El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) presentará, ante la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), una denuncia en contra del Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, por la intromisión del clérigo en asuntos políticos.
En conferencia de prensa, Carlos Atilano Peña, fundador del COCI, informó que esta denuncia se hace en representación de una parte representativa de la comunidad Lésbico- Gay-Transgénero (LBTG), asesorados por abogados de dicha organización.
El abogado tijuanense explicó que “la queja ante la SEGOB tiene que ver con la tutela de los derechos humanos, en noviembre del año pasado la Diputada, Miriam Cano, presentó una iniciativa para legislar, modificar la Constitución y el Código Civil; y alinearlo con la Constitución y Jurisprudencia, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, establecer la posibilidad de los matrimonios igualitarios”.
“Lamentablemente hemos observado que la actividad legislativa que motivó esta iniciativa de Ley, ha sido truncada, suspendida, debido a las grandes presiones de varios grupos y asociaciones religiosas encabezadas por el Obispo de Mexicali, Provida, Pro Familia, y han impedido el proceso, y que finalmente termine con el reconocimiento del derecho de los matrimonios igualitarios en Baja California”, refirió.
Atilano Peña manifestó que la lucha tiene muchos años y ya existen 19 Estados del país que contemplan la posibilidad de los matrimonios igualitarios, por lo que “es una tristeza que Baja California esté marginado y atrasado en este tema”.
Reiteró que la idea de presentar la denuncia ante la Secretaria de Gobernación en contra del Obispo católico, es porque violenta tres preceptos fundamentales establecidos en la Constitución y la Ley de Asuntos Religiosos: interviene en política (lo tiene prohibido como Ministro de Culto); como Ministro debe respetar los derechos humanos y, por último, no está respetando las Instituciones Públicas, como es el caso del Congreso del Estado.
Por lo tanto -advirtió el fundador del COCI-, se solicita la intervención de la Secretaria de Gobernación para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, mientras “nosotros le hacemos llegar una serie de pruebas documentales que tienen que ver con la presencia del Obispo y sus declaraciones que atentan contra el Estado de Derecho”.
