El Congreso debate esta semana las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, para los que la iniciativa «criminaliza» a quienes están contra el aborto y defienden como «labor de información y apoyo» la actividad de estos grupos.
El Partido Popular y Vox intentarán esta semana paralizar la reforma que pretende llevar al Código Penal un delito específico para castigar a quienes «hostiguen o coarten» a las mujeres que acuden a las clínicas a abortar. La proposición de ley, presentada por el PSOE, inició su camino parlamentario el pasado septiembre, pero este jueves el Congreso vota las enmiendas a la totalidad presentadas por las derechas. Ambos textos defienden que la iniciativa «criminaliza» los derechos de «quienes piensan y creen distinto» y que ya hay herramientas para perseguir el acoso, y enmarcan la actividad de los ultracatólicos a las puertas de los centros en una «labor de información y apoyo».
Lo previsible es que las enmiendas sean rechazadas por el pleno; de hecho, ambas fueron las únicas formaciones que se opusieron a la toma en consideración de la reforma en una sesión en la que un diputado de ultraderecha llamó «bruja» a una socialista. El asunto ha entrado en el Congreso por primera vez con el objetivo de intentar poner fin a la obstaculización al aborto que llevan a cabo en diferentes ciudades españolas grupos antielección que se sitúan en las inmediaciones de las clínicas concertadas, donde se llevan a cabo el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo.
Las derechas despliegan en sus textos el argumentario que en los últimos meses han enarbolado distintas asociaciones y grupos ultraconservadores. Para el Partido Popular, la norma «propone criminalizar el derecho a la libertad de expresión o de reunión de personas que piensan y creen distinto a los proponentes» y busca «penalizar a estos voluntarios cuya función es informar, atender etc. y que si en algún supuesto incurren en acciones de acoso u hostigamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales tienen capacidad suficiente para afrontar».
La propuesta contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes «coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados, causando un menoscabo en su libertad o intimidad».
Una norma «innecesaria»
La idea es que el precepto, que al igual que cualquier otro delito deberán probar los tribunales, sirva para frenar la impunidad con la que estos grupos llevan años actuando, instalándose durante horas en las inmediaciones de las clínicas para persuadir a las mujeres que ya han tomado la decisión para que no aborten.
Para ello despliegan una batería de acciones: desde rezar o exponer pancartas antiaborto hasta increparlas y abordarlas, darles fetos de juguete o folletos con mensajes sesgados y culpabilizadores. En la clínica Dator, en Madrid, una de las más presionadas, cada sábado una ambulancia se sitúa a las puertas para realizar ecografías a las mujeres y así intentar disuadirlas. Cada vez que una mujer da marcha atrás y no entra en la clínica, estos grupos presumen de haber «salvado una vida».
Lejos de reconocer que existe un problema, que otros países han legislado en este sentido y que incluso el Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones que garanticen que estas mujeres ejercen su derecho en libertad, los populares insisten en que se trata de una reforma «innecesaria» que supone «una utilización sectaria de las instituciones», no cumple el ordenamiento jurídico, y está «guiada por el espíritu de confrontación». Como texto alternativo, lo que propone la enmienda es dejar el Código Penal y en concreto el artículo 172, el de coacciones, tal y como está.
La vuelta de tuerca de Vox
Más lejos aún va Vox, que utiliza la enmienda a la totalidad para proponer la reforma de este delito, pero en un sentido muy diferente: haciendo gala del negacionismo de la violencia machista que caracteriza a la formación, pretende eliminar los preceptos que incrementan ligeramente la pena en el caso de que se produzcan por violencia de género, es decir, pide acabar con las penas específicas porque implican «la criminalización del hombre operada por la legislación «de género». Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya las avaló en 2008 al asegurar que en un contexto de violencia machista son conductas que «reproducen la desigualdad» entre hombres y mujeres.
La extrema derecha, al igual que los populares, argumentan en el texto que la reforma propuesta por el PSOE supone la «censura de las libertades de reunión, expresión e ideológica de todas aquellas personas cuyo pensamiento y discurso sobre la calificación del aborto difiere» de los proponentes. De hecho, equiparan el aborto en el texto «al fin de la vida del no nacido», critican la Ley del Aborto aprobada en 2010 e incluso niegan que existan los derechos sexuales y reproductivos.
También la ultraderecha rebaja la actividad de estos grupos y defiende que sirva para que las mujeres embarazadas «reciban mayor información» para «asegurar un mayor conocimiento» del aborto, obviando que la ley ya obliga a las administraciones a informar y que los folletos que les dan a las puertas de las cínicas contienen información sesgada o falsa. «La creación de un nuevo tipo penal para reprimir la conducta de quienes acuden pacíficamente a las inmediaciones de los centros abortistas para ofrecer oraciones, ayuda y asistencia de diversa naturaleza a las mujeres que allí acuden supondría una restricción injustificada de los derecho fundamentales y libertades», reza la enmienda.
¿Será un precepto eficaz?
Otro de los argumentos que utilizan las derechas es que «ya existen herramientas más que suficientes» para responder ante el acoso o las coacciones. Y es cierto que el Código Penal ya incorpora estos delitos, pero según lamenta la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) no han servido para poner fin a estas actividades. De hecho, el Defensor del Pueblo pidió hace más de un año al Gobierno que protegiera «la integridad física y moral y la libre circulación de las mujeres» que van a las clínicas y se encuentran con antiabortistas, sin «perjudicar los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos».
El PP reitera que las coacciones ya están recogidas en la norma penal, pero reconoce al mismo tiempo que «si no protege convenientemente este tipo de conductas», como así denuncia la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), «¿por qué no regular un tipo específico para quienes padecen hostigamiento por su filiación política, o quienes quieren usar en sus trabajos o negocios el idioma oficial de nuestro país sin ser amenazados», compara.
La propuesta del PSOE seguirá adelante, pero no sin críticas del resto de partidos que sí apoyaron la toma en consideración, que llamaron a mejorarla durante el trámite. Varios pidieron que la propuesta fuera más ambiciosa y se aborde en el marco de la reforma de la ley del aborto, algo en lo que ya está inmerso el Ministerio de Igualdad, que se ha comprometido a hacerlo al estilo de otros países. En Francia, por ejemplo, la fórmula elegida ha sido la de la tipificación penal, en otros como Reino Unido se ha decidido establecer ‘zonas de seguridad’ alrededor de las clínicas, es decir, una distancia mínima en la que no puede haber manifestaciones ni actividades de este tipo.
Hay consenso entre las asociaciones y expertas en la necesidad de proteger el acceso al aborto, pero algunas dudas de que la vía penal sea la más efectiva. Desde ACAI, de hecho, se han pronunciado en varias ocasiones a favor de las ‘zonas de seguridad’, un método «más rápido y eficaz»
