Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases
El problema de las críticas de la derecha a la nueva ley de Educación es que son falsas. Dicen cosas de la ley que la ley no dice. Ni desaparece la Educación Especial ni queda desprotegido el español ni se coartan las libertades de nadie. ¡Libertad, libertad!, gritaban aporreando el escaño en el Congreso la semana pasada y el cláxon en la mani sobre ruedas del fin de semana. Protestan porque la Ley Celáa potencia la escuela pública frente a la concertada y elimina las cuotas obligatorias de ésta, dando pie a que ingresen hijos de familias más desfavorecidas. Lo que llaman libertad es que todos paguemos sus privilegios y que sus hijos no se mezclen con los hijos de la plebe. Son liberales a costa del Estado y clasistas a costa de las demás clases.
La educación privada no es un derecho como no lo es la sanidad privada. El Estado no tiene la obligación de pagarle el colegio o el hospital privado a nadie, sólo de proporcionar educación y sanidad pública para todos. Los conciertos nacieron porque la pública no podía absorber todos los alumnos de las Escuelas Católicas. Su función es cubrir los huecos a los que la pública no llega. Pero lo que surge como un parche, se ha convertido en norma protegida por las derechas nacionales y nacionalistas, que en la última década han aumentado un 25% su presupuesto para las concertadas quitándoselo a la pública, que sólo ha aumentado un 1,4. Quítatelo a ti para dármelo a mí.
Es muy significativo que PP, Ciudadanos, Vox, PNV y JxCat, partidos que no pueden ni verse en todo lo demás, han dejado de lado sus banderas para unirse en la defensa de la concertada. Las razones son sencillas: el 70% de los centros concertados son de la Iglesia, el otro 30% de empresas privadas, muchas de corte conservador y ultraconservador. Otro dato revelador: por comunidades, las más ricas también tienen más concertadas y las pobres, menos. Religión y dinero, ésas son sus verdaderas banderas. Las nacionales sólo las agitan para favorecer a aquéllas. No sólo financiamos intereses privados con el dinero de todos, estamos subvencionando la ideología desigual de la clase dominante.
Las concertadas aducen que le ahorran mucho dinero al Estado, pero la realidad es que son un negocio de 6.000 millones de euros al año. Ésa es la clave. Con la Iglesia y la Empresa hemos topado, querido Sancho. Nos enfrentamos a los gigantes de siempre, a un poder religioso que es más económico que sociológico, a un poder económico que es más ideológico que democrático. La misma Constitución española y los Acuerdos con el Vaticano consagran la colaboración del Estado con la Iglesia católica en materia educativa, a pesar de la aconfesionalidad de nuestra democracia.
Nuestro propio marco legal llama libertad a la desigualdad y a ella se agarra la derecha para tirarse a la calle y a los tribunales, donde intentarán derribar una ley que ha sido aprobada por mayoría con el apoyo de siete formaciones. Muchas más que la suya, que la aprobaron por mayoría aplastante sin acordarla con nadie. Ahora piden consenso, y ojalá fuera posible, pero su actitud demuestra que son palabras huecas porque buscan el choque.
Aunque se tengan que inventar las razones. No es cierto que esta ley vaya a acabar con la Educación Especial sino que los colegios deben habilitar los recursos necesarios en diez años para atender a las personas discapacitadas, como piden las asociaciones. Quien sí llevaba la supresión de la Educación Especial es Vox, que ha borrado su programa de la red para ocultarlo, mientras coge el megáfono contra el Gobierno por algo que el Gobierno no dice. La ultraderecha usando a los más débiles con fines políticos, nada nuevo.
Tampoco el español corre peligro. La denominación «lengua vehicular» que ha desaparecido de la ley, sólo figuró en la anterior del PP, en ninguna otra, por motivos simbólicos más que prácticos. El castellano está protegido por la Constitución, las comunidades tienen la obligación de enseñarlo por ley y por sentencia del Supremo y sigue siendo de lejos la lengua más hablada en Cataluña o Euskadi. Por no hablar de que Madrid con el PP puso en marcha el programa de bilingüismo en el que la lengua mayoritaria es el inglés, no el castellano. Esta ley sólo intenta igualar el uso de las otras lenguas oficiales.
Aunque el Gobierno no haya sabido explicarlo, de eso va esta ley principalmente, de proporcionar una educación más igualitaria. En ese sentido, se queda corta. Le falta ambición para proponer un modelo educativo más transformador, creativo y crítico. Le falta audacia para enfrentarse al modelo de conciertos. La crítica que podemos hacerle al Gobierno no es que limite la escuela concertada sino que no se atreva a proponer su desaparición progresiva para sustituirla por una enseñanza pública que llegue a todos, como en Irlanda, Finlandia, Alemania, Portugal o Francia donde hay entre un 100% y un 85% de enseñanza estatal. En España sólo es un 68% y somos subcampeones en concertada, sólo detrás de Bélgica. Deberíamos exigir al Gobierno ser como aquellos países. Deberíamos exigir una educación igualitaria universal, no una que segregue por clases, sexos o creencias. Ésa es la verdadera libertad, la que nos hace a todos iguales.
La derecha se tira al monte, que en su caso es coger el coche y la bandera para manifestarse.
Javier Gallego
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