infoLibre recaba los 13 listados autonómicos de centros con «educación diferenciada» con financiación pública, fenómeno presente en todas las comunidades salvo Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha
El 100% de estos concertados son católicos, entre el Opus, organizaciones afines como Fomento, COAS o Institució y grupos como Educatio Servanda, Movimiento Apostólico de Schoenstatt o Compañía de la Cruz
La nueva ley educativa impulsa la prohibición de subvencionar este modelo, aunque en 2018 dicha financiación ya recibió el aval del Tribunal Constitucional
La valoración del Opus Dei ante la Ley Celaá: «Consideramos la libertad un valor incuestionable que se debe respetar, sin ella es difícil trabajar»
Católica y, muy especialmente, del Opus Dei. Así la escuela concertada que separa en España a niños y niñas, un modelo con cuya financiación pública quiere acabar el Gobierno alegando que es contraria a la igualdad. infoLibre ha elaborado, a partir de los datos recabados de las 17 comunidades, un listado de 69 centros. Todos son religiosos, como ha comprobado este periódico a partir de la información facilitada por las autonomías entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre. 62 de ellos están vinculados al Opus, que tiene en la concertada segregadora por sexos un foco de poder e influencia subvencionado por el Estado. Sus defensores alegan que separar a niños y niñas puede tener ventajas pedagógicas y desechan los tópicos según los cuales allí se educan «monjitas y costureras». El Opus, en declaración por escrito, señala que «la libertad» es «un valor incuestionable que se debe respetar».
Este es el mapa de la concertada segregadora.
El reparto por autonomías es: Madrid, 17; Cataluña, 11: Comunidad Valenciana, 10; Andalucía, 9; País Vasco, 6; Galicia, 3; Castilla y León, 3; Asturias, 2; Navarra, 2; Baleares, 2; La Rioja, 2 –que el Gobierno local contabiliza como un centro dividido en dos sedes, una para chicos y otra para chicas–; Cantabria, 1; y Murcia, 1.
Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha no tienen centros de este tipo financiados con fondos públicos.
La educación que segrega por sexo, un abanico en el que caben desde los centros sólo de ellos o ellas hasta los mixtos que separan a alumnos y alumnos en algunas clases o algunos cursos, lleva en el punto de mira desde el arranque de la legislatura. El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos de diciembre de 2019 recogía la eliminación de los conciertos en centros con «segregación educativa por razón de sexo».
Era en parte una reacción a la Lomce, la conocida también como Ley Wert, que ante los crecientes cuestionamientos había introducido en 2013 una mención expresa en defensa de este modelo. «En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos», establecía.
La Lomloe, impulsada por el ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá, ya aprobada por el Congreso y el Senado, recoge que «con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos […] no separarán al alumnado por su género», medida sustentada en Ley de Igualdad de 2007.
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