Primer «salvedad»: en Argentina, no hay ninguna religión que sea oficial. Según la Constitución Nacional de 1853 y según los tratados internacionales que se fueron incorporando a ella, en Argentina el Estado garantiza la libertad de culto y de conciencia. Por eso se considera que, formalmente, el país tiene un “Estado laico”.
Hay varias cosas para analizar, pero algo que en general coinciden en señalar quienes estudian este tema, el de los vínculos materiales entre las iglesias del Estado, es que el artículo 2 de la Constitución argentina establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, es decir que le da un tratamiento privilegiado a las Iglesias, que incluye entre otras cosas diversos beneficios económicos. En esto se apoyan las partidas presupuestarias que se asignan a la Iglesia.
Pero hay más, porque desde la última dictadura cívico-clerical y militar, este artículo de la CN pasó a ser complementado por una serie de decretos-leyes que aún están vigentes, y le garantizan a la Iglesia sumas millonarias, que adivinen de dónde provienen… sí, de los impuestos que pagamos todos y todas, más allá de nuestras creencias.
Vamos un poco más atrás. La Iglesia Católica tuvo un papel fundamental durante el terrorismo de Estado. Desde la propia jerarquía de la Iglesia se legitimó al accionar de la dictadura con todo tipo de muestras de apoyo: desde la participación de sus referentes en actos y reuniones del gobierno genocida al llamado público del Episcopado argentino a cooperar con su plan.
Y ese apoyo del Estado se tradujo también en numerosos “servicios” que presetaron la jerarquía de las Iglesias, con curas y arzobispos que colaboraron en los Centros Clandestinos de Detención, donde la búsqueda de la “confesión” fue una constante, para obligar a los detenidos y detenidas a dar información al proyecto (económico, político e ideológico) de los genocidas.
La Iglesia también aportó los nombres y domicilios de curas “díscolos”, que cuestionaban el rol de colaboración que mantenía la curia con la dictadura militar; encubrió y dio “apoyo espiritual” a los torturadores y asesinos de detenidos y detenidas desaparecidas; bendijo las armas de la dictadura; mantuvo complicidad con el plan sistemático de apropiación de bebés de las mujeres secuestradas y la sustitución de su identidad, fue cómplice en la desaparición de más de 400 personas tras, y hasta legitimó la práctica de arrojar personas vivas al mar, durante los llamados “vuelos de la muerte”, bajo el argumento de que ésta metodología promovía una forma cristiana de morir.
Jorge Bergoglio y otros miembros de la Iglesia, fueron denunciados por este accionar tan macabro. Pero los lazos se mantienen, y ahora Jorge es Francisco Bergoglio, el papa Argentino, a donde siempre quieren viajar las y los presidentes, primeras damas, burócratas sindicales, políticos en campaña.
El vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado no es nuevo, y aunque podríamos irnos más atrás, y ver cómo se profundizaron esos vínculos bajo otros gobiernos, como el de Perón, en Se Tenía Que decir de este viernes optamos por destacar esto: todos los decretos-leyes, firmados entre otros por Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, por Reynaldo Bignone, que se dictaron como parte de una “devolución de favores”, que le garantizaron a la Iglesia un financiamiento directo y millonario por parte del Estado (porque también hay un financiamiento que no es directo, y también es millonario), todavía están vigentes.
¿Qué quiere decir que “todavía están vigentes?
Que todos los gobiernos constitucionales los mantuvieron intactos durante estos 44 años: Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, y ahora Alberto Fernández, que también viene mostrando lazos con la cúpula de la Iglesia católica (capítulo aparte la evangélica), con la que mantiene reuniones en Olivos para actuar en común, como parte de su mensaje de unidad, en el marco de la pandemia. Tener a Felipe Solá en el Ministerio de Relaciones y Culto de la Nación también es parte del mensaje hacia lo más reaccionario de la jerarquía clerical .
Con el apoyo de los partidos mayoritarios en el Congreso, todos estos gobiernos mantuvieron las disposiciones de la dictadura (como las jubilaciones especiales, los subsidios por cada alumno/seminarista, el pago de los “sueldos” de obispos y sacerdotes, las leyes que reglamentan el sostenimiento del culto).
Pero además le garantizaron a la Iglesia nuevos aportes que podríamos llamar “indirectos”, como lo son las exenciones de pagar impuestos por diversos tributos (como los ingresos brutos o ganancias), el financiamiento para la remodelación de sus propiedades en concepto de “obras públicas”, los subsidios a las escuelas y colegios confesionales (recordemos que de esto estuvimos hablando la semana pasada con Mariana Carbajal, sobre el financiamiento a las escuelas FASTA) o la cesión por parte del Estado de numerosos terrenos, edificios públicos y otros inmuebles que engrosan el inmenso patrimonio inmobiliario con el que cuenta la Iglesia, sin pagar -obvio- ningún impuesto.
Un dato no menor: el nuevo Código Civil, que se reformó en 2014 impulsado por de CFK, dispuso la consideración de la Iglesia como “persona jurídica pública”, y eso le dio un tratamiento todavía más especial del que ya tiene, con un estatus privilegiado respecto a los otros cultos y también de quienes no profesan ninguna fe religiosa. Sólo el Frente de Izquierda rechazó el contenido de esa reforma reaccionaria en el Congreso Nacional.
¿Qué esconde el financiamiento estatal a la Iglesia Católica?
Los decretos de la dictadura financian a la Iglesia con millones de pesos que provienen, mayoritariamente, como decíamos, del Presupuesto Nacional.
Pero este es sólo un ínfimo porcentaje del financiamiento estatal y directo que recibe la jerarquía de la Iglesia. Los presupuestos provinciales y municipales y las partidas que provienen de varios otros ministerios, también le giran cifras monumentales.
Aunque la complicidad de la Iglesia atravesó a toda su estructura (desde los niveles más altos de la cúpula religiosa, a los medios y bajos), sólo el ex capellán de la Policía, Christian Von Wernich, fue procesado y condenado a reclusión perpetua por 42 casos de privación ilegítima de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.
La diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman fue una de las abogadas querellantes en el juicio que lo llevó a prisión.
En su alegato, Bregman dijo que se debía juzgar a Von Wernich “no por delitos aislados sino por genocidio”, porque fue una pieza clave de ese plan orquestado por las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de Estado de 1976. Claramente, el financiamiento estatal a la Iglesia Católica es una muestra también del grado de impunidad con el que se sigue beneficiando a la jerarquía clerical.
Los diputados de la izquierda han presentado en el Congreso distintas iniciativas que van en el sentido de la separación de las Iglesias del Estado, de terminar con su injerencia en la salud y la educación públicas, de derogar todos los privilegios que la siguen beneficiando y encubriendo ante crímenes brutales.
