El agente se encuentra actualmente en Londres. La Fiscalía de Roma ha activado la cooperación judicial internacional, aunque hace unas semanas la justicia británica dio un duro rapapolvo a la investigación vaticana.
El auto de prisión preventiva apunta a «una solicitud de asistencia judicial del Promotor de Justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano por delitos cometidos por varios funcionarios públicos que supuestamente se apropiaron indebidamente de sumas de dinero gestionadas por la Secretaría de Estado»
«La Secretaría de Estado no puede utilizar en operaciones de alto riesgo financiero los fondos recibidos para fines benéficos»
«Debe considerarse que los graves delitos controvertidos no son fruto de circunstancias ocasionales o esporádicas, sino de una verdadera estrategia económica dirigida a defraudar al fisco a través de conexiones societarias, pantallas legales y colaboraciones profesionales específicas»
La Justicia italiana ha ordenado la detención de Gianluigi Torzi, considerado ‘el broker de Becciu’ por su implicación en la compraventa del palacio de Sloane Avenue en Londres, un caso investigado por el Vaticano, que acusa al corredor bursátil de un enriquecimiento ilícito superior a los 15 millones de euros.
Según informa ADNKronos, agentes de la Guardia financiera de Roma están ejecutando la orden dictada por el Juez de Instrucción, así como la medida cautelar de prohibición de ejercer la profesión de contable o de cargos de dirección de empresas durante 6 meses contra Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò y Matteo Del Sette, todos ellos investigados, por diversos motivos, por emitir y registrar facturas de operaciones inexistentes. Torzi también está acusado de autoblanqueo. El agente se encuentra actualmente en Londres. La Fiscalía de Roma ha activado la cooperación judicial internacional, aunque hace unas semanas la justicia británica dio un duro rapapolvo a la investigación vaticana.
Las investigaciones también establecieron datos sobre facturación falsa -no relacionada con la operación inmobiliaria londinense- llevada a cabo por Torzi junto con Capizzi y los contables de referencia del grupo de empresas italianas y extranjeras referenciadas al broker, Camalò y Del Sette, sin ninguna justificación comercial y con el único fin de defraudar a Hacienda.
«Parece claro que Gianluigi Torzi, con la colaboración activa de personas interpuestas y técnicos de confianza, utiliza numerosas empresas, que operan también en el extranjero, como pantalla para sus actividades empresariales, basadas en gran medida en la evasión fiscal, proporcionando la reutilización de los ingresos ilegales en la especulación financiera», escribe el juez de la magistratura de Roma, Corrado Cappiello en el auto de medida cautelar con el que ordenó la detención para el corredor Torzi.
El auto de prisión preventiva apunta a «una solicitud de asistencia judicial del Promotor de Justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano por delitos cometidos por varios funcionarios públicos que supuestamente se apropiaron indebidamente de sumas de dinero gestionadas por la Secretaría de Estado, permitiendo que fueran reutilizadas con fines especulativos también en Italia por personas ajenas al Vaticano, entre ellas Gianluigi Torzi».
Denuncia del Banco Vaticano
La investigación, añade el auto, «»surgió a raíz de una denuncia del Director General del Instituto para las Obras de Religión (IOR, Banco Vaticano), a raíz de un escrito presentado el cuatro de junio de 2019 por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, teniendo como objeto una solicitud de financiación, por importe de 150 millones de euros, motivado por ‘razones institucionales’ no especificadas», que acabaron llevando a «la extinción, a través del bufete inglés Mischon De Reya, de una hipoteca constituida sobre un inmueble situado en Londres, el 60 de Sloane Avenue, propiedad de la sociedad off-shore 60 SA Limited, adquirida el dos d emayo de 2019 por la Secretaría de Estado y vendida por la sociedad de derecho luxemburgués Gutt Sa».
«De las investigaciones llevadas a cabo por el IOR -se lee en el auto- y por la oficina del Auditor de Cuentas, se desprende que las adquisiciones de bienes inmuebles con fines de inversión no pueden ser realizadas por la Secretaría de Estado, estando reservadas a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica: además, la inversión en cuestión no se traduce en ningún documento oficial transmitido por la Secretaría de Estado al Consejo de Economía y, en cualquier caso, la Secretaría de Estado no puede utilizar en operaciones de alto riesgo financiero los fondos recibidos para fines benéficos», como el Óbolo de San Pedro, observa el juez.
Operaciones fraudulentas con dinero vaticano
«Es alarmante -escribe el Juez- la facilidad con la que Gianluigi Torzi y sus colaboradores pudieron organizar las operaciones fraudulentas, identificando y sustituyendo, en muy poco tiempo, las empresas a utilizar para la emisión y utilización de las facturas falsas». Lo mismo puede decirse, añade, «de la rapidez de la reinversión en Italia de los cuantiosos (15 millones de euros) productos ilícitos de la conducta perpetrada por Torzi en perjuicio de la Secretaría de Estado».
«Debe considerarse que los graves delitos controvertidos no son fruto de circunstancias ocasionales o esporádicas, sino de una verdadera estrategia económica dirigida a defraudar al fisco a través de conexiones societarias, pantallas legales y colaboraciones profesionales específicas», culmina el escrito judicia
«Impugnaremos esta medida ante el reexamen«, cuestionó el abogado de Torzi, Marco Franco, quien tildó de «incoherente» la tesis vaticana, «ya hecha trizas por el primer juez que tuvo ocasión de examinar las actas, es decir, el inglés».
