A principios de diciembre del año pasado, la senadora del grupo parlamentario MORENA, y LCP. María Soledad Luévano Cantú, presentó una iniciativa que intenta modificar la relación Estado-Iglesias a través de numerosas reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La iniciativa, después de presentada y generar polémica, se envió a comisiones.
Esta iniciativa, al igual que muchos otros actos del gobierno federal, como el continuo involucramiento de algunas iglesias evangélicas en la difusión de la Cartilla Moral, pone en riesgo la consolidación del Estado laico y el principio histórico de separación Estado-Iglesias, que con mucho trabajo se ha ido construyendo en México, desde las Leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez García en 1856.
Sin embargo, para la senadora por Zacatecas; estas modificaciones quedan justificadas por los avances que la sociedad en México ha tenido en temas como los derechos humanos, convirtiéndose en una sociedad más compleja y plural; pero que en medio de grandes dificultades, México ha venido transitando hacia la construcción de una sociedad y un estado más democrático.
Para grupos como la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIOOD, representados por el Mtro. Jesús López Lobato y Neftalí Álvarez Pérez, del organismo denominado República Laica, las modificaciones contempladas en más de una veintena de articulados, encierra fines muy diferentes a los justificados por la legisladora.
A decir de Neftalí Álvarez Pérez, del organismo denominado República Laica, actualmente los servidores públicos y líderes de cultos religiosos quedan delimitados en sus funciones por los artículos 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien como quedó establecido en las leyes de reforma, estableciendo que todo aquel servidor publico debe cumplir y aplicar el carácter laico del estado.
«Algunos funcionarios lo han hecho así, han apoyado o dicho públicamente que profesan alguna religión y eso no deben hacerlo; ya lo decía Benito Juárez, el funcionario publico no debe tener religión para que pueda gobernar para todos y para que no haya discriminación y para que no polarice a la sociedad», puntualizó el abogado.
Por su parte, el representante de RIOOD, Jesús López Lobato contextualizó el concepto de laicidad entre iglesia y estado desde el aspecto histórico, «Creo que el principio histórico de separación iglesia-estado implica que para poder abordar el tema del fenómeno religioso, tanto para el gobierno en sus tres niveles, el estado en sus tres poderes, los medios de comunicación en todas sus versiones y la propia ciudadanía es poner en principio la historia con relación a lo que ya paso, lo que podría pasar y lo que está pasando, y que cada quien desde el plano, del estado laico que es un plano plural y diverso, en el cual, todas las voces deben llegar en plan de igualdad y defender sus derechos, haciendo uso de sus mecanismos que la propia constitución y las leyes, les reconocen y lo dije en la rueda de prensa y lo repito, tanto el clericalismo va para el catolicismo, va para el protestantismo o las iglesias evangélicas; que no haya ni preferencias a partir de la pertenencia ni a partir de la pertenencia ni de la identidad que se asuma de manera voluntaria, el estado debe mantenerse neutral con relación a los asuntos que le son propios y debe mantener un espacio de libertad, en pie de igualdad para todas las voces que quieran llegar y defender lo que ellas en su agenda tengan que defender, lo que no implica que tengan que imponer su visión de la realidad y que los medios tampoco la tengan que sesgar, ya que en ocasiones hay connivencias y en ocasiones se editan las noticias y apagan agendas que debieran ser socializadas, básicamente lo que pretende el estado es eso, que no se oculte lo que se tenga que estar publicando y en este caso, menos la actuación del estado que tiene una gran responsabilidad».
Señalaron conjuntamente que en la actualidad existen diversas irregularidades en torno a la participación de los grupos religiosos con amplia presencia y actividad mediática, situación que se puede considerar al margen de la ley, estaciones radiofónicas y televisivas que fomentan el culto abiertamente, y en otros casos como el expuesto por el académico universitario, Jaime Hernández Ortiz, es el propio ejecutivo federal quien utiliza a grupos religiosos para «negociar» su participación en medios masivos de comunicación, «Hace casi un año, el 14 de enero del 2019, Andrés Manuel López Obrador ordenó la difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, como `un primer paso` para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad».
Considerado un texto conservador, este documento se centra en una docena de temas y correspondió a grupos evangélicos distribuirla, casa por casa y puerta por puerta, sin llamar la atención ni de las personas simpatizantes o seguidores de López Obrador. La Cartilla moral, es solo el inicio de trabajos para tratar de crear una Constitución Moral, ya que esta pretensión es y será una de las tareas fundacionales de la Cuarta Transformación (4T).
Lo cual, de llevarse a cabo esas modificaciones propuestas en el documento, el fanatismo, los intereses intrínsecos de las asociaciones religiosas y los poderes detrás de los dogmas, gestarían otro movimiento polarizado como sucedió en el siglo pasado en México, cuando la llamada Guerra Cristera o quizá algo peor, concluyeron.
Enterese de todos los cambios pretendidos en el documento completo, Anexo link del documento completo: AQUÍ
