Lamentan que el Ayuntamiento haya ignorado repetidamente sus requerimientos y los del Defensor del Pueblo sobre el convenio sellado con el Cabildo y haya «filtrado» el informe a los medios de comunicación
Un producto turístico creado para un monumento de talla mundial, en el que el Ayuntamiento invirtió 1,2 millones de euros, y del que “no hay papeles”. Es el resumen coloquial que ha hecho este miércoles la Plataforma Mezquita Catedral, Patrimonio de Todxs, sobre el acuerdo sellado en 2018 entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo para mantener el espectáculo nocturno en la Mezquita.
En conferencia de prensa, el portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, ha pedido la nulidad de aquel acuerdo, después de que un informe del Ayuntamiento haya certificado “el caos, la opacidad y la arbitrariedad” del mismo, y la certeza de que “ha beneficiado a la Iglesia por encima de los intereses generales”. Además, ha reclamado la puesta en marcha de una comisión de investigación que aclare qué ha pasado con “el ingente dinero público (1,2 millones de euros) invertido en el proyecto” y a dónde ha ido a parar lo obtenido por la venta de entradas entre los años 2010 y 2018, en los que el Ayuntamiento, al contrario de lo que firmó en el último acuerdo, sí tenía interés económico en este producto turístico.
Pero, más allá de las responsabilidades políticas reclamadas por la plataforma, Santiago ha criticado especialmente que el Ayuntamiento, tanto el anterior equipo de Gobierno como el actual, haya ignorado las repetidas solicitudes de información sobre el convenio, realizadas tanto por la plataforma como por el Defensor del Pueblo, y haya optado por “filtrar el informe de la asesoría jurídica” a los medios de comunicación.
Santiago ha recordado que que este colectivo ciudadano ya solicitó por escrito el expediente del acuerdo en septiembre de 2018, un mes después de haber sido firmado, y, ante el reiterado silencio municipal, pidió amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, que se dirigió hasta en tres ocasiones al anterior gobierno municipal sin obtener respuesta. Con el cambio de gobierno, según ha indicado, la cosa no ha mejorado, pues en octubre de 2019, el Defensor “se vio obligado a enviar una advertencia formal al alcalde, José María Bellido, alertando de que podría ser declarada como administración hostil y entorpecedora a la labor constitucional del organismo”.
Tras este aviso, explica la plataforma, es cuando el Ayuntamiento, “consciente ya de las serias irregularidades administrativas del acuerdo que hacían inviable sostener el espectáculo nocturno de forma legal”, decide impulsar su anulación a través del informe jurídico, que finalmente acabó, según ha indicado la plataforma, en un medio de comunicación “afín”, sin que se le hubiera comunicado ni a la plataforma ni al Defensor del Pueblo Andaluz.
