La enfermedad y el dolor es parte de la propia vida y cuando existe la certeza de un final cierto, no inmediato, con enorme dolor y sufrimiento, ya no por compasión, sino por propia aceptación de la condición humana, no se puede condenar a vivir a quien no tiene otra expectativa que una vida de inmenso sufrimiento
Reconozco que he conocido el informe del Comité de Bioética sobre la Eutanasia a través de los medios de comunicación con cierta sorpresa y un enorme interés. Sorpresa, porque es realmente una forma un poco extraña de asesorar, como pretende, en la toma de decisión política toda vez que ya se han sustanciado tanto la toma en consideración de la proposición de ley como el debate de totalidad de las respectivas enmiendas del Partido Popular y de Vox. Más aún cuando este era el tercer debate sobre esta proposición de ley registrada el 24 de enero de 2020.
Un enorme interés en conocer el análisis de este comité sobre la despenalización de la eutanasia, la definición de un nuevo derecho subjetivo y la regulación de su práctica. Por los juicios que contiene da la impresión de que el informe no se realiza a propósito de la proposición de ley en tramitación en Cortes Generales, sino sobre prejuicios. Por ejemplo, advierte sobre la posible inducción del entorno para acabar la vida con los más vulnerables debido al que denomina «cansancio de cuidar» o en la salud mental, cuando la proposición es sumamente garantista para asegurar la autonomía de decisión, la salud mental no se incluye como caso y los cuidados son regulados en otras leyes como la de dependencia, también como derecho subjetivo.
Hay tres aspectos que resultan altamente llamativos en el informe: en primer lugar, se focaliza constantemente la práctica de la eutanasia en el colectivo de personas mayores y vulnerables (sutilmente asimilado a homicidio) y cita en demasiadas ocasiones las muertes provocadas por la COVID-19 en residencias de mayores. Si lo primero es impreciso, lo segundo es intolerable. Pero en ninguno de los dos casos aporta un solo estudio que relacione la edad con las solicitudes de eutanasia que pudiera respaldar estas graves aseveraciones. Ni aporta datos sobre una revisión sistemática de informes plurales publicados que sostengan los juicios emitidos.
En segundo lugar, en todo el informe no existe una sola mención a la voluntad de la persona que sufre una enfermedad o padecimiento insoportable. En su análisis es la sociedad quien les induce, especialmente a las personas necesitadas de cuidados y con menor nivel educativo y socioeconómico, sin aportar un solo dato sobre esta inadmisible advertencia. Es más, niega absolutamente la posibilidad de tal derecho subjetivo por considerarlo el mal y un mero deseo de la persona cuya satisfacción puede afectar a terceros (sic). Ni una sola mención a la Ley de Autonomía del Paciente, vigente desde 2002, que proclama la dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad para, una vez informado, recibir o rechazar tratamiento.
El informe lleva mucho más lejos el intencionado olvido de la exclusiva voluntad del paciente, fruto de la decisión libre y responsable en consonancia con sus valores y que la proposición de ley en tramitación garantiza, para situarlo en manos del Estado, asegurando que este se convierte en dueño de la vida de las personas. Y la inclusión en la cartera de servicios, una obligación (de provocar la muerte) para los profesionales, ocultando deliberadamente la objeción de conciencia que la ley establece.
Curiosamente, citando a Kant, considera la humanidad como un bien a proteger en sí mismo. Es cierto, lo mismo que la biodiversidad de los ecosistemas que hacen posible la vida de la humanidad, pero se vuelve a olvidar que la humanidad es una abstracción del conjunto de seres humanos que habitamos el planeta. Y es la condición humana la que vive, enferma y muere. La enfermedad y el dolor es parte de la propia vida y cuando existe la certeza de un final cierto, no inmediato, con enorme dolor y sufrimiento, ya no por compasión (injusta para el informe), sino por propia aceptación de la condición humana, no se puede condenar a vivir a quien no tiene otra expectativa que una vida de inmenso sufrimiento. Sencillamente por esa humanidad como bien superior.
El tercer aspecto es la pretendida confusión entre cuidados paliativos (incluye también la atención sociosanitaria) con la eutanasia. Son diferentes situaciones y las medidas no son sustituibles. Los cuidados paliativos se aplican a situaciones con pronóstico de muerte inminente y no necesitan una nueva regulación. Es una prestación incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La calidad de las prestaciones depende de la decisión de los gestores de los respectivos servicios de salud. Cabría preguntarse, eso sí, si los recortes en la sanidad y la dependencia a partir de 2012 han dificultado la implantación de unidades de cuidados paliativos y los cuidados a los mayores y la discapacidad.
El manifiesto sobre la eutanasia de la Fundación Borja encabezado por el fallecido padre jesuita Francecs Abel Fabre, uno de los padres de la Bioética, dice:
«Toda reflexión sobre la eutanasia debe enmarcarse en una clara apuesta por la vida de toda persona, y por una vida humana de calidad… La vida es un don que recibe la persona para vivirla responsablemente. De ahí que no la podamos concebir como un hecho que nos limita, sino como un potencial del que disponemos para ponerlo al servicio de un proyecto verdaderamente humano y humanizador.»
