El portavoz de la plataforma que denuncia desde hace años la inscripción de bienes de la Iglesia reclama que se declaren nulas por inconstitucionales.
Jorge García es uno de los portavoces de Recuperando, la coordinadora que lleva cuatro años cuestionando la inmatriculación de bienes de la Iglesia. Gracias a su labor, el asunto llegó al Congreso, que en 2018 pidió un listado de esas propiedades. El informe por fin se he hecho público esta semana, pero para García la actitud del Gobierno es decepcionante. “Pensaba que iban a ser más valientes. Es un lavado de manos. No toman ninguna decisión, lo fácil es mandar todo a la vía judicial”.
Pregunta. Ha habido un gran silencio político, ningún partido habla del tema.
Respuesta. Este tema quema las manos. Es una cuestión de Estado, el Estado español tiene que proteger su rico legado patrimonial y no parecen muy valientes para entrar con una ley. Como en Francia, en 1905: el patrimonio pertenece al Estado y el usufructo es de la Iglesia. En Portugal con un concordato, ojo, con Salazar, en 1940.
P. ¿Cómo sale a la luz? ¿Usted cómo lo supo?
R. Por casualidad. Soy presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico y en 2014 en Navarra nos dijeron que habían descubierto unas inmatriculaciones, una palabra rara. Fuimos sacando información, en todas las comunidades, con otras asociaciones. Así nace la coordinadora Recuperando en 2016. Pero no somos anticlericales, ni antirreligiosos, es un tema de defensa del patrimonio del Estado. Jamás cuestionaremos el uso religioso de los lugares de culto.
P. Es muy reciente, para algo que ocurría desde hace décadas.
R. Sí, pero con un halo absoluto de misterio y opacidad. En el Congreso faltaron 50 diputados, mayormente del PSOE, para un recurso de inconstitucionalidad. Y siguió. Aunque esto viene de la ley hipotecaria franquista de 1946, lo que no tiene un pase es que desde 1978, con la Constitución aprobada, una corporación de derecho privado, como la Iglesia, no podía hacer lo que ha hecho. Y por supuesto sus diocesanos no tenían rango de fedatarios públicos para autocertificarse propiedades sin títulos. Y fue hasta 2015, que el ministro Gallardón lo debió de ver mal y cerró el grifo. Ahora abogamos por que todas las inmatriculaciones desde 1978 se declaren nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida.
P. No empieza con Aznar.
R. No. De 1978 al 1998 la Iglesia lo hacía, pero no con edificios de culto, eran de dominio público incluso con Franco. ¿Qué hace Aznar? Hubo una petición de la Iglesia, bastante ladina: mire usted, el resto de confesiones religiosas están construyendo sus templos y a nosotros no nos dejan. Y es entonces cuando cambia la ley y permite que empiecen a inmatricular templos. Pero la jerarquía católica no pone obra nueva, una iglesia que acaban de construir, aprovecha para apuntarse todo el patrimonio artístico.
P. Pero ahora vemos 14.947 bienes que no son templos: pisos, tierras. ¿Eso cómo se cuela ahí?
R. Se cuela porque al no tener que dar explicaciones a nadie y porque no se publicitaba en el registro, meten todo y los posibles propietarios no ejercían su derecho. La Iglesia ha jugado con ese silencio para conseguir la propiedad por usucapión [el acceso a la propiedad de un bien tras poseerlo 30 años]. Es escandaloso, y una vez que hay usucapión supone una inversión de prueba muy difícil.
P. ¿Entonces la vía judicial para un particular es imposible?
R. Hay de todo. Si tienes papeles habrá litigio. Y habrá que ver el papel de los registradores, por qué han dejado registrar una cosa dos veces. Parece ser que los registradores iban a los obispados, en Pamplona, en Zaragoza, para que en un día hicieran un montón de asientos. Ese privilegio de autocertificarse les permitía ese abuso de la norma.
P. ¿Cuál es el papel de los registradores aquí?
R. Pongo un ejemplo. La iglesia de San Juan de los Panetes, en Zaragoza. El arzobispo Elías Yanes se presenta en 1986 en el registro número uno de Zaragoza y la registra. Ojo, año 1986, no podía, era un templo. El registrador lo acepta. Lo descubrimos muchos años después y se logró recuperar: era de titularidad pública y propiedad de la administración general del Estado. ¿Cómo un registrador de la propiedad se atreve a eso, cuando pesa sobre ese asiento un legítimo propietario? Los registros de la propiedad en alguna ocasión han creado inseguridad jurídica. Y tengo que decir que los registros con que yo me he topado han sido muy reacios a dar información sobre inmatriculaciones, han hecho lo imposible para denegarla, un exceso de celo en ocasiones llevado al ridículo, una clara actuación para esconder cosas.
P. ¿Y el margen del Estado para reclamar?
R. Sería relativamente más fácil, porque los bienes públicos o de dominio público son imprescriptibles, no enajenables. Si un ayuntamiento dice que una casa parroquial es suya y tiene documentación fehaciente que certifica que es propiedad suya, ya está. Esperamos que muchos municipios, diputaciones, miren el listado y luego ejerzan sus derechos, si los tienen. Habrá de todo.
P. Se puede pensar que es normal que la catedral de una ciudad sea de la Iglesia.
R. Parece normal pero no es normal, no tiene por qué. Hay muchas iglesias de propiedad pública. La propiedad no cuestiona el uso. Nadie cuestiona el uso religioso. Pero monumentos como el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés, se los ha quedado la Iglesia.
P. En el informe del Gobierno llama la atención que, aunque bastaba una certificación del obispo, dice que la mayoría de los bienes cuentan con un título.
R. Sí, llama la atención, pero luego lo desmiente el propio informe, se ve que son casi todo autocertificados.
P. ¿Por qué hay cosas tan raras? Viñedos, garajes, castillos. ¿Cómo llega la Iglesia a tener eso?
R. Pues no se entiende, porque si es por una herencia de un feligrés, ahí tienes un título, y podrían presentarlo. Pero no lo hay. Lo que pasa es que había una ermita e inscribían también el pinar, el viñedo, un pack, nadie se entera y luego lo revendemos a los 30 años, que se ha hecho.
P. Si la propiedad por usucapión se activa los 30 años, en las inscripciones desde 1998 no se ha producido.
R. No, el problema son las anteriores, ahí judicialmente va a ser imposible. De 1978 a 1998 calculamos que habrán inmatriculado unos 100.000 bienes. Lo que esperamos es que el Ejecutivo, o iniciativas parlamentarias, recapaciten. Vuelta atrás. Partimos de cero. Señores de la Iglesia, ustedes tienen los mismos derechos, demuestren con títulos de propiedad y que la autoridad determine si es suyo o no.
P. Ustedes también denuncian que además la Iglesia muchas veces con estos bienes obtiene beneficios que no declara.
R. Te lo resumo con un caso que conozco bien. La catedral de Zaragoza. La inmatricula Elías Yanes en 1985, que legalmente no podía, era un templo. Ha estado 20 años cerrada al público por obras, con una inversión públicas de más de 12 millones de euros. Luego cobraban la entradas, eran un donativo, sin factura, en B. Lo denunciamos, hicimos una campaña. Fuimos a la Agencia Tributaria. Grabamos los furgones de Prosegur con la recaudación. A la semana ya tenían ticket, con IVA cero. Porque por el concordato está exenta del IVA, pero está sujeta al impuesto, tiene que declararlo. Este es el modus operandi que hemos visto: primero inmatriculamos en posible fraude de ley, nos callamos, luego por la ley de patrimonio de 1985 nos restauran todo con dinero público y luego lo explotamos en B y sin IVA. Un negocio redondo.
P. Al margen de los tribunales, ¿cree que el Gobierno hará algo?
R. Todo depende de la ciudadanía, que ya se ha dado cuenta de que esta lucha no es de lo que nos acusaban al principio, anticlericales, comecuras, no va por ahí el tema, es un tema de defender el patrimonio del Estado. Que todo ese legado permanezca bajo dominio o titularidad pública, y revierta en el común. Esto no se ha cerrado, sigue siendo una cuestión de Estado.
