Son ya doce las comunidades autónomas que imparten la asignatura en toda España. Mientras las organizaciones laicas lamentan la inclusión en el aula de nuevas materias de carácter dogmático, algunos expertos aplauden una medida que corrige parcialmente la secular discriminación escolar de la comunidad musulmana.
¿La programación de clases de religión islámica nos acerca a la igualdad o nos aleja de la laicidad? Esa es la pregunta que gravita sobre el sempiterno debate reactivado este curso nuevamente tras la implementación por parte de la Generalitat de la asignatura de religión islámica en la escuela pública. El alcance de la medida es muy reducido. Solo cuatro profesores para ocho centros de Tarragona, Girona, Bajo Llobregat y Barcelona. Pero tiene una importancia muy significativa por cuanto Catalunya es la comunidad autónoma con mayor número de musulmanes y su población escolar supera los 90.000 alumnos, casi el doble que Andalucía y Madrid.
El plan piloto se ejecuta en aplicación de los Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la comunidad islámica firmados en 1992, así como del Estatuto de Autonomía. Llega, por lo tanto, 28 años tarde. «Tardísimo», precisa Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) en Catalunya y secretario estatal. Con todo, El Ghaidouni expresa su «satisfacción» por una decisión política que «anteriores gobiernos autonómicos no tuvieron la valentía de adoptar» y que restituye «un derecho fundamental» de la población musulmana reconocido en la legislación española de forma reiterada.
Ucide ha mantenido numerosas reuniones con la Consejería de Educación para diseñar la puesta en marcha del proyecto, cuyo efecto es muy limitado en este curso. «Nos ha sido imposible dar respuesta a todos los alumnos. No tenemos capacidad», admite el representante de Ucide Catalunya. La ley establece que los profesores serán designados por la Comisión Islámica de España conforme a criterios de capacitación académica y lingüística, exactamente igual que la Conferencia Episcopal elige a los docentes de religión católica, aunque sus nóminas son sufragadas por el Estado. «Hemos pactado iniciar el curso con cuatro profesores. Este año evaluaremos su funcionamiento para ampliar en el futuro la implantación de más clases de forma progresiva», precisa El Ghaidouni.
La iniciativa del Gobierno catalán es un tímido avance en el cumplimiento de la ley y la equiparación de derechos con la confesión católica. Mientras que los alumnos de la comunidad mayoritaria tienen garantizadas sus clases de religión en todo el territorio español sin ningún tipo de limitación, la población escolar musulmana apenas dispone de 80 profesores para 326.000 estudiantes, según datos publicados por el Observatorio Andalusí en diciembre de 2019. En ese momento, todavía siete comunidades autónomas no disponían de ningún docente de religión islámica, a los que habría que añadir Catalunya y Baleares, que han activado el programa este curso. Andalucía, con 23 profesores, es la región con mayor cobertura, seguido de Ceuta (14) y Melilla (10). Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia y Navarra aún no ofrecen la asignatura en los colegios públicos.
La cuestión tiene un reverso puesto de relieve por las organizaciones laicistas. La medida abre la puerta a la educación multiconfesional y camina, por tanto, en la dirección contraria a la defensa de una escuela libre de dogmas. Así lo hicieron saber en un comunicado de protesta contra la orden de la Generalitat. «Se equiparan los privilegios de la religión islámica con los de la católica y se avanza en la segregación del alumnado según sus creencias», argumenta una nota firmada por Europa Laica, Ateos de Catalunya y la Fundación Ferrer i Guardia.
Los colectivos laicistas llevan décadas batallando para sacar la asignatura de religión católica de las aulas y contemplan la inclusión de la islámica desde la misma óptica. «Supone un paso atrás en la consecución de la educación laica», que es la única, según sostienen, que garantiza la «integración y la inclusión» porque respeta las creencias del alumnado «sin imponer una sobre las otras».
Muchos expertos discrepan de esta forma de enfocar la cuestión. Es el caso de Elena Arigita, arabista de la Universidad de Granada, que lleva años trabajando en líneas de investigación relacionadas con la integración de la comunidad islámica en España y Europa. Arigita reprocha a las organizaciones laicistas situarse en «posiciones maximalistas y excluyentes alejadas de la realidad».
La especialista no niega la idoneidad de sacar la religión de las aulas en un futuro, pero, ante una eventualidad poco probable en el corto plazo, defiende la prioridad de igualar en derechos a los alumnos musulmanes. Y afirma: «Están negando derechos fundamentales a las minorías con la excusa de una neutralidad que no es real. Es otra forma de discriminar a los musulmanes».
Ese es el eje de su planteamiento. Justamente ahora integra como investigadora principal un proyecto europeo bajo el título de Tolerancia y paz religiosa, que examina las formas de convivencia pacífica en diferentes entornos, con un presupuesto de 2,4 millones de euros y un área de trabajo que incluye a ocho países. «Si no se les iguala en derechos, a los musulmanes lo que les estamos enseñando es que no pertenecen a esta comunidad y reforzamos, por tanto, su exclusión», alerta Arigita. La implantación de la asignatura islámica sería, por consiguiente, un «mal menor». Y subraya: «Hay muchos padres musulmanes que estarían de acuerdo en sacar el islam fuera de las aulas».
Una posición similar mantiene José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Sevilla y director general de Asuntos Religiosos con el presidente Rodríguez Zapatero. «Cuando el Estado firmó los Acuerdos del 92, incorporó la enseñanza de la religión evangélica, judía e islámica dentro de la escuela. La católica está sin problemas desde hace décadas y me llama la atención que en 2020 las demás aún no se impartan cuando debían estar desde 1993. Si cabe una, tienen que caber todas«, sentencia. «Y no entiendo que no se cumpla la norma, con independencia del debate de que se deba enseñar religión en los colegios».
Quien así se expresa es un firme defensor de la laicidad del Estado y uno de los autores del proyecto de la Ley de Libertad de Conciencia impulsada por Zapatero, que acabó en un cajón del Gobierno en 2010 ante los ataques de los sectores conservadores y la presión de la Iglesia católica. Lo primero es la igualdad; después la laicidad. Esa es la posición de Contreras y otros muchos expertos en la materia. Tanto es así que el profesor sevillano es contrario a la asignatura de religión tal como está configurada actualmente en los planes de estudio. «Sí soy partidario de la enseñanza de historia de las religiones con carácter objetivo y no confesional. Pero siempre que el Estado establezca los contenidos y elija a los profesores». Justo al revés de lo que sucede ahora.
Precisamente estos fueron algunos de los aspectos que contenía la ley abortada hace diez años. Y Contreras admite que la férrea oposición de la Iglesia jugó un papel determinante en el carpetazo. «Te sacan a un millón de personas a la calle y no se soportó la presión», reconoce. Con todo, es optimista. «Creo que ahora sería más fácil que antes. La Iglesia es más consciente de su propia realidad y el papa Francisco es más realista que los anteriores», subraya. ¿Y este Gobierno se atreverá? «No», responde Contreras sin titubeos. Según su experiencia, si no abordas este tipo de asuntos al principio de la legislatura, al final se hace mucho más complicado.
En contra de lo que pudiera pensarse, las organizaciones musulmanas no se oponen a abrir un debate sobre la oportunidad de sacar la religión del aula como materia confesional. «Es sano en una sociedad plural y democrática», puntualiza El Ghaidouni. En su opinión, las «prácticas religiosas deben enseñarse en la escuela, por la importancia de los valores que conlleva», pero, si la sociedad decide explorar otras fórmulas, «lo respetaremos». Otra cosa bien distinta, objeta, son ciertas actitudes «islamófobas», que pretenden meter el dedo en la religión musulmana.
