La Compañía archivó su causa tras un proceso canónico irregular en el que no se le tomó declaración y mantuvo al acusado en el internado por no existir “peligro para los alumnos”.
Cuando Pascual Rodríguez (nombre ficticio) leyó el mes pasado que los jesuitas admitían que miembros de la orden habían abusado de 81 niños en un siglo, sintió que se reabría una vieja herida. Como muchas asociaciones de víctimas, él también pensó que era una cifra “ridícula” y que muchas no figuraban en esa lista. Entre ellas, él. En 2010, denunció a la orden que había sufrido abusos cuando era alumno interno del colegio Inmaculada de los jesuitas, en Alicante, a manos del religioso J. M. M. en el curso de 1957 a 1958. Tenía 12 años. Según su relato, tuvo fiebre y le trasladaron a la enfermería, un dormitorio común donde se alojaban los niños que estaban en tratamiento. En ese lugar vio cómo el acusado, responsable de la instalación, abusaba de un compañero y luego lo hizo de él. Tras su denuncia, la Compañía de Jesús abrió una investigación interna, pero concluyó que no había indicios y la desestimó. No accedieron a la reparación que exigía la víctima y tampoco a retirar al acusado del contacto con niños porque “no existe peligro para los alumnos”. En realidad, Pascual asegura que ya en 1985 fue en persona al colegio e informó al rector y al jefe de estudios de los abusos, pero le ignoraron. También pidió que fuera apartado del contacto con niños. “Pero con el mismo resultado: negación. No tomaron ninguna medida”, explica. El jesuita acusado siguió décadas en el colegio, hasta la actualidad.
Tras el rechazo de su denuncia por escrito de 2010, Pascual se sintió burlado porque todo el proceso fue “una broma de mal gusto, arbitraria e injusta”. “Encargaron la investigación a una persona del propio colegio y ni siquiera me tomaron declaración, simplemente le preguntaron al jesuita, lo negó y se acabó”, asegura. Es una irregularidad, pues escuchar el testimonio de la víctima y denunciante es un paso básico de un proceso canónico. “Se rieron de él, no se hizo según el derecho canónico, pues un investigador debe llamarle a declarar”, explica un jurista eclesiástico. Además ni le comunicaron el resultado y tardaron 10 meses en enviarle el decreto de resolución, que por otro lado tenía un apellido que no era el suyo. Los jesuitas no han querido dar su versión de lo ocurrido y aclarar si este caso fue bien gestionado o entra dentro de la etapa de encubrimiento del pasado, que han reconocido en su informe. En un cambio en su política de transparencia, señalan que tras presentar su investigación interna, ya no darán información de más casos a la prensa.
El denunciante, frustrado y decepcionado porque no se le daba ninguna credibilidad, no se rindió. En estos 10 años ha escrito cartas y correos electrónicos a todos los estamentos de los jesuitas, entre ellos a varios provinciales, al anterior general de la orden, Adolfo Nicolás, y al prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe del Vaticano, Luis Ladaria. También ha escrito 35 mensajes a la Conferencia Episcopal (CEE), al Vaticano y al papa Francisco. “Solo ha habido silencio o negación”, resume. Señala una excepción, el jesuita Adrián López, psicólogo clínico, que le respondió para mostrarle su solidaridad, aunque lamentó no poder hacer nada. También la Pontificia Comisión de Tutela de Menores de la Santa Sede le contestó en 2018, pero solo para decirle que no se ocupaba de investigar casos individuales y transmitían su denuncia “a las autoridades eclesiásticas competentes”, pero no volvió a saber nada más.Ahora que la Compañía de Jesús ha pedido perdón a las víctimas y presentado su investigación interna, el denunciante cuestiona la validez del informe, pues se pregunta si han valorado todas las denuncias como hicieron con la suya. Según el estudio, a la orden le constan 15 casos en los que un jesuita fue acusado y absuelto, 10 de ellos en los tribunales. Según el testimonio de Pascual, el religioso se sentó en su cama y le realizó tocamientos en el pene: “Recuerdo que el responsable de la enfermería estaba sentado en la cama de otro niño, quizá dos cursos superiores al mío, y tenía un brazo metido en las sábanas de mi compañero mientras hablaba distendidamente, como si no pasara nada. Pensé que le estaba tomando la temperatura, pero pronto comprendí que no, porque hizo lo mismo en mi cama, tocarme el pene. Este suceso me ha acompañado toda mi vida. También me he preguntado a cuántos niños les haría lo mismo durante tantos años, hasta que se cerró el internado en 1980”. Este periódico ha contactado con esa otra posible víctima, pero se ha negado a hablar.
La denuncia de 2010 fue tramitada a través del obispo de Orihuela-Alicante, que por entonces era Rafael Palmero. El denunciante fue a visitarle con su esposa para contarle su caso y el obispo trasladó la denuncia a los jesuitas. El provincial de la orden en Aragón, la zona que le correspondía, abrió una investigación interna. Al cabo de año y medio decretó que “no existe indicio alguno” y señaló las “dudas y contradicciones” de la acusación, aunque no detalló cuáles eran.
Un caso con victimización secundaria
En 2013, por indicación de su abogado, aunque el caso estaba prescrito, Pascual acudió a una psiquiatra y se sometió a una evaluación psicopatológica. El informe concluía que “el abuso sexual le supuso una quiebra biográfica a los 11-12 años y ha condicionado toda su existencia”, con “síntomas de depresión y ansiedad cronificados y cristalizados”. “Creemos que ha quedado establecida la veracidad del trauma y los efectos destructivos que dicho trauma le causó. Hasta el punto de que ha dejado transcurrir 50 años antes de poder poner en marcha unos comportamientos resolutivos, adaptativos y productivos con los que enfrentarse al mismo”. En el daño moral infligido, esta especialista incluía “lo que interpreta como burla y desprecio por la falta de respuesta a su demanda inicial”. Es lo que los expertos han detectado en muchas de las víctimas de abusos en la Iglesia: sufren la llamada victimización secundaria, un nuevo daño al no ser escuchados ni creídos por la institución cuando deciden denunciarlo. Este exalumno decidió abrir un correo electrónico para intentar recoger testimonios de otras posibles víctimas: abusoscolegioinmaculadajesuitas@hotmail.com.
Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, de la Universidad del País Vasco, ultima un estudio sobre las víctimas de abusos en la Iglesia y corrobora que “muchas víctimas se sienten confundidas en los procedimientos canónicos”. “Se ven envueltas en un proceso con mucho papeleo, muy burocrático, y tal como están diseñados no pueden resolver la victimización secundaria. Es muy difícil probar la victimización primaria, los hechos, por el paso del tiempo, porque son delitos cometidos en la opacidad, queda en una palabra contra la otra, pero desde luego las víctimas sí que tienen luego pruebas de la victimización secundaria en el procedimiento canónico”. Por otro lado, Varona está explorando en su estudio “en qué medida el procedimiento canónico puede vulnerar garantías de las víctimas en este tipo de procedimientos, tanto en la teoría como en la práctica, así como la normativa general de protección de datos, en cuanto que la Iglesia tiene datos de las víctimas y ellas no tienen derecho a conocer sus expedientes”.
Ante la insistencia del denunciante, en 2014 el entonces provincial de España, el máximo superior de los jesuitas en el país, Francisco José Ruiz Pérez, se reunió con él y su esposa. En una carta posterior le explicó que, pese a comprender su dolor, consideraba que el proceso fue correcto y determinó que el acusado era inocente. Sus palabras muestran una contradicción: “Me es imposible obviar esa no imputación, al mismo tiempo que reconozco el daño psicológico y moral que usted ha experimentado y experimenta con indudable dolor. Pero no se puede colegir que su daño esté ligado a la culpabilidad del acusado”. Es decir, no ponía en duda que el denunciante sufrió abusos y su dolor era real, pero no veía un culpable. Por otro lado, ante su petición de que el religioso no siguiera en contacto con niños, le informaba de que “actualmente realiza tareas al interno de la comunidad jesuita y de mantenimiento del edificio”. “Usted continúa viviendo una herida personal, de la que responsabiliza a un jesuita. Para mí la persistencia de esa herida es, de por sí, también dolorosa”. En esta ambigüedad ha quedado el caso hasta hoy.
Tras la presentación del informe de investigación de los jesuitas, Pascual escribió a la orden para recordar su caso y mostrar su indignación. Un responsable de la Compañía le respondió: “Lamento mucho que no le haya parecido bien la información dada en la rueda de prensa. Según me consta, en lo relativo a la acusación, en su momento se abrió un proceso canónico, que concluyó con una exculpación. Lamento mucho que la conclusión del proceso no le satisficiera, y siento no poder decirle mucho más”.
Este exalumno subraya una de las afirmaciones de la rueda de prensa de los jesuitas el pasado mes de enero, al admitir que no deben poner el foco en la defensa de la institución, sino en el reconocimiento de las víctimas. “Yo les ofrezco la oportunidad de que cierren esta injusticia, evitando más respuestas crueles, porque solo pretendo que me escuchen y reconozcan la verdad de mi denuncia”, explica.
