derechos civiles difícil de encontrar en nuestro entorno europeo. Ahí también gobierna la derecha que, como se ve, sigue siendo bien distinta a la española.
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