El Pleno de la Cámara Baja votará una enmienda a la totalidad registrada por el PP, con la que pretende echar por tierra los acuerdos obtenidos en legislaturas anteriores para acometer una reforma integral de la polémica norma.
A la tercera va la vencida, o eso se espera. El Congreso retoma el próximo jueves el tercer intento para llevar a cabo una reforma integral de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Esta norma, una de las más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó en la Cámara Baja con el único apoyo del PP en marzo de 2015 y, desde entonces, ha estado a punto de ser modificada en el Congreso hasta en dos ocasiones.
El próximo jueves, el Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará una enmienda a la totalidad con texto alternativo registrada por el PP, con la que busca mantener la norma impulsada por el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz ante la proposición de ley del PNV, que recoge el amplio consenso en torno a la modificación de la ley obtenido desde hace casi tres años.
Todo se remonta a febrero de 2019, al final de la XII Legislatura, cuando los partidos, que trabajaron desde el año anterior sobre las proposiciones legislativas para derogar la norma presentadas por el PSOE en 2016 y por el PNV en 2017, alcanzaron un principio de acuerdo para reformar múltiples artículos de la ley mordaza, contando incluso con el apoyo del PP.
La despenalización de la toma de imágenes a los agentes, acotar el término de «seguridad ciudadana» por dar pie a la «ambigüedad» o llevar la práctica de los registros corporales a las dependencias policiales «como norma general» fueron algunos de los puntos en común. Sin embargo, el adelanto electoral propiciado por la devolución del proyecto de Presupuestos de 2019 se llevó por delante la Comisión de Interior justo antes de que se lograra un consenso definitivo.
No obstante, para que los avances logrados no cayeran en saco roto, los grupos solicitaron a los letrados de esta comisión un informe de los acuerdos cerrados, así como las propuestas de correcciones introducidas por las distintas fuerzas políticas. Así, durante la breve legislatura resultante de las elecciones del 28 de abril de 2019, el PNV presentó una propuesta de ley que recogía el resumen del equipo jurídico de la comisión, pero la falta de acuerdo para investir al presidente del Gobierno provocó otra cita electoral, que cerró de nuevo el Congreso y se llevó por delante el segundo intento para terminar con esta ley tan cuestionada por las diferentes asociaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales.
Tercera propuesta, ¿último intento?
Con la formación del nuevo Gobierno de coalición, el grupo vasco volvió a la carga y registró en enero de 2020 la iniciativa con el espíritu y consenso cosechado en las anteriores legislaturas. En esta ocasión, apareció un nuevo impedimento que obligó a retrasar su tramitación (como ocurrió con muchas otras iniciativas): la pandemia del coronavirus. En consecuencia, la actividad parlamentaria ha estado durante varios meses bajo mínimos, centrada en aprobar medidas para luchar contra la emergencia sanitaria.
Una vez la Cámara Baja fue retomando su actividad habitual, el debate sobre la ley de seguridad ciudadana regresó en septiembre con la toma en consideración de la medida. El Congreso, por una amplia mayoría absoluta (203 votos), admitió a trámite la reforma. En esta ocasión, el PP votó en contra, junto a Vox. Y ahora el partido de Pablo Casado pretende echar por tierra los acuerdos obtenidos para mantener una ley que considera «imprescindible» para hacer frente al coronavirus.
El PP no quiere tocar la ley y se escuda en la pandemia, cuando precisamente desde la aplicación del primer estado de alarma se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la norma vigente. Alega que abrir ahora un proceso «complicado» y extenderlo en el tiempo, «con críticas políticas y opiniones jurídicas cruzadas», generará «una evidente inseguridad jurídica» tanto para las autoridades como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos, que tienen que ejercer sus derechos y libertades «en medio de medidas restrictivas, cierres a la movilidad y estados de alarma». Y añade: «Ya es suficiente la alarma y la inseguridad generada por el Gobierno al no acometer las modificaciones legales necesarias y urgentes par no tener que recurrir permanentemente a la excepción constitucional prevista en el estado de alarma».
Polémicas medidas
Cabe destacar que la presente norma, que ha recibido el aval del Tribunal Constitucional casi en su totalidad, contempla varias medidas polémicas. En esencia, entre los 44 apartados que el PNV quiere retocar están la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes y la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario, además de suprimir la posibilidad de hacer cacheos en la vía pública o la incorporación de tres disposiciones finales para revisar el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera. También, con la nueva norma, no se castigarán actuaciones como la perturbación de espectáculos u oficios religiosos, actualmente consideradas por infracciones graves.
En la proposición de ley se acometen relevantes reformas en la línea del principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual «debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga», reza el texto.
Asimismo, la norma sostiene que el régimen sancionador «debe respetar los principios y garantías de la potestad punitiva del Estado», y en lo que se refiere a la fase normativa, la proposición para reformar la «ley sancionadora previa» impulsa el principio de legalidad «en su manifestación de taxatividad, el de responsabilidad personal por hechos propios, el de culpabilidad, el de non bis in ídem y el de proporcionalidad».
