En casi todos los temas políticos y en los económicos —que normalmente son también políticos—, el discurso suele estar trufado, lleno de sofismas y añagazas. La previsión, desde luego, se cumple al cien por cien en materia de financiación pública de la Iglesia católica.
El Gobierno acaba de llegar a un acuerdo con los obispos para reformar el sistema, y todos los medios se apresuran a dar la noticia y a comentarla, pero la gran mayoría, por no decir todos —desde los más cercanos al nacional-catolicismo hasta los que se las dan de más modernos, liberales y laicos— incurren en un montón de inexactitudes, presentando la realidad de manera distorsionada.
La primera falsedad comienza cuando se quiere justificar la aportación fiscal a la Iglesia por las obras sociales que realiza, por la labor de guardián del patrimonio artístico que asume en muchas ocasiones, o por su contribución a la enseñanza religiosa. Ninguna de estas tareas se financia mediante lo que en otro tiempo se llamó aportación al culto y clero, y hoy se conoce como contribución a la Iglesia católica en el IRPF (incluyendo hasta ahora la asignación complementaria en los presupuestos generales del Estado). Estas cantidades, que en el año 2005 ascendieron a 141,5 millones de euros, se dedican únicamente al sostenimiento directo del clero y de los actos religiosos.
Los otros conceptos citados anteriormente se financian aparte y de acuerdo con los criterios generales. La Iglesia, por ejemplo, recibe subvenciones especiales del Estado, comunidades y ayuntamientos, al igual que otras organizaciones, para el sostenimiento del patrimonio artístico, y lo mismo ocurre con sus obras sociales. Cáritas es, junto con la Cruz Roja, una de las principales receptoras de los recursos destinados a las ONG. Y, por último, pero no lo menos importante, los colegios religiosos, de forma idéntica a los otros concertados, reciben financiación directa para el sostenimiento de sus respectivos presupuestos. Es más, las administraciones públicas se encargan de pagar a los profesores de Religión de todos los centros docentes. Pero nada de esto tiene que ver con la financiación pública de la Iglesia vía IRPF.
La segunda falsedad es considerar que los recursos destinados a la Iglesia católica mediante el procedimiento de señalar con una cruz la correspondiente casilla del IRPF constituye una aportación voluntaria de los contribuyentes. Aportación voluntaria sería si aquellos que no señalasen la casilla abonaran un 0,7% menos que el resto. En las condiciones actuales, todos los contribuyentes, fieles o no, creyentes o no, señalen o no la casilla respectiva, pagan lo mismo. Aquellos que colocan una cruz en la casilla no están aportando nada a la Iglesia católica, están indicando tan sólo que de aquellos recursos que aportan obligatoriamente como cualquier ciudadano a la Hacienda Pública, y que por lo tanto son ya de todos los españoles, se destine un porcentaje al sostenimiento del clero.
Los recursos que la Iglesia percibe por este procedimiento continúan siendo una subvención pública, y de igual naturaleza que si en el presupuesto apareciese una asignación expresa. La única diferencia consiste en que su cuantía es indeterminada, ya que depende de que haya más o menos contribuyentes que en su declaración así lo indiquen, y también, por qué no decirlo, de la capacidad económica de los que optan por ello. Bien entendido que tal prodigalidad es gratuita para el que la ejerce. La indeterminación, hasta ahora, era relativa porque los presupuestos complementaban la asignación si ésta resultaba insuficiente.
El sistema es nefasto porque enmascara la realidad y da una apariencia de autofinanciación que en absoluto responde a la verdad. Autofinanciación a la que la Iglesia en el último Concordato se comprometió a tender progresivamente y de la que cada día está más lejos. El procedimiento permite que los voceros mediáticos de la Iglesia se jacten de que no es el Estado el que la sostiene, sino los fieles, deformando así la realidad.
La perversidad del método no está tanto en la cuantía —es un hecho que la mayoría del clero, salvo excepciones, no vive en la opulencia— como en mantener una farsa, la de que España continúa siendo católica por el simple hecho de que muchos españoles apegados a las tradiciones conservan determinadas celebraciones: bodas, bautizos, comuniones, fiestas patronales, etcétera. No se quiere aceptar que en la mayoría de los casos estos acontecimientos tienen muy poco que ver con la religión, se trata de meros actos sociales. En la última declaración del IRPF, el número de contribuyentes que señalaron la casilla de la Iglesia ascendió al 33%. Además, ese porcentaje, a todas luces bajo, resulta aun más sorprendente si se tiene en cuenta que tal decisión no cuesta nada al contribuyente. ¿Qué ocurriría si el colocar la cruz significase pagar un 0,7% más?
No es tanto una cuestión de dinero como de poder. La jerarquía eclesiástica pretende como sea mantener ese censo teórico de creyentes, y la ficción de que la gran mayoría de los españoles continúan siendo católicos. Es esa apariencia la que fundamenta su capacidad de influencia y sus pretensiones de poder e injerencia social. El acuerdo de financiación logrado incrementa las posibilidades de continuidad de la farsa. El Gobierno sabrá lo que hace.
