El Gobierno amplía las zonas de escolarización de la concertada, que es mayoritariamente religiosa, en la Comunidad e incluye el criterio de demanda social a la hora de organizar la oferta educativa
El Ejecutivo andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, aprobó en el Consejo de Gobierno de este lunes el nuevo decreto de escolarización, cuya principal novedad es que amplía la posibilidad de acceso a las familias a un centro concertado, aquellos que son financiados por fondos públicos y que mayoritariamente pertenecen a la Iglesia Católica.
En todas las localidades –el 18% de los municipios de Andalucía– donde haya un colegio concertado, a partir de ahora, las familias tendrán mayores posibilidades de acceder a él, aunque no vivan cerca del mismo, porque las zonas de escolarización se amplían.
Para explicar en detalle en qué consiste esta modificación, el director general de planificación de la Junta de Andalucía, José María Ayerbe, puso un ejemplo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno: una localidad en la que hubiera cinco centros públicos y uno concertado.
En ese caso, manifestó, el criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se mantendría la zona de escolarización más o menos como está hoy– pero no para el concertado, cuya zona de escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio.
Además, el decreto introduce el concepto de la demanda social «como un elemento más a la hora de organizar y racionalizar la oferta educativa». Es decir, que si las familias eligen centros concertados, estos pasarán, con el tiempo, a recibir más fondos.
«El decreto pretende avanzar en el derecho de las familias de elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos», dijo el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien negó que exista «un plan oculto para la concertada».
«Hasta ahora las familias tenían la opción de la proximidad, ahora ofrecemos otra. Si hay muchas familias que quieren esa opción, se baremará. [Se trata de] abrir una opción que antes no existía. Piense que antes las familias no podrían elegir un concertado», dijo Imbroda en la rueda de prensa. «Dejemos que las familias libremente decidan qué opción quieren», remachó.
A la vista de los datos disponibles y que dio el consejero, lo que el Gobierno llama libertad educativa no se puede considerar un problema general en Andalucía. El consejero manifestó que al 93% de las familias se le otorga el primer centro que eligen y al 97% se le adjudica uno del listado que presentan en las delegaciones de Educación.
Es decir, es el 3% de las familias quienes tienen, décima arriba, décima abajo, cada año problemas a la hora de escolarizar a sus hijos. Estos problemas, además, no necesariamente tienen que ver con la elección de colegios católicos. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, el problema es el contrario. No hay apenas colegios públicos.
Eliminar las zonas educativas
Imbroda pertenece a Ciudadanos. La otra pata del Gobierno, el PP, tiene firmado -lo hizo para garantizarse la investidura– lo siguiente con Vox: «Eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo».
Preguntado al respecto, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, quien compareció junto a Imbroda, fue muy claro al respecto del futuro y de las intenciones del Ejecutivo al respecto de la escuela concertada: «Vamos a trabajar en la libertad de centros y vamos a cumplir nuestros acuerdos».
«Hoy damos un gran paso –agregó Bendodo– para trabajar en esa estrategia de una Andalucía más libre. Estas cuestiones van inherentes a este gobierno. Que nadie se extrañe de que vayamos a dar pasos en el futuro. [Esta decisión] va en el camino de lo que queremos en el futuro: la libertad total».
Y, por si quedaban dudas, Bendodo agregó: «El paso de hoy es un paso que marca el camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde los padres puedan elegir llevar a sus padres al colegio que les dé la gana. Este paso se irá potenciando en el futuro».
En Andalucía, la educación es hoy eminentemente pública, y –hasta la llegada del nuevo Gobierno– el gasto educativo en la concertada llevaba años estancado en el entorno del 10% del total.
Prioridad y puntos
El decreto también recoge otras novedades que pretenden «afinar», según Imbroda determinados aspectos. Así, el consejero citó, entre ellos, «potenciar la administración electrónica para que las familias apenas tengan que aportar documentos: la administración va a cruzar más bases de datos» y pulir los criterios de admisión y de prioridad. También se baremará por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil 0-3, «para favorecer con ello la escolarización temprana», dijo el consejero.
Las que siguen, además del empujón a la educación católica, son las principales novedades, según Educación. A la hora de acceder a un colegio, tendrán prioridad:
-Los hijos de los trabajadores de los centros docentes, tanto el profesorado como el resto de profesionales, tendrán prioridad en las plazas de los centros donde desarrollan su labor. Pasa de un criterio de admisión a un criterio de prioridad, respondiendo a una reivindicación del profesorado.
-Además de las víctimas de violencia de género, tendrán prioridad las víctimas del terrorismo.
-También, en cuanto a los deportistas, amplía el criterio de prioridad a los deportistas de rendimiento de base, para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenan y desarrollan su carrera deportiva.
-También, los niños en acogimiento familiar, para favorecer precisamente que más familias andaluzas tengan más facilidades a la hora de apostar por el acogimiento.
-Los niños con enfermedades graves tendrán prioridad en centros cercanos a su domicilio o del centro hospitalario donde reciba tratamiento médico.
-Los niños de nacimiento prematuro extremo, serán escolarizados en el año que le correspondería por nacimiento natural, para evitar así que inicien la escolarización con compañeros que en muchos casos son un año mayores.
También se modifican los criterios de admisión de este modo:
-Aumenta la puntuación a las familias con menos renta (de 2 a 4 puntos), y como novedad se pondera también el patrimonio. No sólo se barema la renta sino también el patrimonio, como ocurre por ejemplo para la concesión de las becas.
-Amplía el número de tramos de renta para que sean más progresivos. En definitiva, adecuar mejor la puntuación a las circunstancias de las familias y sus características, afinar más para evitar las asignaciones por sorteo, en definitiva, evitar la arbitrariedad.
-Cambio en las listas de espera, que permanecen hasta el inicio del curso. Conseguimos una mayor transparencia a la hora de adjudicar las vacantes que se puedan producir una vez finalizado el procedimiento ordinario.
-Aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro.
En este enlace, en la tabla, se pueden consultar los cambios en la puntuación de un vistazo.
Adscripción a Institutos públicos
El decreto también recoge también una novedad que entrará en vigor en el curso 21/22: Se trata de la adscripción de los Institutos de centros concertados a Institutos públicos. Con ello, el Gobierno andaluz pretende «estabilizar la oferta y la demanda y reforzar la coherencia entre etapas»y que «dota de mayor certidumbre al alumno sobre su recorrido educativo, al saber el centro público en el que puede llevar a cabo el bachillerato».
«Los alumnos pueden concluir con tranquilidad su etapa en el centro concertado que las familias hayan elegido y después seguir su camino en el centro público de bachillerato», sostiene Educación.
El PSOE de Andalucía arremete contra un decreto que «denigra» la escuela pública
La dirección del PSOE de Andalucía ha sostenido este lunes que el nuevo decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta «denigra» la escuela pública y «no hay nada peor» para dicho modelo de educación «en 40 años que lo que va a ocurrir con la aplicación» de esta normativa.
Por eso, el PSOE-A se va a situar «enfrente» de este decreto y hará «todo lo que esté en sus manos», yendo «de la mano de la comunidad educativa, para intentar que esto no se lleve a cabo», según ha anunciado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en el marco de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía.
Cornejo ha tachado dicho decreto como «misil contra la educación pública que favorece el negocio de la privada y concertada y genera alumnado de primera, segunda o tercera clase», según ha abundado, para añadir además que es «una norma innecesaria», porque, según datos de la propia Consejería de Educación, «el 95% de las familias obtienen la primera opción de centro a la hora de escolarizar» a sus hijos, por lo que «no es un problema» la obtención de esas plazas.
En esa línea, ha acusado al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, de «mentir» al defender que el decreto favorece la libertad de elección de las familias, porque es «lo contrario», ya que «serán los centros quienes finalmente decidirán quiénes se matriculan en las aulas, dejando por el camino a alumnado con mayores dificultades», según ha augurado el dirigente socialista.
Para el ‘número dos’ del PSOE-A, este decreto va a «convertir los centros públicos en guetos donde sólo vayan aquellos alumnos con menos recursos o que tienen dificultad», porque «seguramente aquellos colegios que pueden escoger no escogerán a los alumnos con dificultades».
Igualmente, ha asegurado que este decreto va a provocar una «reducción de alumnos en los colegios públicos» y un «incremento» de escolares en la enseñanza privada, y, con él, la Junta «va buscando una mayor inversión en la privada y una menor en la pública», de modo que «sobrarán profesores y aulas en la pública y habrá nuevas construcciones de centros privados financiados con la ayuda del dinero de todos los andaluces».
Imbroda y la educación privada
Al hilo, Cornejo ha advertido de que el consejero Imbroda «es un empresario de la educación privada», un sector donde «tiene sus intereses», al igual que «su entorno y su familia», ya que «era el presidente y fundador de más de una docena de centros fundamentalmente de la formación profesional», según ha enfatizado.
Tras defender que «la educación privada o concertada complementa a la pública, pero la prioridad es la pública», Cornejo ha insistido en la idea de que, «si hasta ahora no ha habido problema para la elección de centros» y «ha existido un equilibrio entre la educación pública y concertada, y no se ha generado ningún problema, el nuevo decreto es inútil y un intento más del Gobierno» de PP-A y Ciudadanos (Cs) «de denigrar las escuelas públicas para fomentar los negocios privados, generando un alumnado de primera y segunda y confrontando a las familias».
Así las cosas, la dirección del PSOE-A ha pedido al consejero de Educación que «saque sus manos para aplicar este tipo de políticas en la Consejería» del ramo, según ha zanjado Juan Cornejo.
Campaña a favor de la pública
Por su parte, el responsable de Coordinación interna de Podemos Andalucía y diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado este lunes a la Junta de Andalucía a realizar una campaña de publicidad para llamar a la matriculación de alumnos en los centros públicos educativos andaluces.
Esta es la primera medida incluida en una batería que presentará Adelante a lo largo de esta semana tras «la cuanto menos reprobable» actuación de Imbroda, que a 15 días de comenzar el periodo de matriculación de alumnos en los centros educativos andaluces ha realizado «una campaña a favor de la privada concertada», algo, a su juicio, es «inaudito».
García ha explicado en rueda de prensa que su partido va a presentar «una ofensiva en defensa de la educación pública en Andalucía», con una batería de medidas para defender «algo que es inherente a Andalucía, el derecho a la educación pública, que es de todos».
Desde Adelante han criticado la actuación del consejero de Educación, que «desprecia la educación pública» y «echa a competir una red con otra favoreciendo a la concertada», lo que ha advertido es una «barbaridad».
«Esta, junto a otras acciones, hace que sea el consejero de la educación privada. Podría haber sido dialogante y estar al servicio de la comunidad educativa pero es el consejero de la privada concertada», ha señalado García, quien ha afeado que Imbroda haga «propaganda de la privada» cuando es el responsable de 7.000 centros de educación pública en la Comunidad.
Al hilo de esto, ha explicado que el Ayuntamiento de Cádiz ha hecho varias campañas de impulso de la educación pública, por lo que le pueden pasar el contacto al consejero «por si no sabe hacerlas y que le explique cómo se hace».
A esto ha añadido la previsible aprobación en Consejo de Gobierno del decreto de admisión en los centros educativos andaluces, que «solo tiene el objetivo de aumentar el número de alumnos en la privada concertada», por lo que teme que esta normativa sea «un puente de plata a que más alumnos se matriculen en concertados».
