La Diócesis de Santiago, que abarca 109 municipios gallegos cuyos límites son, al norte, Ferrol, y al sur, Baiona, posee 6.847 bienes, según el registro del Catastro. De todo tipo: desde la emblemática Catedral de la capital gallega y otros 63 Bienes de Interés Cultural de incalculable valor histórico y artístico hasta cultivos de eucalipto, fincas agrarias, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje o vulgares trasteros. Un patrimonio que representa 31.133.540 metros cuadrados, una superficie equivalente a 3.113 campos de fútbol. Están valorados por Hacienda en un total de 300,1 millones de euros. Una cifra bien ínfima y alejada de su precio en el mercado. Una cuarta parte de esas propiedades (1.677) son bienes urbanos de uso no religioso.
Desde el Arzobispado de Santiago aseguran que arriendan «alguna» vivienda social a familias con escasos recursos. «Alguna» antigua casa rectoral desertada debido a la acuciante falta de sacerdotes también se ha reconvertido en residencia familiar de alquiler. Pero la Iglesia católica no da datos sobre sus posesiones ni sobre lo que le reportan, sean o no dedicadas al culto.
La discreción de la curia sobre su faceta inmobiliaria es legendaria. Se esmera en no facilitar pistas. Y menos cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en cartera determinar la naturaleza y extensión exactas del patrimonio eclesiástico y garantizar que se paguen impuestos, incluido el que grava bienes inmuebles (IBI), por todas las actividades y propiedades que no tengan que ver con acciones estrictamente religiosas o sociales. Solo en el término municipal de la capital gallega, los dominios de la curia de uso no religioso sumaban hace una década unos 850.000 metros cuadrados. Unos 200 bienes en total, según el registro catastral.
En las cuentas de la Diócesis de Santiago, unos 21,2 millones de euros en 2018, menor es el peso de lo que recauda en alquileres: son apenas 1,12 millones, un 5% de sus ingresos anuales. En la partida de «recursos extraordinarios», la enajenación de patrimonio, sea por cesión o venta, le reportó 883.155 euros. Sus bienes tampoco aparecen inventariados en el estudio que la curia encargó a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para determinar el impacto en la sociedad y la economía de Galicia de una diócesis que incluye la capital autonómica, A Coruña y Pontevedra.
Resulta evidente que sus posesiones, sean de carácter rústico con fines agrarios (poco más de la mitad, 3.492 bienes) o urbano, tienen repercusión socioeconómica, reconoce el profesor Xosé Antón Rodríguez, coordinador del informe. Pero habría que desplegar muchos recursos y esfuerzos para averiguar el uso, destino y beneficios de un opaco patrimonio eclesiástico. Ni siquiera el Estado lo tiene catalogado al margen del Catastro, remarca Rodríguez.
El estudio, concebido como una herramienta para poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y la economía, no entra en la faceta inmobiliaria de la Diócesis de Santiago. Ni tampoco en analizar o cuantificar lo que representarían para el erario público los cientos de miles de euros que se ahorra al estar el patrimonio eclesiástico exento del gravamen sobre la propiedad. Galicia aparece como la segunda comunidad autónoma con más bienes religiosos, 7.800 en total, después de Castilla y León, que casi la triplica en superficie. Son datos de la recopilación que hizo la Dirección General del Catastro hace un par de años.
Pero a la hora de estudiar el impacto socioeconómico de la Iglesia compostelana, el coordinador del informe, especialista en Economía Cuantitativa, considera «importante e interesante» analizar la repercusión social del patrimonio religioso con poderosa atracción cultural y turística, como es la basílica compostelana, en el corazón de un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad al igual que el Camino de Santiago, así como las innumerables iglesias y otros edificios históricos en su posesión. Y poner en relieve el beneficio social que representan sus actividades, tanto las de índole pastoral (misas, celebraciones de bautizos, primeras comuniones y bodas, así como la catequesis) como las de tipo asistencial o caritativas que fundamentalmente presta a través de Cáritas. Una entidad que cuenta con un presupuesto anual de 6,8 millones de euros.
Por cada euro del erario público que recibe la Diócesis de Santiago, «invierte uno y medio en la sociedad», según concluye el estudio realizado por cinco catedráticos y profesores de la universidad compostelana. Un cálculo que obtienen al contraponer los más de 8,2 millones de ayudas públicas que percibe el Obispado compostelano gracias a los ciudadanos que marcan la casilla ‘Iglesia’ en sus declaraciones del IRPF y a otras subvenciones de las administraciones con los 12,57 millones que la curia gasta en «acciones pastorales y asistenciales» (9,1 millones), programas de rehabilitación de patrimonio (casi tres millones) y aportaciones a centros de formación, fundamentalmente seminarios (poco más de medio millón).
Son esas actividades «las que generan un impacto principal en la sociedad», subraya el informe universitario. No entra a valorar que la sociedad es también artífice de esa repercusión: las «aportaciones voluntarias de los fieles» suponen el 37% de los ingresos anuales de la Diócesis y Cáritas, más de 10,3 millones de euros. El profesor Rodríguez subraya además que la labor desinteresada de voluntarios es lo que refuerza el «impacto principal» de las acciones pastorales y asistenciales de la Iglesia compostelana: si tuviera que contratarlas a precio de mercado, le costaría más. Aunque tampoco se explica así en el resumen del estudio presentado en público recientemente: se prefiere darle la vuelta y subrayar que «por cada euro que gasta la Diócesis en acciones pastorales o asistenciales, le ahorra a la sociedad en términos de coste de mercado».
El informe universitario pone el acento en reivindicar para la Iglesia el indudable beneficio social y económico que constituye la atracción turística «de primer nivel» que genera el patrimonio cultural-religioso de la Diócesis de Santiago. Cada euro que gastan sus visitantes, sean peregrinos o turistas con nulo interés en el culto, genera casi dos en la economía gallega y más de 23 empleos. Y puestos a valorar el reporte de las actividades de la curia en la sociedad, se pone también énfasis en el «el fuerte impacto en las redes sociales», lo mucho que se cuelgan fotografías y selfis al pie de la Catedral compostelana o de un edificio religioso del casco antiguo de la ciudad, o la relevancia que los ciudadanos dan en sus perfiles a trabajos de conservación del patrimonio eclesiástico o acciones de Cáritas.
