El Tribunal de Cuentas español abre la puerta en su último informe a que se investiguen las aportaciones a la cadena ultraconservadora. Además, dos sentencias del TJUE de 2017 y 2018 confirman que la exención sobre los bienes inmuebles que se dedican a actividades mercantiles puede constituir una ayuda prohibida por la legislación europea
Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han solicitado este jueves a la Comisión Europea que aclare si la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del que goza la Iglesia Católica en España y la donación por un valor de 20 millones de euros a la cadena ultraconservadora Trece TV suponen ayudas prohibidas por la legislación europea.
IU traslada estas cuestiones en dos preguntas parlamentarias. La primera de ellas -sobre las donaciones a Trece TV- hace referencia al informe del Tribunal de Cuentas de España (TC) que el pasado mes de julio advirtió que los 20 millones de euros que la Iglesia dio a la cadena de televisión, gracias al dinero que recibe de la declaración de la renta, pueden ser consideradas ayudas de Estado prohibidas por la Unión Europea.
El TC explica que “debe destacarse que, en las memorias de 2016 y 2017 se señala que se han realizado aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria, que podría ser objeto de análisis por órganos competentes en ello”. Y a continuación, abre la posibilidad de que haya una investigación para comprobar que “respeta lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la sentencia C-74/16 y en la Comunicación 2016/C262/01”.
En febrero de este año Rego y Pineda junto con los eurodiputados y eurodiputadas de Unidas Podemos pidieron a la Comisión que explicara su posición sobre estas ayudas y la vicepresidenta Margrethe Vestager contestó que hasta que el TC no hiciera público su informe definitivo no se podría estudiar el caso. Los eurodiputados de IU creen que el documento final hecho público en julio prueba la irregularidad de las donaciones.
En una segunda pregunta, Rego y Pineda se refieren a la exención del IBI del que goza la Iglesia en España gracias a los Acuerdos con la Santa Sede. “Esta exención, no sólo afecta a los lugares de culto, sino que también es interpretada y aplicada cuando afecta a inmuebles propiedad de una entidad católica donde se desarrolla una actividad económica con explotación mercantil”, dice el escrito enviado a la Comisión Europea.
Los artículos 107 y 108 TFUE regulan este tipo de ayudas y las mismas sentencias C-74/2016 y C-622/2016, de 2017 y 2018 respectivamente, abren las puertas a la posibilidad de considerar estas ayudas como ilegales en determinados casos.
Como con Trece TV, que es una entidad mercantil, la Iglesia goza de un trato de favor a la hora de utilizar sus bienes inmuebles para actividades mercantiles y es aquí donde la jurisprudencia europea choca de frente con los Acuerdos con el Vaticano, algo que la organización Europa Laica lleva denunciando décadas.
El Concordato establece que las ayudas a la Iglesia deben servir para su sostenimiento, no para su enriquecimiento, pero a juzgar sus cuentas esto no se está cumpliendo. Según el Tribunal de Cuentas, la Iglesia Católica española tuvo un superávit de 35 millones de euros entre 2016 y 2017.
