Los años de recortes han ahogado a la educación pública española que se enfrenta ahora a una situación aún más delicada por las brechas que ha generado la pandemia. En ‘Público’ lanzamos una campaña para pedir al Gobierno que la inversión alcance el 5% del PIB: para luchar contra la desigualdad hay que apostar por los servicios públicos.
El año 2009 fue el que más se invirtió en Educación en España: un 5,04% del PIB. En el último año sobre el que hay datos, 2018, la inversión había caído al 4,21%, según el informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación del Ministerio de Educación. Aún no hay estadísticas oficiales sobre el PIB de 2019, pero desde Bruselas ya advirtieron que el gasto presupuestario de Educación llevaba años congelado.
Para medir la evolución de la inversión en educación podemos recurrir tanto a términos absolutos —que nos sirven para ver si se ha invertido más o menos millones— o al relativo, con el que se consigue, sobre todo, hacer una comparación con los países europeos. Durante toda una década, la inversión ha ido reduciéndose en ambos términos mientras que el gasto de las familias sí ha ido aumentando.
El primer recorte en educación llegó cuando aún gobernaba el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 tras pasar de los 53.895 millones a los 53.099 spués de años incrementando esta partida. Pero el gran tijeretazo se dio con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando se pasó de una inversión de 50.000 millones en 2011 a los 46.000 millones en 2012.
Cuando la pandemia empezó no partíamos de una buena situación porque los efectos de los recortes ya se notaban en la educación y en cómo los más vulnerables eran los más afectados. La inversión en educación no es algo abstracto: tiene efectos claros sobre la calidad y los conocimientos que adquieren los menores. Tiene una consecuencia directa sobre la igualdad de oportunidades.
A principios de año, Público avanzaba el último informe sobre educación del Observatorio Social de «La Caixa». Las «disfunciones» más importantes del sistema educativo español detectadas eran los altos niveles de abandono escolar, el elevado peso del origen socioeconómico en los resultados académicos y el alto nivel de segregación por origen social.
Hay datos verdaderamente graves: uno de cada dos estudiantes de secundaria cuyos padres tienen un nivel socioeconómico bajo ha repetido curso y en las familias de nivel alto sólo repiten uno de cada nueve alumnos. En consecuencia, estas diferencias aumentan la probabilidad de abandono escolar de los estudiantes más pobres. Además, estas desigualdades han aumentado con los años. En 2003 el porcentaje de alumnos que repitió curso de origen socioeconómico bajo era de 40,9 puntos. En 2015, último dato al que se tiene acceso, aumentó hasta el 49,9%. Pero esto no sucede en todas las clases: en las de origen medio creció, pero del 31,1 al 32,4. Mientras que en las familias ricas sólo aumentó unas décimas: del 15,1 al 15,5.
La pandemia agravó estas diferencias. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, lo advirtió al comienzo de la emergencia sanitaria: «Estamos entrando en un territorio inexplorado y trabajando para encontrar soluciones de alta tecnología, baja tecnología y sin tecnología para asegurar la continuidad del aprendizaje». «Hay que garantizar que esta crisis promueva la innovación y la inclusión en lugar de exacerbar las desigualdades en el aprendizaje», sostuvo ya en marzo.
Pero lo cierto es que si mirábamos a nivel internacional, España tampoco partía de una buena base para abordar este gran reto. Solo fijándonos en la Unión Europea y en los datos de Eurostat, vemos que España está por debajo de la media. Superar la media europea es lo primero que coinciden los expertos y las organizaciones en pedir.
Lo que entonces era un aviso es ya una realidad. Revista de Sociología de la Educación (RASE) publicó en su especial sobre la pandemia un artículo del experto en Sociología de la Educación y profesor de la Universidad de La Laguna, Leopoldo Cabrera, sobre cómo aumenta la desigualdad de oportunidades educativas: «Un millón de estudiantes pueden estar afectados en España al carecer de recursos electrónicos para seguir las clases telemáticas (14% según el Ministerio de Educación)».
«La desigualdad de oportunidades educativas aumenta al afectar más al alumnado de familias desfavorecidas y que empeora el diferencial de desigualdad de oportunidades existente cuando los centros estaban abiertos. Las respuestas de Tracey Burns para la OECD (2020), de Andreas Schleicher para la OECD (2020), de la UNESCO (2020) y de Sanz, Sáinz y Capilla para la OEI (2020) apuntan a ello al advertir y sugerir que las medidas políticas gubernamentales deben estar diseñadas para evitar la profundización de la desigualdad educativa y social y la brecha digital», concluye el experto en las conclusiones del estudio.
Más inversión para luchar contra la desigualdad
La organización de defensa de la infancia Save the Children publicó el informe Covid-19: Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada. La organización pide un plan Marshall que tenga como prioridad a los alumnos de clases menos pudientes y vulnerables. Cuantifica este plan en una horquilla que va de los 4.200 millones de euros propuestos por la Central Sindical Independiente de Funcionarios a los 5.000 millones estimados por la propia organización.
¿Por qué hay que aumentar la inversión? Porque es la única fórmula que puede garantizar más recursos, más docentes y menos ratios. La brecha social en las condiciones de habitabilidad de los espacios de confinamiento, la brecha digital en el acceso a internet y a ordenadores, la brecha cultural en el apoyo que las familias pueden prestar a la actividad educativa y la brecha en la formación docente. «Ser conscientes de las debilidades del sistema es el primer paso para poder afrontar otra forma de educar», valora la catedrática de Teoría e Historia de la Educación en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, Pilar Ballarín.
La experta reconoce los fallos del sistema y considera que es el momento de preguntarnos el papel de la escuela en «otro» mundo después de lo vivido. «Un sistema escolar diseñado para el siglo XIX ha llegado hasta aquí cambiado muy poco. La escuela transmisora de conocimientos ha sido capaz de sobrevivir a la tecnificación progresiva (ordenadores en las aulas y conexión general a internet) que se producía a comienzos del siglo XX, cuando se esperaba que fuera un revulsivo para el clásico profesor transmisor de información de algunos niveles. Pero ahora es el momento», demanda.
Parte de la solución pasa por una atención más personalizada y poner sobre la mesa los «cambios» que deberían ser más relevantes y que van más allá de la seguridad en las aulas: «Los contenidos y la función de la escuela poscoronavirus».
Un acuerdo por cumplir: el 5% del PIB en 2025
Este martes se conocerá el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Una oportunidad para saber si el Gobierno de coalición va encaminado a cumplir con sus promesas sobre educación. «Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios en todos los niveles educativos», aseguraron PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno.
Este año no ha llegado a darse la reducción de ratios que debe ir acompañada de este aumento de inversión, pero lo cierto es que los alumnos y los centros escolares necesitan urgentemente más inversión. El pasado agosto, António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ya avisó que ante esta «catástrofe generacional» la única salida es «incrementar los presupuestos de educación».
Los Presupuestos de 2021 no apuntan a un mal camino, pero nuestra educación no puede esperar a 2025. La urgencia está ya. De momento, lo prometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Presupuesto de 2021 es que la inversión en el sistema educativo público y de formación profesional aumenta un 70,2%, con un incremento de 514 millones en la partida de becas y un plan de modernización de la formación profesional a cuatro años dotado con 1.500 millones.
Por otro lado, un grupo de expertos, profesores y organizaciones como Save The Children han pedido 10.000 millones de los fondos europeos para «rescatar y transformar el sistema educativo» para desarrollar cuatro puntos claves: apoyo educativo y tecnológico al alumnado tras la covid, digitalización de la administración educativa, un plan integral de infraestructuras y formación, y capacitación del profesorado.
En Público hemos lanzado una campaña para exigir al Gobierno que dedique el 5% del PIB a la educación pública. Invertir en los servicios públicos es una de las mejores herramientas de un país para luchar contra las desigualdades.
