El Gobierno gallego pagará el sueldo de 52 curas para unos hospitales públicos con varias capillas cerradas y con límites de acceso estrictos por la evolución del coronavirus
El proyecto de presupuestos para 2021 que Alberto Núñez Feijóo ha llevado ya al Parlamento de Galicia prevé una partida de casi 700.000 euros en las cuentas del Servicio Galego de Saúde (Sergas) para pagar el salario de sacerdotes. Se trata de abonar los sueldos de 41 curas que desempeñan funciones de capellán en los hospitales de las siete áreas sanitarias de la comunidad autónoma y otros 11 que lo hacen a tiempo parcial. La presencia de religiosos en los hospitales forma parte del paisaje habitual del sistema público de Galicia. Los capellanes realizan turnos y guardias nocturnas, usan los cheques de restaurante y las habitaciones en las mismas condiciones que los sanitarios que realizan los guardias de noche.
Santiago, Vigo y Ourense son las tres áreas sanitarias con mayor número de sacerdotes contratados a cargo del presupuesto sanitario gallego. En cada una de estas zonas la Xunta de Feijóo paga el sueldo de siete curas a tiempo completo y otros dos a tiempo parcial. A Coruña, Lugo y Pontevedra mantendrán seis religiosos a jornada completa en sus hospitales con cargo al erario público y el área sanitaria de Ferrol dispondrá de dos con plena dedicación y otros dos a media jornada.
La media salarial para uno de estos religiosos a jornada íntegra es de 15.000 euros anuales. El puesto les permite compatibilizar sus responsabilidades en los centros sanitarios con la atención de sus parroquias. Según señalan fuentes hospitalarias “se trata de puestos muy disputados y casi siempre en manos de curas de avanzada edad que consiguen un complemento al salario que ya perciben de su diócesis correspondiente”.
La decisión de la Xunta de cargar a su presupuesto sanitario el gasto en sacerdotes no es nueva. La cifra de 41 curas pagados con dinero del Gobierno gallego se mantiene invariable desde que en los años 90, cuando Manuel Fraga firmó un convenio con la iglesia por medio del cual la administración se hacía cargo del gasto. Incluso durante el bipartito que compartieron PSOE y BNG el pago a sacerdotes en la sanidad gallega se mantuvo sin alteraciones.
Con el paso de los años, y el Partido Popular ya de nuevo en el poder, la medida empezó a ser cuestionada en el Parlamento de Galicia por una oposición que nunca consiguió convencer al grupo mayoritario para que reorientase el gasto hacia fines estrictamente médicos. El Partido Socialista lo pidió en 2017 y como respuesta el PP esgrimió el siguiente argumento: “A la ciudadanía no le molesta”.
En aquel debate, el socialista Julio Torrado aseguró que el dinero destinado a sacerdotes permitiría “contratar 15 médicos de atención primaria o urgencias” o “20 fisioterapeutas”. “Es más importante contratar médicos, enfermeros o fisioterapeutas que curas”, sintetizó para defender una iniciativa que también recibió los votos a favor de En Marea y BNG. Ahora, con el avance de la pandemia dando signos de descontrol y la presión asistencial aumentando día a día, el debate sobre la pertinencia de gastarse 685.748 euros del presupuesto sanitario en sacerdotes vuelve a cobrar peso.
En una entrevista concedida a esta redacción, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, explicó que el éxito gallego en la primera fase de la administración de las vacunas contra la COVID-19 se ha conseguido con tan solo 200 enfermeras al frente del trabajo. Por cada cinco de estas trabajadoras a las que el Sergas paga el salario hay un sacerdote que recibe un cheque procedente de la misma bolsa.
A preguntas de elDiario.es, los portavoces oficiales del Servicio Galego de Saúde aseguran que se sigue operando con los criterios de los años 90, en virtud del acuerdo firmado entonces entre Fraga y la cúpula de la Iglesia. Según las mismas fuentes, las funciones de los sacerdotes consisten en “la prestación de servicios religiosos y el acompañamiento para la extremaunción a los pacientes que lo solicitan”. La totalidad de los religiosos a sueldo de la Xunta pertenecen a la iglesia católica.
Las funciones de los curas se han visto muy limitadas en el escenario COVID. La mayoría de las capillas de los hospitales están cerradas a cal y canto, tal y como confirman a esta redacción desde la Consellería de Sanidade. Los religiosos tampoco pueden acceder a la mayoría de las áreas en donde se trata a los enfermos afectados por el coronavirus. En algunos hospitales afectados por brotes, como es el caso de los centros ubicados en Santiago, ni siquiera pueden acceder a las zonas de hospitalización convencional. A pesar de todo ello, la Xunta se vuelve a reservar una importante partida de su presupuesto sanitario para personal con alzacuellos: un total de 700.000 euros en 2021.
