Abogados Cristianos ha presentado una querella contra la alcaldesa de la localidad por el derribo de la cruz. Se ha retirado en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.
La demolición de la cruz del convento de las Descalzas, en el municipio cordobés Aguilar de la Frontera, ha suscitado la polémica e indignación de la comunidad religiosa e incluso de algunos partidos políticos que acusan al consistorio -liderado por Izquierda Unida- de «perseguir la cultura religiosa de millones de españoles».
La retirada de la cruz -conocida como ‘La cruz de los Caídos’- fue ordenada por el Ayuntamiento de Aguilar en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, ya que el monumento se erigió como homenaje a los «caídos» franquistas en la Guerra Civil.
Tras días de controversia, finalmente ha sido cortada este martes en torno a las diez de la mañana y cargada por los trabajadores municipales en un camión, ante las exclamaciones de indignación de algún vecino de la ciudad que clamaba «¡Viva España católica!», como se puede escuchar en las grabaciones de la demolición.
Y es que la Diócesis de Códoba, la Agrupación de Hermandades y Cofradías y personalidades como el obispo de la provincia llevaban días declarándose en contra del derribo. «Ahí están los sentimientos religiosos, por eso que nadie los toque. O si los toca, que se atenga a las consecuencias. Los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota», declaraba el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández en la misa del pasado domingo.
Apenas horas después de la demolición,Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdobacontra la alcaldesa de la localidad, Carmen Flores, acusando a la edil de los «delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio», y exigiendo su inhabilitación para ejercer cargo público.
Asimismo, han denunciado que «la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en pleno ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal». Lo que, según dicen, «evidencia que la decisión de derribo del monumento parte de la discriminación y animadversión de la mandataria hacia los cristianos», tal y como se ha hecho en otras localidades «gobernadas por los mismos partidos».
Desde Vox tampoco han dudado en pronunciarse como ya han hecho en otras situaciones parecidas y acusan a los «talibanes de Izquierda Unida» y, en definitiva, a la izquierda de «perseguir la cultura religiosa de millones de españoles. Son odiadores profesionales», declaraban este martes en sus redes sociales.
«Entendemos que además no tiene la necesaria solidez jurídica, en tanto en cuanto, estamos hablando de un elemento categorizado dentro de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural, por tanto, no se ajusta a las leyes», ha subrayado el portavoz de Voz en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernandez, avisando que «vamos a intentar paralizar con todo lo que sea necesario el derribo de esta cruz tan importante para Aguilar de la Frontera».
Las «connotaciones» de la cruz
«Este equipo de gobierno intenta ser consecuente, responsable y actuar», alegaba este lunes la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, durante la comparecencia en la que anunció la retirada «inminente» de la cruz.
De esta forma, la edil recordó que su derribo se debía a «las connotaciones que tiene» y está en línea con otras acciones de retirada de honores y distinciones de Franco que está llevando a cabo el Consistorio; como la retirada del yugo y las flechas de la barriada del Carmen.
No obstante, desde Cultura han detallado que, aunque la cruz no está vinculada directamente con la Ley de Memoria Histórica porque ya se quitó la placa en su momento, su retirada es beneficiosa por «estar entorpeciendo la visibilidad de un monumento histórico catalogado».
Mientras, el diputado provincial de IU y delegado de Memoria Histórica en la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha resaltado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía «establece en su artículo 32 la obligación de las administraciones públicas de retirar los elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática y a la dignidad de las víctimas» del franquismo.
Por ello, defiende que «elementos como la cruz que se instaló en homenaje a los ‘caídos’, según la terminología franquista, son contrarios al articulado de esta Ley, y su retirada nunca puede entenderse como un ataque a los sentimientos religiosos ni de ningún tipo, como ha dado a entender el obispo, sino como una reparación a las víctimas del golpe de estado y de la dictadura franquista».
