La APDH reclama a José Thomas una resolución que no discrimine a los alumnos no católicos, ahora que la Corte habilitó misas y actos católicos en horas de clases
La Asociación Civil Por los Derechos Humanos pidió a la Dirección de Escuelas que garantice la educación laica en las escuelas y albergues estatales para que los alumnos no católicos y sus familias «no sean discriminados» por no profesar las creencias religiosas y no participar de misas y celebraciones y actividades afines.
La presentación administrativa que ingresó este miércoles a Casa de Gobierno vía online, es consecuencia de la sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto la resolución 2719 de la DGE que desde 2018 prohibía las prácticas y actos religiosos en los establecimientos educativos de gestión pública.
Para la APDH, la nulidad dispuesta por la Sala I deja abierta «la posibilidad de que algunos directivos entiendan que es admisible la celebración de misas y dictado de catecismo en horario escolar, discriminando a una fracción del alumnado no católico y forzándolos a revelar datos sensibles, vulnerando las disposiciones de la ley nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales».
El objetivo, además, es que «no sean lesionadas las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión» del alumnado no católico dentro de los edificios escolares públicos y tampoco durante las horas de clases.
Según la APDH, el director de escuelas, José Thomas, debe emitir una nueva resolución que garantice la educación laica. Y que por ende deberá tener en cuenta la discriminación que conllevan, por ejemplo, las celebraciones de “Patrono Santiago” y “Virgen del Carmen de Cuyo” por imperio del calendario escolar dentro del horario ordinario de clases.
La sentencia judicial fechada a fines de noviembre fue firmada por los supremos Teresa Day y Julio Gómez; Pedro Llorente, el tercer integrante del tribunal, no participó por estar de licencia. Fue a raíz de la presentación del Obispado de San Rafael contra la resolución de la DGE bajo el argumento de que «expulsa a Dios definitivamente de la escuela».
Para Gómez, la resolución de la DGE debía ser anulada porque, dijo, «se encuentra viciada en su objeto y transgrede normas constitucionales, correspondiendo ordenar su nulidad».
La DGE, en cambio, aseguró que esa pieza administrativa «respeta y conserva la laicidad de las instituciones públicas».
