Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria.
El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.
Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuraciónabiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, también de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. También están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y «cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente».
Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. «Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración», explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. «La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares», explica.
Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar en qué archivo del país se encuentra su expediente. «Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a los expedientes de depuración de los profesionales de la educación», afirma Catalán.
Además de los expedientes en sí, han hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.
Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.
Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.
En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad «el virus republicano». El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, «pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor», señala Concha Catalán.
Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.
Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con «probada moralidad católica» y de «solvencia moral y técnica». Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.
En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.
En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.
Como relata la web de IHR World, «España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal» en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que «debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930».
El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.
Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas.
«Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público», explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, «junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web». A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.
«Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado», cuenta Catalán.
«Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo», indican desde IHR.
«Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas», relatan.
El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. «Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar», explica Catalán.
