El revés judicial del TSJA pone al descubierto el uso por la Iglesia del monumento islámico más importante de Occidente. Expertos y colectivos patrimonialistas denuncian el ocultamiento de los valores andalusíes esenciales del edificio en beneficio de una interpretación netamente católica y piden un marco normativo que preserve su autenticidad
La Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial en 1984, es objeto de una enconada polémica sobre su modelo de gestión desde su inmatriculación por la Iglesia en 2006. Empeñados en subrayar su carácter de templo católico, el obispo y los canónigos suprimieron el universal nombre de Mezquita de todos los documentos oficiales y se lanzaron a una reinterpretación histórica del edificio soslayando su identidad andalusí y desvirtuando su singularidad como arquitectura excepcional del islam, tal como reconoce expresamente la Unesco. En uno de los folletos turísticos, se llegó incluso a reducir el soberbio templo fundado por Abderramán I en el siglo VIII como mera «intervención islámica» en la Catedral.
La reciente sentencia del TSJA sobre la eliminación de la gran celosía del Patio de los Naranjos reprocha al Cabildo catedralicio y a la Junta de Andalucía haber actuado en contra de los principios de intervención delimitados en la normativa de Patrimonio Histórico y lesivos para la protección de los valores de un monumento único en el mundo. A la supresión injustificada de la reja de dos toneladas, sobre la que se pronuncia el fallo judicial, se suman otras muchas controvertidas intervenciones en el monumento en los últimos años, que han sido posibles, en gran medida, por la ausencia de un plan director de la Mezquita, que regule su uso, pese a las recomendaciones formuladas por la Unesco.
En las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de 2008, la Unesco ya reclama a los bienes inscritos en el listado que se doten de un marco regulatorio. «Es esencial que exista un plan de gestión apropiado. (…)También se espera que se presenten garantías de la aplicación efectiva del plan de gestión», recoge el documento en su punto 5.e. La Mezquita de Córdoba, uno de los primeros monumentos españoles inscritos como Patrimonio Mundial, no dispone de ningún plan. En 2001 elaboró un documento pero nunca llegó a entrar en vigor porque su redacción por parte de los dos arquitectos contratados por el Cabildo tropezó con reparos técnicos de la Junta de Andalucía.
El resultado es que hoy en día uno de los tesoros arquitectónicos más sorprendentes del mundo es gestionado por 26 canónigos y no dispone de un programa de actuación. Su situación contrasta con el otro monumento gemelo del arte andalusí de Andalucía, la Alhambra de Granada, que cuenta con un patronato, un plan director y un informe anual. «La ausencia de un plan director en la Mezquita da lugar a este tipo de abusos, amparados a su vez por la falta de regulación de la visita pública o la interpretación por parte de la normativa de patrimonio cultural», afirma Celia Martínez Yáñez, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y experta en la Convención del Patrimonio Mundial.
Otro de los problemas claves reside en que la protección de los valores intangibles no está totalmente desarrollada en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El cambio arbitrario de nombre, la distorsión del relato histórico o la desnaturalización de la identidad del monumento no constituyen por sí mismos una infracción de la norma. «Ahí está el problema. Hay acciones relacionadas con la puesta en valor, la interpretación, la difusión y la visita pública, que son aspectos esenciales de la tutela y no están regulados por las leyes de patrimonio histórico, sino en otros marcos, especialmente el turístico», lamenta la especialista. Por esa razón, el desarrollo de un plan director, tal como dicta la Unesco, es fundamental para garantizar una gestión rigurosa del monumento, basada en criterios patrimoniales y científicos.
«Es evidente que todas estas acciones de la Iglesia y de las cofradías encaminadas a negar el carácter islámico del monumento van en contra de su autenticidad e integridad y, por lo tanto, vulneran los pilares de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco. Ese plan director debería velar por usos que protejan la pluralidad de los valores tangibles e intangibles del monumento. No es admisible la tergiversación del carácter de la Mezquita porque impide la correcta interpretación del bien en su esencia patrimonial», sostiene Martínez Yáñez.
Su opinión es compartida plenamente por la ex presidenta de Icomos España, la organización consultora de la Unesco en relación a los monumentos del Patrimonio Mundial. «La gestión de la Mezquita es absolutamente arbitraria», protesta Begoña Bernal. «¿Por qué? Porque se lo consienten. Han consentido hasta el cambio de nombre del monumento, que es lo más importante. El nombre es consustancial al bien. No se puede cambiar. Y su nombre es Mezquita de Córdoba. No Mezquita Catedral. Así fue declarado por la Unesco. Y eso lo ha consentido la Junta».
A Begoña Bernal no le sorprende que la joya andalusí no disponga de plan director. «Es lo normal», dice con evidente tono irónico. «Como aquí manda el obispo, las cofradías y el arquitecto, pues ellos sabrán. Pero no cumplen con la legislación vigente. Es un bien Patrimonio Mundial, no solo de los cordobeses. Y naturalmente que tiene que tener un plan director».
La denuncia sistemática de la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs logró arrancar hace dos años un compromiso escrito de la Junta de Andalucía para impulsar la redacción de un plan de gestión que frenara las arbitrariedades del obispo. La Dirección General de Bienes Inmuebles anunció en respuesta a una queja del colectivo ciudadano ante el Defensor del Pueblo Andaluz que iba a encargar la «redacción de un plan director», así como la creación de una «comisión mixta para el seguimiento y su correcta aplicación». En el documento, aseguró que implementaría un pacto «en virtud del cual la Iglesia se comprometa a no actuar de forma unilateral en materia de usos». Y concretó que el plan debería contener un «proyecto museológico y museográfico».
Ese es uno de los puntos sensibles del conflicto. Según denuncia la Plataforma, en su afán por tapar la identidad islámica de la Mezquita, el obispo ha llenado el muro de la Quibla de iconografía católica, inunda el oratorio omeya de continuas exposiciones de arte sacro, alecciona a los guías turísticos para obviar la parte islámica del conjunto monumental y ahora pretende llevarse la entrada de la Mezquita al Palacio Episcopal, donde tienen previsto abrir un centro de interpretación de la Córdoba cristiana. Lo cierto es que desde el anuncio de la Junta de 2018 nada más se ha sabido del plan director.
«Todas estas intervenciones son un atentado contra la autenticidad del monumento al intentar esconder la historia innegable asociada a su origen islámico», subraya Martínez Yáñez. El plan director debe ser además elaborado por un equipo multidisciplinar. «La ley lo exige», puntualiza. «No lo puede hacer el Cabildo ni sus arquitectos. Debe haber un equipo que integre a historiadores, arqueólogos, arquitectos, juristas y también a la sociedad civil. Es de cajón. Y debe contar con la participación ciudadana, tal como lo reconoce expresamente la Convención del Patrimonio Mundial y toda la normativa internacional en la materia».
Y para ejecutar el plan director es necesario un órgano de gestión, que, en opinión de la experta, debe incluir, además del Cabildo, a la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y la sociedad civil, representada no solo por expertos sino también por colectivos ciudadanos. «Icomos y la universidad también deberían estar», señala. La realidad de la gestión de la Mezquita de Córdoba, por ahora, es bien distinta.
Martínez Yáñez no elude el debate de la desnaturalización del monumento. «Ni el Cabildo ni ninguna institución pueden intentar convencernos de que no es una Mezquita y es una Catedral. Por mucho que le quite el nombre, jamás la memoria colectiva olvidará su esencia. Está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial por ser una obra cumbre del arte islámico con una extraordinaria influencia en la arquitectura de todos los tiempos. Es imposible quitar a la Mezquita su carácter por mucho que se empeñe el Cabildo. Y además va en contra de los valores reconocidos por la Unesco».
Begoña Bernal suscribió como presidenta el informe de Icomos España que desaconsejaba seriamente eliminar la gran celosía de la Mezquita. En un documento de una veintena de páginas, sostenía en 2015 que el entramado de madera de dos toneladas formaba «parte inseparable» del monumento y que sustituirlo era «destruir parte de la Mezquita». Su dictamen fue desoído por la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y la reja fue eliminada en 2017.
Ahora la sentencia del TSJA le ha dado la razón. Y está visiblemente satisfecha. «Jamás entendí cómo los encargados de velar por los bienes patrimoniales aceptaron un antojo del obispo, que se fue a París a contar no sé qué milongas. Ellos sabrán qué componendas hicieron», indica en relación a un contrainforme promovido por la Iglesia para neutralizar el suscrito por Icomos España. Sobre la actitud de la Consejería de Cultura no se anda con paños calientes. «Fue patética. No lo puedo decir más claro. Un ente público tiene la obligación de proteger el patrimonio y no me explico cómo se da permiso para hacer lo contrario. La Iglesia tiene un poder infinito. Y lo sigue teniendo. Los políticos no son capaces de mantener su firmeza con la ley en la mano».
Eduardo Manzano, uno de los máximos especialistas en Al Andalus, maneja argumentos coincidentes. «Lo que dice la sentencia es que la Junta no fue capaz de hacer cumplir sus propias leyes. Suprimir la celosía era bastante disparatado. Y el varapalo judicial es grande». El autor de La corte del califa focaliza en el Gobierno andaluz gran parte de la responsabilidad. «Cuando las administraciones no velan por la defensa del patrimonio y están sometidas a algún tipo de presión, las normas no sirven para nada», lamenta.
En su opinión, las «degradaciones de aspectos patrimoniales se van acumulando y van desvirtuando un monumento como la Mezquita de Córdoba». Por esa razón, también reclama la confección de un plan director «transparente y acordado por todos», que marque las líneas de actuación. Y avisa: «El tema de la Mezquita está suponiendo un daño reputacional muy grande. Ojalá la sentencia represente un punto de inflexión en la gestión del monumento, pero veo intereses muy enrocados».
