El Ayuntamiento de Miranda cobrará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica por los inmuebles que tenga en nuestra ciudad destinados a actividades sujetas al rendimiento económico. Así lo aprobó ayer el Gobierno municipal en la última sesión plenaria gracias a los votos a favor de los grupos municipales de Izquierda Unida (impulsor de la moción), Partido Socialista y Podemos. Por su parte, el PP emitió su voto en contra y Ciudadanos se abstuvo en un Pleno que se desarrolló por vía telemática.
«Siempre hemos entendido que los edificios de la Iglesia destinados a actividades económicas, como lo son los garajes, las lonjas, viviendas y otros espacios, han de abonar sus impuestos como el resto de propietarios. No hablamos de los lugares de culto, como la iglesia, ni de otros espacios destinados para la obra social o la beneficiencia; estamos pidiendo justicia social y tienen que contribuir», aseveró Guillermo Ubieto, el portavoz de IU, durante su intervención.
Así, la moción aprobada comenzará su camino en Miranda con la confección de un informe de las propiedades eclesiásticas en el término municipal que estén dirigidas a provocar rendimiento económico, así como con el posterior cálculo del IBI correspondiente a todas esas propiedades. Se suspenderán, por tanto, las exenciones tributarias de las que se benefician; se hará llegar los giros a los organismos eclesiásticos correspondientes y se le trasladará el listado al Gobierno central y al colectivo de municipios.
«Todos tenemos que aportar para afrontar esta crisis, la Iglesia también. Miranda puede convertirse en un referente para otras ciudades del resto del Estado», zanjó Ubieto. De hecho, la ciudad se unirá a un camino que ya han iniciado otros Consistorios como el de Barcelona o León. «Varios ayuntamientos de ciudades importante ya estaban planteando que la Iglesia contribuyese impositivamente en relación a estos inmuebles antes de que llegase el Covid-19», refrendó el portavoz socialista, Miguel Ángel Adrián.
Por su parte, tanto Ciudadanos como el Partido Popular evitaron sumarse a la propuesta, argumentando que «es el momento de centrarse en las familias y en los autónomos».
