Los obispos se las prometen muy felices. Han entendido que el informe del Tribunal de Cuentas consagra que llevan 40 años actuando conforme a la ley, y que sus memorias de actividades no han tenido ninguna queja por parte del Gobierno. Dicen bien. Pero hay más, mucho más.
Lo que no dicen -y nos consta que lo saben, de primera mano, porque tontos no son- es que el citado informe -que fiscaliza la acción del Gobierno, y no la de la Iglesia católica- es un arma de doble filo, que la vicepresidenta Calvo está dispuesta a utilizar cuando, a partir de septiembre, se aborde el debate sobre la nueva fiscalidad de la Iglesia católica y se abra el ‘melón’ de las inmatriculaciones.
Y es que el Tribunal de Cuentas –es cierto que no con la contundencia del primer borrador, convenientemente filtrado desde Moncloa a los medios para caldear el ambiente- viene a explicar al Gobierno qué tiene que hacer para revertir la actual situación de privilegio fiscal de la Iglesia española. Y lo hace muy claramente, admitiendo que, hoy por hoy, el Estado no tiene conocimiento real de dónde va el dinero procedente del IRPF.
Tras el Canje de Notas de 2006 (el que subió el porcentaje del IRPF del 0,52 al 0,7), la Iglesia se comprometió a elaborar una Memoria Justificativa sobre el destino de esos fondos. 14 años después, el Tribunal de Cuentas constata que lo que se hace llegar al Gobierno no es más que una «memoria de acividades», en la que la Iglesia explica su labor en sociedad, pero no cuenta a qué se destina, euro a euro, el dinero de la Renta. Y, lo que resulta más grave, deja al Estado sin capacidad de controlar el destino de ese dinero.
Cierto es, y así lo reconoce el memorándum, que en estos años el Estado jamás ha cuestionado esta memoria… y va siendo hora de que lo haga. Sólo así, exigiendo el cumplimiento de lo que viene escrito en el Canje de Notas de 2006, el Gobierno podrá saber el estado real de la situación. Porque la pregunta siempre es la misma. Después de tanto tiempo…. ¿exactamente en qué gasta la Iglesia el dinero de la Renta? ¿Es legal, por ejemplo, que financie una empresa privada como TRECEtv con fondos provenientes del erario público?
En septiembre, las condiciones van a cambiar, y los criterios que va a exigir el Estado -con el Canje de Notas, que no lo olvidemos, forma parte de los mismos Acuerdos Iglesia Estado que todos dicen defender- van a ser distintos. Y entonces sí que se podrá entrar a valorar el destino de los fondos… O tal vez no. Tal vez a la Iglesia le interese modificar algunos aspectos de su fiscalidad, abrirse al pago del IBI en los edificios que no van destinados al culto (aunque sus beneficios sí puedan dedicarse de algún curioso modo -ingenieros tiene la Iglesia- a actividades litúrgicas) o, incluso, renunciar a algunas exenciones.
El carajal de las inmatriculaciones es harina de otro costal, porque la Iglesia puede apostar por pleitear -a buen seguro ganaría la práctica totalidad de los casos en los juzgados- y se iniciaría una guerra de imprevisibles consecuencias. Hay muchos aspectos en los que Gobierno e Iglesia pueden y deben entenderse. y el fiscal no es el más complicado si hay buena voluntad. Nos consta que la nueva cúpula episcopal la tiene. También, que de estos primeros posibles acuerdos pueden derivarse otros, que a la institución le interesan, o deberían, mucho más, en el ámbito educativo, cultural y patrimonial.
Pero eso lo veremos en septiembre. Buen verano a todos.
Jesús Bastante
