La consejera de Sanidad explica que hubo un fallo en el procedimiento para asignar otro médico cuando el primero se declara objetor. Afirma que la ley es muy garantista y que las administraciones están «obligadas» a hacerla funcionar.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que ya se han depurado responsabilidades por el retraso producido en tramitar una solicitud de eutanasia por parte de una zaragozana, que se que quitó la vida el pasado sábado.
Después de que la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) haya informado del suicidio de esta mujer, tras reclamar en varias ocasiones su derecho a la eutanasia en el centro de salud Torre Ramona de Zaragoza, la consejera ha precisado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha habido un «fallo» por «el retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable» para la tramitación de la solicitud de esta paciente «cuando el médico de siempre se declara objetor».
Repollés ha añadido que la organización «tiene la obligación de adjudicar otro profesional que se haga cargo del caso, en tiempo y forma», pero ha habido un retraso «en la adjudicación», ya que estaba en proceso. «Los responsables, en ese momento, no han realizado las acciones que tendrían que haber hecho en tiempo y forma», ha apostillado.
Por lo ocurrido, ha continuado la consejera, la Consejería ha establecido «una serie de mecanismos para controlar esta situación» y, en este caso concreto, «se han depurado responsabilidades» a las personas «que no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma», actuando según procede cuando un profesional «no realiza las acciones» que por su cargo tenía que hacer.
Repollés ha subrayado que cuando se puso en marcha la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el pasado 25 de junio, se realizaron actividades formativas sobre la implantación y los procedimientos de esta norma, por lo que los profesionales del Servicio Aragonés de Salud tenían conocimiento desde el principio sobre los mismos.
«Otra cosa es que el sistema sanitario está formado por muchas personas, con mucha variabilidad individual, pero nosotros nos preocupamos de que todos los profesionales tuviesen información sobre los procedimientos de iniciación de trámites para el derecho de esta prestación, así como información de cómo podían inscribirse en el registro de objetores porque es un derecho que tienen los profesionales», ha expuesto.
La consejera de Sanidad ha remarcado que desde su departamento seguirán «vigilantes para que los procedimientos se sigan en tiempo y forma» y «dar salida a un derecho de la ciudadanía legislado por ley, que cumple garantías en todos los sentidos» y que las administraciones públicas están «obligadas a hacer funcionar». Además, «no cesaremos en el empeño de mejorar el procedimiento» para que lo ocurrido en este caso «no suceda», ha añadido.
Para Repollés, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia «es muy garantista, tanto para los profesionales, como para los usuarios que quieren acceder a esta prestación». En este sentido, ha comentado que en Aragón ya se han realizado una serie de solicitudes y, a la vez, se ha iniciado el registro de profesionales objetores. Respecto a las primeras, ha avanzado que algunas de ellas «han pasado por la comisión de garantías y sino ya, en próximas fechas, el derecho a la prestación será realizado», en aquellas en las que la citada comisión «ha decidido que así sea». Sobre el registro de objetores, que incluye a médicos, enfermeros y farmacéuticos, se han inscrito en él el 6% de todos los profesionales de Aragón de estos ámbitos. «Nos está sorprendiendo porque tenemos un porcentaje bajo», ha afirmado la consejera.
