La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha difundido una denuncia presentada en tres fiscalías diferentes (Anticorrupción, Castilla-La Mancha y Guadalajara) por la que se acusa a la entidad de un delito de fraude de subvenciones al percibir ayudas del Ayuntamiento de Guadalajara sin acreditar que la misma tenía otros cofinanciadores, lo que habría menguado notablemente el dinero percibido. El escrito y los documentos difundidos detallan cómo la Sociedad ocultó esta información al Ayuntamiento, e incluso en el ejercicio de 2018 llegó a falsificar un certificado donde se manifestaba que la misma carecía de otras fuentes de financiación, hecho que desde la PAH destacan como una falsedad, ya que cruzando los datos que obran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones detectaron que el proyecto financiado ya se estaba subvencionando por la Diputación Provincial. Uno de los denunciantes es afectado por un desahucio el próximo 12 de marzo de 2020 en el Barrio del Alamín, que sería el cuarto intento de la entidad, que ha conseguido un auto por el que se estima desahuciarlo «provisionalmente».
Fraude de subvenciones
Según la denuncia, la SSVP habría obtenido de manera irregular las subvenciones que al menos desde 2016 viene percibiendo del Ayuntamiento de Guadalajara, mediante la ocultación en sus solicitudes de la existencia de otros financiadores, públicos o privados, algo que de acuerdo a las bases de las ayudas, debía ser informado al momento de la solicitud.
En la denuncia se destaca el caso de la subvención de 2018, donde uno de los portavoces de la entidad, Ángel García Viejo, llega a “certificar” la inexistencia de cofinanciadores, a pesar de que el proyecto por el cuál la Sociedad sería beneficiaria de la subvención- la distribución de ayudas de emergencia social en Guadalajara- ya estaba siendo financiado por la Diputación Provincial, a quien le había otorgado un coste de financiación más rebajado. En total, y desde 2016, la cifra defraudada alcanzaría al menos los 41.520 euros.
Además, la denuncia pone de manifiesto el incumplimiento que esta entidad hace de la Ley de Transparencia, ya que de acuerdo a la misma, al ser una Fundación que percibe más de 100.000 euros al año en subvenciones de la Administración, tiene la obligación de publicar en formato accesible tanto las ayudas públicas que percibe, como los patrocinios privados, que el escrito afirma que existen pero que no se publican, lo que implicaría que la cantidad defraudada sería aún mayor.
Reforma del Código Penal
En marzo de 2019 entró en vigor una importante reforma del Código Penal por el cuál se estableció una pena atenuada en el llamado delito de fraude de subvenciones, que es lo que la denuncia achaca a la Sociedad.
Dicha reforma, que vino a establecerse como trasposición de varias directivas comunitarias que alertaban de la necesidad de atajar el fraude en las subvenciones cuya cuantía no superara los 100.000 euros, marcó como un delito atenuado la percepción indebida de ayudas públicas por valores superiores a 10.000 euros.
La reforma sería aplicable según el escrito a las subvenciones percibidas al menos en 2018 y 2019, ya que en ambos casos se acordó su justificación cuando ya había entrado en vigor el nuevo Código Penal. En el resto de años, cabe la opción por parte de las administraciones afectadas hasta ahora (Ayuntamiento y Diputación Provincial) procedan a exigir el reintegro de las sumas indebidas. No obstante, las personas que firman la denuncia han anunciado que remitirán la misma a cuantas administraciones hayan otorgado ayudas públicas similares.
Desahucio y protestas el 12 de marzo
Uno de los denunciantes está afectado por cuarta vez, por un nuevo intento de desahucio en el Barrio de Operación Alamín. El Juzgado de Primera Instancia nº4 de esta ciudad ha acordado nuevamente otra fecha de desahucio, que se ha fijado para las 8:30 de la mañana del próximo 12 de marzo. Sería el cuarto intento de desahucio que, recuerdan, ha sido acordado, de manera insólita, «provisionalmente».
Nuevamente, activistas de la PAH se concentrarán desde la noche anterior en las inmediaciones del barrio, para protestar otra vez contra los desalojos en el mismo y denunciar a esta entidad como responsable de crear un ghetto en esta zona de Guadalajara.»
