La Lomloe incorpora medidas para reducir la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros, sea por causas económicas o porque tengan necesidades especiales, en uno de los sistemas educativos más segregadores de Europa
La nueva ley de educación recoge por primera vez en su texto un concepto que en las últimas décadas ha lastrado el sistema educativo español. En silencio, sin apenas asomar en el debate público, ha minado la calidad de la enseñanza y las oportunidades sociales de miles de alumnos: es la segregación. La ‘ley Celaá’ no solo lo menciona, sino que modifica varios artículos para corregir este fenómeno, que consiste en el reparto desigual de los alumnos vulnerables en función de los centros educativos. Que se consiga o no, sin embargo, dependerá de cómo actúe cada comunidad autónoma.
«La ley genera un buen marco que avala y apuntala las políticas contra la segregación que puedan desarrollar los gobiernos autonómicos», valora Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de la Fundación Jaume Bofill. «Pone unas bases para revertir la segregación; en este sentido va un poco más allá de la LOE, pero es cierto que las medidas más efectivas suelen ser de carácter autonómico y a veces municipal», subraya Xavier Bonal, sociólogo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ambos académicos son reputados expertos en materia de segregación y desigualdades educativas.
Estas medidas que apuntan a una reducción de la segregación han sido bien recibidas entre los sindicatos educativos. En un contexto de satisfacción a medias por la norma, las principales organizaciones a nivel nacional lo destacan entre los aspectos más positivos de la ley de manera unánime.
La escuela concertada, por contra, no está tan contenta. Las principales patronales de centros privados sostenidos con fondos públicos, junto a sindicatos y asociaciones de familias católicas, se han unido en la plataforma Más Plurales para protestar por lo que consideran una ley «invasiva» que coarta la «libertad de elección» de las familias. Respecto a las medidas para limitar la segregación, Más Plurales advierten que no aceptarán «que la Lomloe permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración, por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias».
El Gobierno es consciente de los problemas que le va a ocasionar que las competencias en Educación sean de las comunidades autónomas y que dependa de estas implementar las medidas que incluye la ley. Varios gobiernos autonómicos del PP han anunciado que impugnarán la Lomloe y además realizarán su propia norma educativa para mantener su modelo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegura que va a seguir impulsando la escuela concertada. Murcia y Castilla y León se han manifestado en términos parecidos. El Ministerio de Educación recuerda: es una ley orgánica y hay que cumplirla. Pero luego está la realidad, y no sería la primera vez que Madrid se salta una ley para desarrollar sus políticas educativas. No dejaría de ser una ironía: el Gobierno admite que muchas de las medidas incluidas en la ley se redactaron pensando en Madrid para que sea precisamente esta región la que amenace con no cumplirlas.
A día de hoy, el sistema educativo español es uno de los más segregados de Europa. Un estudio del reparto del alumnado por los centros realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) establecía que haría falta que el 38% de los alumnos de un determinado grupo socioecónomico cambiaran de centro para tener un reparto más equitativo en cuanto al origen del estudiantado (un índice de Gorard del 0,38). Los países mejor distribuidos bajan del 30%. Este mismo informe señalaba que si la Comunidad de Madrid fuese un país, sería el segundo de todo el continente que tiene un reparto más desigual del alumnado desfavorecido. Este problema se ha subestimado a menudo apelando a que es el reflejo de las diferencias sociales entre barrios, pero no es así, y menos en Madrid, que estableció hace años el distrito único en toda la región. En una ciudad como Barcelona, según datos revelados por elDiario.es, existen colegios con cuatro veces más alumnado pobre o inmigrante que la media de su propio barrio. Diferencias extremas a escasos metros.
En su preámbulo, la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada en el Congreso la semana pasada, manifiesta no solamente que la Administración debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, y preservando además la libertad de elección de centro de las familias. También tiene que «velar para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza».
Esta declaración inicial de intenciones se traduce en la modificación de distintos artículos, que van desde reforzar la gratuidad del sistema –las cuotas que cobra la concertada son uno de los principales factores que repele a las familias pobres– hasta las referencias a la distribución equilibrada del alumnado, pasando por cambios en los procesos de admisión y matriculación o en la planificación de las plazas. Se trata, en definitiva, de alteraciones en algunas de las distintas piezas del complejo engranaje que provoca la segregación.
El papel de la concertada
La más llamativa es la que tiene que ver con la red de colegios concertados. Las cuotas que cobran a las familias, teóricamente de forma voluntaria y para compensar la falta de financiación pública, son uno de los factores principales de segregación, aunque no el único. En este aspecto, la leyes siempre han establecido que no se puede cobrar, porque la enseñanza sostenida con fondos públicos debe ser gratuita, pero ahora se añaden algunos matices: no puede haber cuotas apelando a actividades complementarias (no obligatorias) estables en horario lectivo (por ejemplo, una clase de natación que se haga a las 10 horas) y las administraciones «deberán supervisar» que esto se cumpla.
Bonal, sin embargo, advierte de que en el camino hacia la gratuidad real de la concertada habrá que resolver antes un problema que la ley no aborda: que estos centros están en la práctica infrafinanciados. Es decir, que sin los pagos de las familias no les salen las cuentas. Un estudio reciente del Síndic de Greuges en Catalunya lo diseccionaba: una escuela recibe 4.429 euros de la Administración por alumno si es pública y 2.869 si es concertada. Para paliarlo, esta última cobra a las familias cada mes y, con ello, acaba teniendo 6.711 euros por niño o niña, al final mucho más que la pública. Algo va a mejorar este año la financiación de la concertada: el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado incluye este año una subida de los módulos que se pagan por concierto del 5,62%.
Otro aspecto que atañe a la concertada, y que incide en su rol subsidiario de la pública que siempre han defendido las formaciones de izquierdas, es que prohíbe la cesión de suelo público a estos colegios de titularidad privada y elimina el concepto de «demanda social» a la hora de planificar nuevas plazas. Este último se usó a menudo en comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, para favorecer el crecimiento de la concertada en detrimento de la pública, alegando que es la que demandaban las familias.
Este aspecto, sin embargo, no solo tiene que ver con la concertada. Muchas administraciones han abierto más plazas o aulas en escuelas públicas apelando a que esas, a menudo las más atractivas, tenían más demanda. «Quizás no haya sido deliberado, pero eso deja a otros colegios, muy cerquita, que como no tienen demanda se van quedando sin alumnos, luego sin grupos, recluidos en sí mismos y en proceso de convertirse en escuelas gueto», ejemplifica Miquel Àngel Alegre.
Una distribución más equilibrada
La nueva ley hace referencia también a otro aspecto que los expertos juzgan clave y que está en el corazón de la segregación: la distribución del alumnado vulnerable. Todas las leyes, incluso la LOMCE, defendían que cada colegio reservase unas plazas para alumnado con necesidades de apoyo educativo. Pero ahora se añaden algunos matices. En distintos artículos incide en la distribución o presencia «equilibrada» no solo de este alumnado –que se suele asociar al que tiene discapacidades o trastornos– sino también al que «se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida». Más País llegó a proponer establecer cuotas mínimas y máximas en los centros, pero el PSOE creía que plantearía más problemas de los que resolvería y finalmente la idea fue descartada.
La Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo en toda España de cómo separar al alumnado en función de su origen socioecónomico. Dos décadas de Gobierno del PP y su apuesta por la escuela concertada han llevado a la región a ser la que más segrega de Europa. Cuatro de cada diez alumnos (un índice de Gorard de 0,41) tendría que cambiarse de centros para equilibrar los diferentes estratos sociales por los centros, según el estudio de la UAM. Dos elementos sobresalen cuando es analiza la cuestión, explican los expertos: el distrito único y el programa bilingüe implantado en algunos centros. «Se observa la incidencia de las políticas educativas regionales respecto a los criterios de admisión de centros en la segregación escolar, mostrando que políticas como el fomento de la educación privada, de la competencia de centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único pueden configurar sistemas educativos inequitativos que atentan a la igualdad de oportunidades», escribe Javier Murillo, uno de los autores del informe.
El distrito único fue implantado por Esperanza Aguirre en 2013 para potenciar «la libertad de elección de las familias» –mismo lema que inspira las protestas de la plataforma Más Plurales contra la Lomloe–, que a partir de entonces podrían (y todavía pueden) escoger cualquier colegio en toda la comunidad. Se acabaron los puntos por proximidad a la hora de solicitar una plaza y aumentaron los de hermanos, perpetuando las sagas familiares. Sobre el papel esta medida no tendría que ser segregadora per se, al dar a todos las mismas oportunidades. Pero la vida no sucede en el vacío. «Beneficia a las familias que pueden elegir, que tienen acceso a la información y que pueden desplazarse», explica Javier Murillo. Añádase un «y tienen los recursos para pagar clases particulares de inglés» y los argumentos sirven exactamente igual para un programa bilingüe que, como el distrito único, pone a los centros, públicos y privados, a «competir entre sí» en una lógica de «cuasi-mercado», como denuncian habitualmente los sindicatos madrileños.
Mantener la matrícula ‘viva’
En conexión con esta pretensión de un reparto más equilibrado de los alumnos, plantea que haya reservas en cada colegio para este tipo de alumnado, algo que ya hacía hasta la Lomce, pero de nuevo con añadidos. Por ejemplo, que estas cuotas se mantengan más allá de la inscripción y hasta el inicio del curso y que, durante el curso, se pueda autorizar a superar sus ratios de los colegios para asumir a más alumnado nuevo. Ambos aspectos servirían para corregir otro factor, el de la llamada matrícula viva, y que consiste en que los centros desfavorecidos, como tienen más plazas vacantes, se acaban quedando la mayor parte del alumnado extranjero que llega a lo largo del año, ahondando en la segregación.
Los datos apuntan a un país con grandes diferencias entre el alumnado de la escuela pública y el de la privada sostenida con fondos públicos, pese a que sobre el papel no debería haber diferencias. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie ponía números a este tipo de segregación: la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% de familias aventajadas. En la concertada es al revés: el 65,4% provenía de entornos aventajados, el 27,1% en la media y solo el 7,5% tiene origen humilde.
Sobre todos estos aspectos las autonomías han ido interviniendo a lo largo de los años. También en ámbitos como la puntuación para acceder a un centro –ahora se quieren valorar más indicadores sociales– o en el dibujo de las zonas escolares, que la ley pide que incluyan áreas «socialmente heterogéneas». De todos modos, el balance en España de las políticas contra la segregación es «disperso» y con «escasas medidas», según resume Álvaro Ferrer, analista de políticas en Save The Children.
Este académico destaca programas concretos como Programa 2030 de Castilla y León, que busca prevenir la segregación escolar interviniendo en la matrícula viva o las reservas de plazas. O el decreto elaborado por la Generalitat de Catalunya, parado ahora debido a la crisis del coronavirus, que cuando se apruebe fijará que ningún colegio pueda tener más de un 10% de alumnado con dificultades de aprendizaje superior a la media del barrio. El informe de la UAM añade a Galicia, Baleares o Aragón como las tres regiones con una menor segregación del alumnado.
