El obispo auxiliar de Valladolid es licenciado en Derecho, lector profuso y tuitero con cargas de profundidad. Y es también la voz del centro de poder de la Iglesia católica española, una organización que vive expectante, y alerta, ante el nuevo Gobierno
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, dice que éste es un Gobierno «sin conciencia ni firmeza» y el cardenal de Valencia y ex vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, que «el marxismo-comunismo renace y va a gobernar España». ¿Comparte la Iglesia el análisis de esos sus dos tan altos representantes?
Tendría que leer enteras las declaraciones. Lo que deseamos es una colaboración leal con el Gobierno en la que digamos que queremos un pacto educativo o denunciemos prácticas españolas y de la UE que dificultan la acogida de personas que huyen de sus países. La colaboración leal es también una colaboración crítica.
¿Qué preocupa y qué ilusiona a los obispos del nuevo Gobierno?
El punto de debilidad del nuevo Gobierno podría ser su gran oportunidad: favorecer de verdad un diálogo para el bien común. El diálogo que el Gobierno tiene que hacer dentro y que necesita desde sus apoyos externos se debe poder ampliar para que sea un ejercicio de razón y no una expresión de la cultura del enfrentamiento.
El obispo de Castellón, Casimiro López, opina que hay «iniciativas legislativas contrarias a la antropología y la moral cristiana». ¿Por qué se opone la Iglesia a la regulación de una ley como la de la eutanasia?
Cuando en lo económico-social vemos cómo el paradigma tecnocrático acepta que la muerte puede ser una consecuencia de las propias políticas económicas, es una buena cosa poner una línea roja ante la muerte como salida, solución a los problemas o alivio del sufrimiento, que en realidad es aniquilar al sujeto que sufre.
¿La Iglesia comparte que la eutanasia es una fórmula para ahorrar gasto sanitario, como dicen el PP y Vox?
Radicalmente no, pero en una sociedad que tiene problemas con las pensiones, eso, de manera indirecta, puede tener alguna fuerza. Pero no creo que esa sea la causa para el legislador español.
España mantiene la asignatura de Religión como evaluable al mismo nivel que las demás. La nueva ley de Educación acabará con eso y no establecerá una alternativa. ¿Hasta dónde se va a oponer la Iglesia?
Para que una asignatura tenga dignidad ha de ser como las demás. Es decir, evaluable. En una época amenazada por corrientes antihumanas, el que un elemento humanizador como el cultivo de la dimensión espiritual y religiosa esté en el currículo, es de más actualidad que nunca.
Ya, pero, si desaparece la asignatura de Religión, ¿irán a los tribunales?
La asignatura de Religión con este determinado rango está prevista en los acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Evidentemente, le diríamos al Estado español que cumpla los acuerdos.
¿El concepto de «demanda social» ha contribuido a multiplicar la escuela concertada y reducir la pública?
No. Desde tiempos de Felipe González, la ratio entre escuela pública y concertada se ha mantenido. La «demanda social» está en la exposición de motivos de la ley de eutanasia. Y, sin embargo, no se quiere tener en cuenta la demanda social para la escuela… ¿Entonces?
¿Sienten ustedes la ofensiva gubernamental hacia la concertada como un ataque a la Iglesia?
En la medida en que la mayoría de la escuela concertada en España es de iniciativa eclesial, no es que sea una acción directa contra la Iglesia, pero sí indirecta.
¿Cómo valoran el pin parental de Vox?
No nos tranquiliza mucho. Si hay motivos para que algunos padres saquen a sus hijos, no me alegro porque cinco se puedan ir, me preocupan los 20 que se quedan. Por eso le hemos dicho al Ministerio que hay que acordar propuestas que tengan que ver con los derechos humanos de la primera y segunda generación. Y poner en sombra los derechos humanos de tercera y cuarta generación, que son cómo dar carta de naturaleza a las diversidades y propuestas antropológicas en las que no hay acuerdo. Implantar criterios de igualdad, de educación afectivo-sexual, de perspectiva de género…
¿Por qué la Iglesia está de acuerdo con la segregación educativa por sexo?
La mayoría de los centros de la Iglesia son de integración.
Pero también gestiona centros de educación diferenciada.
Sí. Países escandinavos y estados del norte de América están recomendando que en determinados tramos de edad pudiera ser recomendable la diferenciación. No nos lo planteamos por fe, sino por los expertos. No hace falta tener un prejuicio negativo, sino dejar que los pedagogos dialoguen. La educación diferenciada puede ser territorio de la libertad de los centros y los padres.
Dice usted que no hay que tener prejuicio negativo hacia la educación diferenciada, pero parece que quienes los tienen para la coeducación, que es lo que los menores se van a encontrar en la vida, son quienes recomiendan la primera…
Sí, pero el que los niños se vayan a encontrar eso no quiere decir que en algún tramo de la preparación, la diferenciación no pueda ser algo valioso. Hoy, en lo que tiene que ver con la antropología, falta libertad para plantear asuntos sin que a uno le acusen de algún tipo de fobia.
¿Por qué la Iglesia española no contempla indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales, como sí hacen la de Irlanda, Australia, EEUU, Austria, Alemania, Suiza, Italia o Francia?
Ha de atenderse cada caso sin un fondo previo. No sabemos la cuantía de ese fondo, no sabemos de facto el número de personas a acompañar y supuestamente a indemnizar. La Iglesia establece una ayuda. Una persona puede necesitar una terapia. Si a eso le queremos llamar indemnización, llamémosle indemnización.
La Iglesia realiza una asistencia social innegable. ¿Teme que la revisión de la fiscalidad de la que habla el Gobierno la comprometa?
La fiscalidad de la Iglesia está regida por una normativa que la equipara a otras entidades no lucrativas. El Gobierno está en su derecho de cambiar alguna legislación fiscal que afecte a las entidades no lucrativas. Los beneficios fiscales de esas entidades reportan luego un beneficio a la sociedad. El Gobierno debe valorar eso. La Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones.
EL MUNDO informó el lunes de que el Gobierno quiere como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal al cardenal de Barcelona, Juan José Omella, un mediador entre independentistas y constitucionalistas en el conflicto catalán. Pero al otro lado de los presidenciables está el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, un perfil más conservador. ¿Por dónde van los tiros en el seno de la Iglesia?
Van con una tranquila espera de que llegue la elección. En todo caso, el que debería preguntar soy yo. ¿Cómo podéis decir que el Gobierno prefiere a Omella? Bueno, alguna fuente habrá, claro.
¿A la Conferencia Episcopal le preocupa la unidad de España?
Sí. Lo cual no quiere decir que tengamos una idea fija de cómo se organice políticamente la unidad de España. Pero pensamos que la unidad de España es un bien que se ha mantenido a lo largo de siglos. Hoy todos los procesos para dar respuesta a los desafíos del futuro deberían subrayar la unión entre los pueblos. La Iglesia favorece la cultura del encuentro.
