La Iglesia católica y el Estado español estuvieron atados durante mucho tiempo de nuestra historia contemporánea por estrechos lazos ceremoniales y el legado que de ello queda es todavía considerable.
Se suele atribuir esa herencia a la larga época de privilegios institucionales que la Iglesia tuvo durante la dictadura de Franco, pero su origen y fundamentos básicos se encuentran en el sistema político de la Restauración borbónica. En realidad, sólo la Segunda República dio una batalla a esa presencia de manifestaciones religiosas en la sociedad civil. Durante el período de gestación de la democracia actual, los políticos no quisieron que ese tema turbase la necesaria estabilidad para llevar a cabo la transición e hicieron a la Iglesia católica importantes concesiones. Y aunque la Iglesia no es, treinta años después, una amenaza real para el régimen constitucional y la sociedad española es ahora mucho más diversa y plural, los símbolos de la religión católica todavía se exponen públicamente en algunas ceremonias políticas.
El artículo 11 de la Constitución de 1876, la de más larga duración de la historia de España, plasmó un reconocimiento explícito del catolicismo como religión oficial del Estado. Entre esa Constitución de 1876 y la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, la Restauración borbónica presidió un auténtico renacimiento católico, tras los efectos de las desamortizaciones y de las revoluciones liberales del siglo XIX, y abrió nuevos caminos de poder e influencia social a la Iglesia. Los poderes políticos, con el rey a la cabeza, repartían honores a las instituciones eclesiásticas y los símbolos religiosos penetraron en todas las ceremonias de la administración civil y militar. De los primeros años del siglo XX procede el culto masivo a la Virgen del Pilar y al Corazón de Jesús, dos emblemas de la religiosidad popular española. Fue Alfonso XIII quien mandó erigir en 1919 el majestuoso monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Dos años antes, en 1917, el mismo monarca había declarado el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, fiesta nacional, símbolo de la "hispanidad" y de la unidad católica.
Con la llegada de la República, se abrió un abismo entre dos mundos culturales antagónicos, el de los católicos practicantes y el de los anticlericales convencidos, y salió también a la luz una enconada lucha, de fuerte carga emocional, por los símbolos religiosos. La Marcha real, que durante la Monarquía se escuchaba en las misas oficiales en el momento de la consagración, pasó a considerarse una de las señas de identidad de la reacción, una provocación, igual que todas las manifestaciones religiosas. La retirada de los crucifijos en las escuelas provocó lloros en muchos pueblos de España. Otros protestaron por la supresión de las procesiones. Así de estrecha era la identificación entre el orden y la religión, la monarquía y la política autoritaria de derechas.
Esa simbiosis entre la religión y la política se consumó con la sublevación militar de julio de 1936 y antes de que la jerarquía de la Iglesia católica convirtiera oficialmente el asalto al poder en cruzada, las ceremonias político-religiosas se extendieron por toda la España controlada por los militares que se habían sublevado contra la República. Especial carga simbólica tuvieron los innumerables actos de "reposición" y "regreso" de los crucifijos a las escuelas en los comienzos de aquel curso escolar de 1936-37. La abolición de la legislación republicana y la reposición de la España tradicional se daban la mano con los niños como testigos. Tras la victoria de las tropas de Franco en abril de 1939, los ritos y las manifestaciones litúrgicas llenaron las calles de pueblos y ciudades. La Iglesia y la religión católica lo inundaron todo: la enseñanza, las costumbres, la administración y los centros de poder.
Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en el sistema educativo, en los aparatos de propaganda, en los medios de comunicación y en la presencia de los ritos y símbolos religiosos en las ceremonias públicas.
A la democracia que siguió a la larga dictadura no le resultó fácil deshacer ese legado de fuertes vínculos entre el poder civil y el eclesiástico. Los acuerdos firmados desde 1976 a 1979 entre los primeros gobiernos de la transición, presididos por Adolfo Suárez, y el Vaticano, que tuvieron a la educación y a la protección de las finanzas de la Iglesia como principales focos de conflicto, determinaron el marco jurídico que la Iglesia católica iba a tener dentro del Estado democrático. La democracia y sus órganos de poder dieron a partir de ese momento a la Iglesia un trato exquisito. Nadie puso objeciones a que los ritos de la liturgia católica estuvieran presentes en los actos públicos de las nuevas instituciones democráticas
Aunque la Constitución de 1978 estableció que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", persisten en la actualidad ceremonias religioso-patrióticas a las que asiste el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, como ya habían hecho antes su bisabuelo Alfonso XII, su abuelo Alfonso XIII y el general Franco; las autoridades políticas participan oficialmente en procesiones religiosas; la Iglesia católica nombra capellanes castrenses y profesores de religión, que paga el Estado; y el crucifijo preside todavía la toma de posesión de los ministros de la democracia. El peso del catolicismo como religión única está presente incluso en la reciente Ley de Memoria Histórica y en su intento por preservar las inscripciones de los mártires de la Cruzada en las iglesias. Un Estado constitucionalmente aconfesional sigue concediendo, en suma, un trato especial y privilegiado a la Iglesia católica, al que en absoluto tienen acceso los restantes credos religiosos.
La mayoría de esos ritos adquirieron un profundo carácter político en otros tiempos, cuando la Iglesia católica se consideraba fuente de verdad absoluta y el catolicismo como única religión de los españoles. Los ritos religiosos tienen un significado individual, cultural y social, se eligen de forma libre, pero no deberían estar presentes en la política de un Estado democrático y aconfesional. El lugar apropiado para esos símbolos es la iglesia, la de cada uno, y no el trabajo, la escuela o el espacio público.
En una sociedad plural, con diferentes religiones y muchos ciudadanos que no profesan ninguna, las instituciones públicas deberían permanecer al margen de la religión. Las sociedades caracterizadas por el pluralismo cultural están también marcadas por el pluralismo ritual y son el Estado y sus poderes quienes deben resolver los posibles conflictos. Cuando una de esas religiones anhela principios uniformes y niega la libre elección, lo que hace es desafiar a la Constitución y estimular el fundamentalismo, la antítesis de esta convivencia plural que estamos construyendo.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
