La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha solicitado al Senado que rechace la ley de eutanasia, al considerar «un escándalo» que la Cámara Alta «legisle sobre la muerte» de las personas cuando España vive como consecuencia de la pandemia «una de las épocas más mortíferas después de las secuelas de la Guerra Civil».
Constituida el pasado mes de enero, la plataforma subraya que el acceso universal a los cuidados al final de la vida «exigiría multiplicar por tres veces y media los servicios disponibles» actualmente por el Sistema Nacional de Salud.
Según informa ABC, el Senado ha resuelto prorrogar hasta el próximo lunes 15 de febrero el plazo que tienen los partidos para presentar sus enmiendas a esta ley. La Asamblea por la Vida señala que tal como está actualmente planteada supone que «la opción es sufrir o que el médico te mate. Ningún jurado y ningún juez admitiría que esta es una opción libre».
Las asociaciones tildan también de «injusta» la proposición de ley porque «el Estado no puede autorizar a nadie a matar, ya que la vida de los ciudadanos no está a disposición de los poderes públicos, incumpliendo su deber de aportar a todos los medios posibles para curar, aliviar o cuidar a los pacientes».
Entre las «limitaciones y errores» que presenta el texto, la Asamblea por la Vida también recalca que «rompe la igualdad de los españoles clasificándolos de manera que a unos se les puede matar con su consentimiento, y a otros no, trasladando a la sociedad la idea de que hay personas que no merecen el esfuerzo de ser cuidados».
Aprobada en el Congreso de los Diputados «sin debate social» y en contra de las advertencias del Comité de Bioética de España, el Consejo General de Médicos de España y la Sociedad Española de Psiquiatría, la Asamblea pide explícitamente «no votar a favor de una ley» contraria al consenso mundial establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la deontología médica.
Junto a todo ello, la Asamblea anuncia que está dispuesta a alentar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en caso de la ley sea aprobada.
