En el acuerdo de Gobierno entre UP y PSOE se establecía el compromiso de realizar “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.
Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ha dado cumplimiento a este acuerdo de una manera que se aleja bastante del espíritu del mismo. Es cierto que finalmente, y tras muchos años de exigencia por parte de los grupos de izquierda y del movimiento laicista, se ha publicado el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, pero tan solo entre 1998 y 2015, manteniendo ocultos los realizados desde 1946 a 1998, un listado incompleto que tampoco permite en muchos casos la identificación del bien inmatriculado.
Aun así, para hacernos idea del volumen del expolio, el listado incluye casi 35.000 bienes inmatriculados en ese período de 17 años ya de plena normalidad democrática. El listado va acompañado de un informe en el que se establece que las personas físicas o jurídicas que se consideren legítimos propietarios de dichos inmuebles pueden reclamarlos judicialmente. La vicepresidenta Calvo, supuestamente dando cumplimiento a la exigencia de los grupos de izquierdas de publicar este listado, se saca de la manga un informe que tiene en la práctica unas implicaciones totalmente contrarias a lo pactado en el acuerdo de Gobierno.
En primer lugar, abre la posibilidad a legalizar de facto todas las inmatriculaciones que no sean reclamadas. Y la gran mayoría no lo serán debido a que muchos ayuntamientos no van a reclamar, bien porque políticamente no lo deseen o bien porque sean ayuntamientos muy pequeños, sin recursos, ni capacidad para enfrentar un proceso judicial. Además, podría suceder que sólo se reclamen los que a fecha de hoy figuren inventariados, cuando la inmensa mayoría de los bienes demaniales de nuestro patrimonio cultural religioso no están catalogados, quedando en todos ellos convalidada su inmatriculación.
En segundo lugar, obliga a judicializar un problema cuya solución debería ser política. Empujar a los ayuntamientos a emprender miles de procesos judiciales en toda España, además del posible colapso judicial y de una impredecible disparidad de criterio que provocaría, es un sinsentido que sólo puede explicarse desde quien desea poner las máximas trabas posibles a que la Iglesia tenga que devolver los bienes indebidamente inmatriculados. Lo que pactaron UP y PSOE es aprobar “modificaciones legales”, es decir, que los bienes tengan que ser devueltos por ley y no tras una denuncia en los juzgados.
Sin embargo, de esta manera la parte del PSOE del Gobierno de España desentiende del asunto, cuando la gravedad del mismo, el volumen de casos, su prolongación en el tiempo y los distintos procedimientos usados para su inscripción hacen de esto una cuestión de Estado, por lo que es el Estado el que debe darle una solución única y global. Cuando el PSOE se niega a hacerlo, lo hace sabiendo que de facto supondrá una legalización del mayor expolio inmobiliario español por parte de la Iglesia. Sin duda una gran oportunidad perdida, oportunidad que ha sido posible al enorme trabajo de los grupos laicistas durante años y que el PSOE anula, provocando también el enésimo incumplimiento del acuerdo de gobierno con UP.
Tenemos que recordar que la Iglesia Católica ha acumulado un enorme patrimonio inmobiliario y artístico gracias a una posición de poder privilegiada durante siglos, que se concretó en normativa franquista hipotecaria en los años 40 y en un Decreto del presidente Aznar en 1998, que han permitido la inmatriculación, sin aportar título alguno, de miles de bienes de toda índole, no sólo religiosos. Ambas normas, por cierto, reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia del 20/12/2016), declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por haberlo permitido.
En otros países europeos el patrimonio artístico es propiedad del Estado que lo cede para el culto, porque una cosa es la propiedad y otra el uso religioso que no se pone en duda. Sin embargo, en España la propietaria es la Iglesia mediante el expolio de las inmatriculaciones y además recibe fondos públicos para su mantenimiento y conservación. Del inmueble quiero decir, porque para el mantenimiento y la conservación de su burocracia eclesial también recibe fondos públicos por otro lado.
La lista de privilegios de la Iglesia Católica en España (educación concertada, clases de religión en la pública, exención impuestos, 0,7% del IRPF, conciertos y convenios en servicios sociales, etc.) es casi tan larga como el listado de bienes indebidamente inmatriculados. Unos privilegios que mucho me temo no se van a tocar esta legislatura debido a un Partido Socialista que respalda sin fisuras los acuerdos entre el Estado español y la “Santa Sede” de 1979 y que, al igual que la Monarquía, resultan intocables.
Y es que en este asunto de las inmatriculaciones no sólo hemos topado con la Iglesia, sino también con el Partido Socialista, la pata izquierda de un régimen que está sometida no sólo al poder económico, también al eclesiástico.
