La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá con el Papa Francisco una «conversación rica», igual que «rica es la lista de cuestiones sobre las que hay gran sintonía».
Aunque no ha avanzado los temas que tratarán en su conversación, así lo ha afirmado después de haberse reunido ella misma este martes con Paul Gallagher, secretario de Estado Vaticano para las relaciones con los Estados.
Según ha dicho, fue una conversación «grata» de algo más de una hora en la que también percibió esa «gran sintonía» en múltiples asuntos «entre sus posiciones y las del Gobierno español».
En concreto, repasaron cuestiones que importan tanto a España como el Vaticano y Gallagher le transmitió la «sensibilidad del Santo Padre con el cambio climático», plasmada en la encíclica ‘Laudato si’.
También, ha explicado, hablaron de la defensa de un sistema multilateral más fuerte para gestionar la interdependencia y el cambio climático, de las migraciones y de la situación en el Mediterráneo, Latinoamérica y el Sahel.
El Papa Francisco recibirá el próximo sábado 24 de octubre en el Vaticano al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Según confirmó la Sala de Prensa de la Santa Sede, el encuentro tendrá lugar a las 9:30 de la mañana (hora de Roma) y el mandatario español accederá al Palacio Apostólico por el Claustro de San Dámaso.
Pedro Sánchez es presidente del gobierno español desde el 2 de junio de 2018 en que presentó una moción de censura contra su predecesor, Mariano Rajoy, y logró el apoyo del Congreso de los Diputados para formar gobierno.
En las elecciones de noviembre de 2019 logró ser el candidato más votado con el PSOE (partido socialista), pero no logró la mayoría absoluta, por lo que tuvo que coaligarse con el partido de ideología comunista Podemos, y una serie de pequeños partidos nacionalistas, independentistas y de extrema izquierda.
Aunque se desconoce cuál será el contenido de la reunión con el Pontífice, hay varios temas que friccionan las relaciones entre la Iglesia y el Estado y que podrían estar en la agenda del encuentro.
Valle de los Caídos
Uno de los temas que posiblemente trate el presidente español con el Papa Francisco y con el Cardenal Pietro Parolin será la situación del Valle de los Caídos. Después del largo proceso para exhumar el cuerpo del general Francisco Franco el 24 de octubre de 2019, el gobierno español dio un paso más allá con la nueva Ley de Memoria Democrática que pretende aprobar.
Esa nueva Ley implicaría la expulsión de la comunidad de benedictinos que administra este conjunto monumental formado por una abadía, una basílica y un cementerio, la transformación de dicho cementerio en un cementerio civil y la “resignificación” del lugar.
En el anteproyecto de la Ley no se explica en qué consistiría esa “resignificación” y, en declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta Carmen Calvo no descartó que se pudiera proceder al desmontaje de la gran cruz del Valle de los Caídos, de 300 metros de altitud, la más grande de la cristiandad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Juan José Omella, reclamó que esa “resignificación” del conjunto monumental del Valle de los Caídos se realice mediante “un diálogo con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal y con la Archidiócesis de Madrid”.
Por su parte, el portavoz de la CEE, Mons. Luis Argüello, destacó que “la cruz es un signo de reconciliación, porque es donde murió una víctima que nos habla de reconciliación”.
“Nos parece que, en ese lugar, incluso resignificado y acogiendo diversas perspectivas de la vida, sigue habiendo un templo, una basílica pontificia en la que se ora por el descanso de los difuntos en la celebración de la eucaristía sea una referencia de esperanza para los que así quieran consolar su dolor y avivar su esperanza”.
Estos planes del gobierno han causado gran indignación y preocupación entre algunos sectores de la sociedad española. En concreto, entre los cristianos y, sobre todo, entre los familiares y descendientes de las personas enterradas en el cementerio del Valle.
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (APDVC), anunció que acudiría a los tribunales internacionales para defender a los familiares de los enterrados en el Valle de los Caídos.
Además, más de 55 mil personas firmaron una petición para frenar los planes del gobierno y evitar un posible derribo de la Cruz.
Los planes del gobierno chocan frontalmente con el espíritu de reconciliación con que se construyó esta basílica y su Cruz. Según explicó a ACI Prensa el historiador Alberto Bárcena, “desde la muerte de Franco se le ha querido dar un valor político al Valle de los Caídos, porque hasta entonces parecía que se comprendía que era un monumento a la reconciliación. Y la campaña contra el Valle de los Caídos es porque se ha querido anteponer su simbología franquista, y como si la simbología y significado religioso fuera secundario o despreciable”.
El Valle de los Caídos era “un lugar de concordia y reconciliación porque se proyectó así”, explicó.
Ley de eutanasia
Otro frente abierto por el gobierno español, y que choca frontalmente con la defensa de la vida promovida por la Iglesia católica, es el de la eutanasia.
El pasado 10 de septiembre el gobierno promovió en el Congreso de los Diputados el debate sobre la nueva ley de eutanasia que se pretende que se apruebe en los primeros meses de 2021.
El gobierno pretende aprobar una nueva legislación que permita acabar voluntariamente con su vida a personas que sufran una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos que recoja el texto legal, y que debe ser certificado por el médico responsable.
Sin embargo, más de 100 personalidades y representantes de diferentes ámbitos de la vida pública española se han unido en una plataforma conocida como “Los 7000” para oponerse a la legalización de la eutanasia en España.
Los integrantes de esta plataforma defienden que “lo realmente necesario para detener el sufrimiento no es la muerte, sino leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada. Necesitamos con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población”.
Por su parte, el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, calificó la posible aprobación de la nueva ley de eutanasia como la derrota “mayor e histórica de España entera, de la sociedad española”. El Cardenal Cañizares calificó también esta ley de la eutanasia como una “injusticia” “monstruosa”.
Asimismo, el portavoz de la CEE, Mons. Luis Argüello, pidió, frente a la eutanasia, promover el uso de los cuidados paliativos para “acoger, acompañar a la vida humana en todas las circunstancias”.
Ley del aborto
Además de la eutanasia, la intención del gobierno español de ampliar el acceso al aborto ha suscitado el rechazo de la Iglesia en España.
La nueva reforma de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015, anunciada el pasado 7 de octubre por la ministra de Igualdad, Irene Montero, prevé la eliminación de la obligatoriedad del consentimiento paterno para que aborten las menores de edad.
El aborto es legal en España desde el año 1985. La actual ley del aborto en España fue reformada en el año 2015 y en ella se extendía la posibilidad de abortar a las menores de 16 y 17 años, pero deben contar con el consentimiento paterno.
El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia (UCV) calificó esta medida como algo que “lejos de ser liberadora y promotora de los derechos de la mujer, pone a las adolescentes en una situación de riesgo”.
Además, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, manifestó su rechazo a esta posible reforma.
Según afirma Latorre en un comunicado, “efectivamente hay que derogar la ley del aborto, pero no para ampliarla, sino para promulgar una que respete el derecho a la vida de todo ser humano, que lo es desde el momento de la concepción, y eso lo dice la ciencia y el sentido común”.
Ley de Educación
Otra ley controvertida que pretende aprobar el gobierno español es la nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que prevé marginar la asignatura de Religión y restringir la enseñanza concertada que permite a los padres elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Según la plataforma Concertados, que defiende a las familias de las escuelas concertadas, las enmiendas introducidas por la nueva ley educativa “refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación”.
Esta plataforma denuncia que el gobierno ha mostrado “una actitud totalitaria y una absoluta falta de consenso”.
Escuelas Católicas, institución que representa a dos mil centros educativos de toda España, con más de 1,2 millones de alumnos, han rechazado esta nueva ley.
Según sus portavoces, la nueva legislación educativa “considera la enseñanza concertada como subsidiaria de la escuela pública y limita los derechos de los titulares de los centros y de las familias, sometiendo la libertad de elección a la ‘planificación’ administrativa y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades concertadas”.
Visita a Manresa y Montserrat
Por último, podría estar también en la agenda de la reunión entre el Papa Francisco y el presidente español la visita del Pontífice a las localidades españolas de Manresa y Montserrat con motivo del Año Ignaciano, en 2022.
San Ignacio de Loyola vivió en Manresa entre el 1522 y el 1523 el momento del cambio de su vida. Llegó desde el Santuario de Montserrat en donde renunció a sus vestidos nobles y a la espada en una vigilia memorable ante la Virgen de Montserrat.
Además, estos lugares son significativos porque en Montserrat y Manresa San Ignacio completó su itinerario espiritual y elaboró los Ejercicios Espirituales.
Inmatriculaciones
Otro tema polémico, pero que parece haber decaído en los últimos meses, es el de la pretensión del gobierno de publicar la lista de los bienes de la Iglesia católica inscritos en el Registro de la Propiedad.
Según partidos políticos de la izquierda, incluidos los partidos de la coalición del gobierno, las inmatriculaciones realizadas en ese registro por medio de las cuales la Iglesia formalizaba su propiedad sobre templos y edificios que pertenecen a la Iglesia desde hace siglos, son ilegales, y esas propiedades deberían pasar a ser propiedad pública.
Ese argumento se empleó especialmente para reclamar el uso público de la Catedral de Córdoba, construida sobre una antigua mezquita que se alza, a su vez, sobre una basílica primitiva.
Sin embargo, este tema parece haberse caído de la agenda del gobierno, al menos por el momento.
