La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CGT y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE) ha convocado una huelga educativa para el próximo 4 de marzo para «mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza».
Según un comunicado, para esta plataforma «son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo», al tiempo que denuncia que «la profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto».
«Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho», manifiesta.
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma «la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas». En este sentido, apunta que es preciso recordar que la escuela pública «lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años».
Por otro lado, esta plataforma asegura que «no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública».
Por último, afirma que «se hace preciso dejar rotundamente claro» que la aprobación de este decreto «no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto».
Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, «llamamos a toda la comunidad educativa a adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto».
Por otra parte, cabe recordar que el resto de sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación –CSIF y ANPE– también han mostrado su rechazo al decreto de escolarización por su «falta» de consenso, toda vez que han anunciado movilizaciones.
