La Consejería de Presidencia envía el inventario completo al Parlamento regional después de que ‘Público’ revelara que llevaba más de un año guardado en un cajón. El letrado mayor de la Cámara certifica que el documento nunca fue remitido y deja en evidencia al Ejecutivo
Más de medio millar de casas, ermitas, fincas, huertos, monumentos, templos y cementerios. Ese es el número de bienes registrados a su nombre por la Iglesia católica en Asturias, según figura en el listado completo de inmatriculaciones que, al fin, ha llegado al Parlamento regional y obra en poder de Público. El inventario ha sido remitido más de un año tarde a la Cámara, la institución que lo solicitó, después de que permaneciera oculto en un cajón de la Consejería de Presidencia por razones aún no aclaradas.
El rocambolesco paradero del catálogo de inmatriculaciones ha causado estupor entre los grupos de oposición y suscitado las airadas protestas de IU y Podemos, quienes han presentado hasta cuatro preguntas parlamentarias dirigidas a las consejeras de Presidencia y Cultura exigiendo una exhaustiva investigación por la ocultación del listado que fue demandado en 2018 por la Comisión de Peticiones. Hasta el letrado mayor de la Cámara ha tenido que confirmar por escrito que el documento no fue remitido al Parlamento regional en la primavera de 2019, tal como había asegurado la Consejería de Presidencia la pasada semana.
El listado ha sido enviado el jueves 14 de mayo por la propia consejera de Presidencia, Rita Camblor, al presidente del Parlamento regional. En un escrito adjunto, la titular del departamento admite que el expediente nunca llegó a la Cámara de diputados y pide disculpas por la larga demora en la entrega del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Asturias.
“Lamento profundamente el revuelo causado con este asunto, pero reitero nuestra mayor disposición de colaboración con la Junta”, señala la consejera en referencia al Parlamento regional. Rita Camblor sostiene en la carta que remite el listado “en aras de la máxima transparencia”, aunque no explica las razones por las que el catálogo permaneció retenido en un despacho del departamento que dirige desde que el Colegio de Registradores lo mandara el 10 de abril de 2019.
Esa es la fecha de registro de entrada del expediente enviado por el decano de la institución registral, Enrique Español, a la Dirección General de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia. Este es el segundo listado que confecciona el Colegio de Registradores.
El primero fue entregado el 26 de septiembre de 2018 a la Comisión de Peticiones del Parlamento en respuesta a una solicitud del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias (GIA), el colectivo ciudadano más activo en defensa del patrimonio histórico inscrito por la Iglesia a su nombre. Aquella relación de bienes apenas incluía 26 fincas sin información adicional alguna. Tanto el GIA como algunos grupos parlamentarios calificaron el listado de “burla” y exigieron, ahora por unanimidad en la Comisión de Peticiones, un nuevo inventario exhaustivo y sin exclusiones.
La demanda se formalizó el 28 de febrero de 2019 y llegó al Colegio de Registradores el 15 de marzo. Tres semanas después un listado completo de bienes inmatriculados estaba ya en la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias. En el oficio remitido, el decano afirma ignorar por qué se había enviado desde el Decanato siete meses antes un listado con solo 26 inmuebles. “Por razones que desconozco, el archivo remitido era evidentemente incompleto debido probablemente a la confusión generada por la mezcla de listados mientras se preparaba esa lista completa que ya fue enviada correctamente al Ministerio de Justicia”.
Enrique Español se refiere al inventario general de inmatriculaciones que el Gobierno central había solicitado en esos meses a todos los registros de España y cuyo contenido aún no ha sido publicado, pese a las protestas de los colectivos patrimonialistas y una resolución del Consejo de Transparencia que obliga al Ejecutivo a revelar la identidad de los bienes por tratarse de información de interés ciudadano.
El laberinto del listado de inmatriculaciones desnuda deficiencias graves en el funcionamiento administrativo del Gobierno asturiano, toda vez que se ha privado a los representantes públicos del Parlamento regional de información relevante que habían solicitado de forma expresa desde hace más de un año. Así lo han hecho saber los diputados de IU y Podemos, Ángela Vallina y Rafael Palacios, que pedirán explicaciones en sede parlamentaria en los próximos días. El propio Grupo de Inmatriculaciones de Asturias señaló la semana pasada que el extravío del listado solo podía obedecer a dos interpretaciones: o la “descoordinación del Gobierno” o su “nula voluntad” en abordar la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia.
El inventario incluye 553 bienes de 14 concejos: Avilés (12), Cangas de Narcea (5), Cangas de Onís (9), Castropol (7), Gijón (18), Infiesto (11), Llanes (5), Mieres (5), Oviedo (46), Pola de Laviana (1), Pola de Lena (91), Pola de Siero (19), Pravía-Belmonte de Miranda (305) y Villaviciosa (15).
Ninguna de las fincas o inmuebles inmatriculados están fechados, por lo que resulta imposible saber si están incluidos los bienes anteriores a 1998, el año en que el ex presidente José María Aznar amplió el privilegio de los obispos para inscribir por primera vez en la historia los templos de culto en el registro de la propiedad privada. De no estar recogidos los inmuebles anteriores, la relación de inmatriculaciones podría alcanzar un número mucho mayor.
