El gasto público en educación privada, de récord en récord desde 2014, ha crecido un 292% desde que hay datos, más de 100 puntos por encima de la red pública, que sigue por debajo de los niveles precrisis
La ley que creó el sistema, de 1985, pretendía corregir precisamente este desequilibrio en el modelo dual
Los colegios concertados generalizan el levantamiento de barreras de entrada, entre las que sobresale el cobro ilegal de cuotas
La privada financiada con dinero público, con el 25% del alumnado, asume sólo un 14,9% de los extranjeros
La ley educativa de 1985, impulsada por el Gobierno de Felipe González y fundadora del actual sistema de conciertos, explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo. Había una lógica aplastante detrás. Hubiera sido difícil ignorar a mediados de los 80 la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural. Existía de facto en la España de 1985, señalaba la ley, un «sistema dual» en el que miles de colegios privados recibían subvenciones «en cuantía rápidamente creciente», algo que «que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas». Era una situación que había que corregir. Pero que, vistos los números de hoy, continúa dándose.
Añadía la introducción de la norma del 85, redactada con el didactismo de un libro de texto: «Lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones legales que la regulaban». La ley, que no empleaba el término «segregación» –por entonces sin el protagonismo que tiene hoy en el léxico de la sociología educativa–, sí que establecía medidas claramente orientadas a garantizar que, como contrapartida a su financiación pública, los centros privados no promovieran prácticas contrarias a la igualdad, en especial a través de limitaciones para imponer cobros a las familias.
A punto de cumplirse 35 años desde la aprobación de la ley, en julio de 1985, los números indican que el sistema de conciertos no ha colmado sus propósitos.
Gasto
El gasto público en la red concertada crece a mayor ritmo que el gasto en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis económica.
La serie del Ministerio de Educación permite ver una evolución desde 1992 –no desde 1985, como sería óptimo– hasta 2018 con datos homogéneos. En 2018, el gasto público total en educación ascendió a más de 50.000 millones. No es el máximo histórico. El dato sigue un 5,72% por debajo de los cerca de 54.000 millones de 2009, y un 1,75% por debajo de los 51.700 millones de 2008, diez años antes. La subida del gasto público en educación sí es fuerte si miramos desde 1998, veinte años atrás. Entonces la cifra ascendió a cerca de 25.000 millones, lo cual supone que el porcentaje ha crecido en un 103%. Desde el inicio de la serie, en 1992 –17.700 millones–, el gasto público en educación ha subido un 186,89%.
Pero esta subida no se reparte de forma homogénea en los dos nodos del modelo dual: la red pública y la red concertada –que también es pública a efectos de financiación, pero no de titularidad de los centros–. El gasto en la red pública alcanzó en 2018 los 44.400 millones. Esto es un 7,37% menos que en el pico de 2009. Con respecto a veinte años atrás, 1998, la subida es del 97,25%. Si miramos el inicio de la serie, el alza alcanza el 176,28%.
La educación privada, en cambio, ha visto aumentar su financiación pública de forma mucho más rotunda. Para empezar, bate año a año su récord desde 2014. Ha sobrepasado los 6.000 millones en 2017 y 2018, cuando alcanzó un máximo de más de 6.300 millones. No hay números por encima de esos, tampoco antes de la crisis –a diferencia de lo que ocurre con la inversión en la red pública-pública–. La subida de la financiación pública de la concertada con respecto a 2008 es del 17,04%, con respecto a 1998 del 167,79% y con respecto a 1992 del 292,55%.
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