La asociación ultracatólica publicita un teléfono contra el «adoctrinamiento» de género en mobiliario urbano público de Madrid como parte de una campaña que motivó una consulta al órgano que regula la publicidad
-Pin parental, buenas tardes.
Una voz masculina se pone al otro lado del teléfono contra el «adoctrinamiento de género» que la asociación ultracatólica HazteOir puso en marcha hace unas semanas. Amablemente, el telefonista invita a contar el caso, ofrece un abogado e insta a quien llama a dar el nombre del colegio donde se imparten talleres contra la violencia de género o contra la LGTBIfobia. «Si no se atreve usted a presentar el pin parental nos puede dar el nombre del colegio y nosotros veremos a ver qué hacemos. Usted si no quiere puede quedar en el anonimato y quizá nosotros podemos hacer algo», prosigue el teleoperador.
La asociación ha invertido mucho dinero en empapelar las calles de Madrid y de algunas localidades de las afueras (Getafe, Leganés y Rivas) con el número de teléfono, que se presenta como operativo las 24 horas. La publicidad se ha colocado en 150 vallas publicitarias y marquesinas de autobuses que pertenecen a los ayuntamientos o al Consorcio Regional de Transportes, en el segundo caso. También han pagado anuncios en prensa que difunden una lista de colegios donde, según HazteOir, hay denuncias por «adoctrinamiento de género».
Lo primero que hace el telefonista es dirigir al usuario a la página web de HazteOir para descargar el documento que califican como «pin parental». Se trata de un formulario no oficial, redactado por la asociación ultracatólica, con el que las familias solicitan «ser informadas sobre cualquier actividad que afecte directamente a la educación moral del alumno sobre cuestiones socialmente controvertidas».
La recomendación vía telefónica es que el documento se entregue en la secretaría del colegio, pero también se haga llegar a la Consejería de Educación. «También si puede ser en la sede de la Consejería», remarca la voz masculina, que anima a hacerlo «con valentía, como en Murcia». En la región, el Gobierno de PP y Ciudadanos cedieron ante Vox, a cambio del apoyo a los presupuestos, y enviaron nuevas órdenes a los centros educativos para obligar a que los padres autoricen pormenorizadamente cada una de las actividades. El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido la medida ante los tribunales por «vulnerar los derechos de los alumnos y las alumnas».
Al otro lado del teléfono, HazteOir manifiesta con claridad sus intenciones: «A nosotros lo que nos interesa es información porque están diciendo que todo esto es mentira, pero de mentira no tiene nada. Dicen que nos lo inventamos». La asociación, en la línea ideológica del partido de extrema derecha Vox, apeló a una de estas supuestas quejas de familias para montar una mesa frente a un colegio público de Leganés el mes pasado. El acto fue un fracaso: la policía municipal les obligó a recoger y tuvieron que repartir los panfletos por el veto parental en la acera de enfrente ante el enfado de los padres y madres del centro.
Comisiones Obreras denunció ante la Agencia de Protección de Datos el señalamiento de colegios concretos ante las sospechas se estaban utilizando datos personales. El organismo acaba de resolver que no ha encontrado pruebas de este extremo. «CCOO con su denuncia buscó velar por el cumplimiento de las leyes españolas y proteger al profesorado, a los equipos directivos y a los centros educativos», explica Isabel Galvín, responsable de Educación del sindicato en Madrid. Galvín califica las acciones de HazteOir como una «campaña de hostigamiento, señalamiento y acoso contra el profesorado que requiere actuaciones». «Su capacidad económica y su equipo legal están buscando todo tipo de resquicios para llevar a cabo esta campaña usando todo tipo de instrumentos», añade.
El sindicato también ha pedido amparo a la Consejería de Educación ante lo que consideran que genera un daño a la comunidad educativa. La responsable de Educación del sindicato en Madird, Isabel Galvín, señala que no han recibido respuesta del Gobierno madrileño, que ha mostrado en varias ocasiones su oposición al veto parental. El último movimiento de CCOO, ante la falta de contestación, ha sido comunicar la situación al Ministerio de Educación y de Igualdad.
«Creemos que se trata de una medida que se entromete en la labor y la autoridad del profesor, así como con la autonomía de los centros educativos», indican fuentes de la Consejería de Educación, preguntada por este medio. El consejero, Enrique Ossorio, desmontó la polémica creada por Vox y HazteOir hace unas semanas con datos que demuestran que solo llegó a la administración una queja de un total de 1,2 millones de alumnos. «En la Consejería de Educación y Juventud no se han registrado de manera oficial quejas sobre posible adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos madrileños», confirman.
Dudas y una consulta a Autocontrol
La campaña de HazteOir se ha colocado sobre mobiliario urbano público pero ninguna administración se responsabiliza de los anuncios porque los mupis y las marquesinas están explotados por un tercero. Es ese tercero, una empresa concesionaria llamada Clear Channel, se encarga de intermediar con los anunciantes. El contenido de la campaña empujó a la compañía a hacer una consulta concreta a Autocontrol –el organismo encargado de regular la publicidad– antes de alojar los anuncios de los ultracatólicos, según confirman a este medio fuentes del Consorcio de Transportes de Madrid, propietario de las marquesinas. Uno de los mupis, el ubicado en la Avenida de la Ilustración, apareció una mañana con el siguiente mensaje: stop homofobia.
«El informe señala que no encuentra obstáculos que desaconsejen su difusión en medios de publicidad exterior», detallan las mismas fuentes. Clear Channel asegura, por su parte, que respeta «la pluralidad y la libertad de expresión y opinión». «Nuestra actividad diaria está dentro de la legalidad y de las pautas que establece el contrato firmado con el Ayuntamiento de Madrid en 2016», añade la empresa tras ser contactada por eldiario.es. HazteOir no revela cuánto dinero se ha gastado en la campaña y defiende que la ha financiado con las donaciones de «ciudadanos particulares».
Las vallas publicitarias se han retirado después de dos semanas de la capital, aunque el teléfono sigue funcionando. Al otro lado de la línea, sucesivos teleoperadores repiten un mismo mensaje que apela a un supuesto «derecho constitucional»: «el educador de sus hijos es usted. Nadie tiene que educar a sus hijos. Al colegio van a aprender unas materias y usted decide qué charlas quiere que sus hijos reciban».
