La Conferencia Episcopal recuerda al Gobierno que «el Estado no es el sujeto del derecho educativo»
Reclaman que la futura ley, «a diferencia del actual Proyecto» siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, «desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones
Los obispos apelan a los Acuerdos Iglesia-Estado y a la jurisprudencia del Constitucional para avalar la presencia de la asignatura y los conciertos
Suaves en las formas, abogando por el diálogo y por un «pacto de Estado», pero sin dejar de reivindicar el papel de la Religión en la escuela, la vigencia de la concertada y recordando al Gobierno que «el Estado no es el sujeto del derecho educativo». La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha contestado a la tramitación de la LOMLOE -más conocida como ‘ley Celáa-, aprobada ayer en el Congreso sin tener en cuenta las enmiendas planteadas por diversos grupos políticos o Escuelas Católicas.
En su nota, los obispos advierten que el proyecto de ley «ha sido publicado en circunstancias tan extraordinarias como las de un estado de alarma”, por lo que «consideramos responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su tramitación».
Tras «examinar con atención» el proyecto de ley, la Iglesia española insiste en la necesidad de «proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial».
En este sentido, los obispos se muestran preocupados por «el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos» frente al Estado, y reclaman que la futura ley, «a diferencia del actual Proyecto» siga recogiendo la “demanda social” en todas las etapas del proceso educativo, «desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación».
Del mismo modo, los obispos advierten que «no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona», y sostienen que la Religión «no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona» y de la sociedad. «En el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana».
Religión, evaluable y en el currículum
«La asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del alumnado», constatan los obispos, que admiten que puede «ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos».
Eso sí: «habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso educativo. Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera».
«Estos derechos y libertades, estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede«, apuntan los obispos, que invitan al «diálogo y la participación de todos».
«Pacto escolar»
«No podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no sólo de nuestro “pacto social”, sino también de un muy deseable “pacto escolar”», finaliza la nota, que reivindica que «la presencia de la Iglesia, del ‘pueblo católico’ en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular».
«Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad», sostiene la nota, que ofrece «diálogo y colaboración leal en el proceso de preparación de la nueva Ley de Educación, para el cual ofrecemos nuestra plena disponibilidad».